Doctor en Sociología D. Enrique F. Area Sacristan

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Doctor D. Enrique Area Sacristan

Antecedentes de la profesionalización

E-mail Imprimir
La investigación del Servicio Militar , como afirmé en mi trabajo "Los procesos de la Defensa en la Región Militar Pirenaico-Occidental" tiene un carácter interdisciplinario, dado que la problemática en torno al mismo abarca, para comprenderlo, de materias de distinta naturaleza: sociológicas, históricas, políticas, económicas, jurídicas, etc. Durante el último decenio del s.XX, hemos tenido que enfrentarnos a una serie de circunstancias, altamente debatidas en todos los terrenos respecto al modelo de Servicio Militar a adoptar. El éxito o el fracaso obtenido en los primeros años de vigencia de nuevo Servicio Militar lo valoraremos más adelante, teniendo presente que , posiblemente aún sea muy temprano para realizar una valoración real y científica del mismo por el poco tiempo transcurrido. En realidad se trata de saber si ese modelo  tiene la posibilidad de instaurarse en la Sociedad, cumpliendo con los objetivos estratégicos de la Institución.

La valoración del rendimiento del soldado forzoso en comparación con el nuevo profesional de tropa será uno de los puntos a tratar.

La garantía de la Defensa y seguridad de los Estados frente a agresiones del exterior ya no depende exclusivamente de los Estados-Nación, sino de organizaciones Armadas internacionales o, en todo caso, de alianzas políticas internacionales. Es decir, parte de la Defensa ha sido cedida a organizaciones de carácter transnacional, aunque se mantienen con una vigencia relativa los Ejércitos nacionales de los antiguos Estados-Nación de Europa.

El Servicio Militar, según Ignacio Cosidó, es solo un factor de la organización de los Ejércitos que se refiere al reclutamiento, formación y utilización de las clases de tropa. Las responsabilidades políticas adquiridas en el ámbito internacional fue, quizás, lo que obligó a tomar una  decisión precipitada de la profesionalización de las clases de tropa, unido a unos altos porcentajes de objeción e insumisión que fueron especialmente altos en los años 90 en aquellas Comunidades autónomas donde estaba más arraigado el nacionalismo excluyente.

Siguiendo a este último autor, vamos a resumir las características del Servicio Militar Obligatorio.

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

El Servicio Militar obligatorio nace como consecuencia y causa de las Naciones-Estado modernos en el siglo XIX, siendo su característica más importante la obligatoriedad de realizar este servicio durante un determinado periodo de tiempo y en la inexistencia de profesionales entre las clases de tropa. Hoy en día este modelo ha entrado en crisis, adoptándose un modelo mixto de reclutamiento que incorpora contingentes de soldados profesionales. En el caso de España, ya existían en la década de los 90, en determinadas Unidades, soldados profesionales.

En la Constitución española se parte del concepto jurídico de que el servicio militar es un derecho y un deber u obligación de todo ciudadano, donde estaban excluidas las mujeres; situación que se modificó de facto y realmente con la entrada en vigor de la profesionalización del mismo en el año 2000.

En la práctica, siguiendo las tesis de este autor, ha existido un distanciamiento entre el espíritu del principio y la realidad social que tiende a verlo como una imposición. Este distanciamiento no parece haberse eliminado ni con la reducción de efectivos en los Ejércitos ni con las asignaciones presupuestarias del Ministerio dedicadas a la remuneración de las clases de tropa; lo que puede indicar un distanciamiento entre la Sociedad Civil y Militar, bien sea por las escasas remuneraciones que percibe el personal de tropa, bien por causas históricas no superadas.

Acogerse al derecho de objeción de conciencia con la realización, en lugar del Servicio Militar, de la Prestación Social Sustitutoria agravó el problema de reclutamiento forzoso en esta década debido al incumplimiento de la citada prestación por motivos de una mala gestión de estos recursos humanos que carecían, a fin y a la postre de toda obligación de servir a la Patria en cualquiera de sus modalidades. No existían trabas administrativas o gravámenes desencentivizadores que sometieran a los objetores y quien se declaraba como tal quedaba exento de realizar el Servicio Militar u otro de diferentes características.

Este Servicio Militar obligatorio cumplía, al menos, una triple función: formar un Ejército con unidades permanentes, capacitar a la totalidad de la población a participar en la Defensa común e integrar y adoctrinar al personal que pasa por filas en determinados valores comunes.

En relación a los medios, continua este autor afirmando que los ahorros que se consiguen en la remuneración de personal con respecto al reclutamiento estrictamente voluntario permiten equipar a un mayor número de hombres con un equipo aceptable. Frente a esta argumentación, los defensores del Servicio Militar voluntario, apunta, argumentan que resulta imposible hoy en día armar adecuadamente a grandes Ejércitos de masas.

Sea lo que fuere, se reproduce un estudio sobre el proceso de profesionalización realizado por Carlos Navajas Zubeldia, en las fechas en que se encontraba en plena discusión política:

"Para nuestra mejor defensa". La profesionalización de las fuerzas armadas españolas, (1996-1998)[*]CARLOS NAVAJAS ZUBELDIA, Instituto de Estudios Riojanos. Logroño.

 


 

La supresión del Servicio Militar Obligatorio (SMO)[1] en tiempo de paz fue pactada por el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) en abril de 1996, aunque los miembros del primer partido suelen obviar este origen de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, trasladándolo al discurso de investidura pronunciado por José María Aznar en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo del mismo año[2]. No obstante, en su programa electoral el PP se mostraba favorable al modelo mixto de Fuerzas Armadas (establecido en 1991), si bien proponía incrementar el número de soldados y marineros profesionales hasta alcanzar los 70.000 en el plazo máximo de dos legislaturas y profesionalizar completamente la Armada, el Ejército del Aire y la Fuerza de Acción Rápida. Asimismo, pretendía reducir la duración del SMO hasta los seis meses e incrementar la retribución de la tropa de reemplazo hasta alcanzar gradualmente el 50% del salario mínimo interprofesional. A la inversa, CiU proponía efectivamente la supresión del SMO en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996 y el establecimiento de unas Fuerzas Armadas profesionales de 90.000 efectivos como máximo. Por su parte, el entonces partido en el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), seguía defendiendo el modelo mixto de Fuerzas Armadas, que en el año 2000 estarían constituidas por 180.000 efectivos, de los cuales el 50% serían profesionales[3]. Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996 trastocaron las previsiones de unos y otros, en particular del Partido Popular[4].

Un mes y medio después de la celebración de las elecciones legislativas, concretamente el 17 de abril, la prensa publicó que el PP y CiU habían acordado profesionalizar totalmente las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, suprimir el SMO. Aunque ambos partidos no establecieron inicialmente un plazo fijo para alcanzar dicho objetivo, entendían que se necesitarían seis años para ponerlo en práctica. Por su parte, el PP quería que la transformación del modelo mixto en otro profesional fuera el resultado del acuerdo de todos los partidos políticos y no sólo de los que apoyaran al previsible Gobierno popular[5]. Pero, el mismo día, José María Aznar estableció una condición para la profesionalización de las Fuerzas Armadas: las disponibilidades económicas y financieras, que no van a dar para mucho[6]. El 24 de abril, el PP y CiU llegaron a un preacuerdo de investidura que, en uno de sus puntos, establecía la supresión del SMO en el año 2001[7]. El Acuerdo de investidura y gobernabilidad suscrito por ambos partidos políticos perseguía entre otros un objetivo específico relacionado con el servicio militar: El objetivo en el ámbito de la Defensa es conseguir unas fuerzas armadas que otorguen al Estado en el contexto de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea una auténtica capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de defenderse frente a una agresión. Las fuerzas armadas que España necesita deben ser flexibles, polivalentes, móviles, operativas y eficaces. En este planteamiento se enmarca el proceso de adaptación del servicio militar a estas exigencias de seguridad que se traduce, necesariamente, en una profesionalización progresiva hasta completar un modelo de fuerzas armadas totalmente profesional. El apartado 11.9, Servicio militar, del acuerdo proseguía afirmando: El actual modelo mixto se transformaría así gradualmente en uno profesional que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio. Por último, el PP y CiU aseveraban en el último párrafo del apartado citado: A tal efecto, PP y CiU acuerdan proponer la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Defensa para que, en un plazo no superior a un año, establezca la fórmula y plazos para conseguir la supresión del servicio militar obligatorio teniendo muy presentes las razones económicas y presupuestarias que lleva aparejada esta medida. En este proceso de modernización de las fuerzas armadas, similar al emprendido en otros países de la Unión Europea, se intentará buscar el máximo apoyo parlamentario posible. El plazo de consecución de este modelo profesional será el del año 2001, siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa[8]. Como se puede observar, en el apartado sobre el servicio militar del acuerdo se afirmaba implícitamente que las Fuerzas Armadas españolas carecían de una capacidad disuasoria efectiva. Además, seguían estando muy presentes las necesidades presupuestarias (más que económicas) en el proceso de profesionalización de los Ejércitos. Precisamente, el hecho de que la política de defensa sea una política de Estado y que el paso del modelo mixto al profesional vaya a durar más de una legislatura -la actual finaliza teóricamente en el año 2000- exigen que la profesionalización de las Fuerzas Armadas sea el resultado del acuerdo de al menos los dos mayores partidos políticos del país[9]. Por último, en el texto del acuerdo no se decía nada de un aspecto fundamental del problema: los efectivos de las futuras Fuerzas Armadas profesionales, de cuyo número dependerá lógicamente el coste del nuevo modelo. Este silencio es especialmente llamativo porque, como hemos visto más arriba, CiU proponía en su programa electoral que el Ejército profesional tuviera como máximo 90.000 miembros. Por el contrario, el Gobierno contempló en un principio unas Fuerzas Armadas profesionales integradas por 150.000 hombres y mujeres, como veremos más adelante.

A pesar de la firma de este acuerdo, en la declaración programática leída por el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, tras la primera reunión del Consejo de Ministros, se afirmaba: El Gobierno fortalecerá la defensa nacional en sus distintas dimensiones e impulsará la sustitución del actual modelo mixto de las Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional. Favorecerá asimismo la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz y expresa su pleno apoyo a las actualmente presentes en Bosnia[10]. La utilización de algunas expresiones dotadas de una cierta vaguedad (fortalecer, impulsar, favorecer) en esta declaración arrojaban, y siguen haciéndolo en la actualidad, alguna sombra acerca de las intenciones reales y sobre todo de los resultados finales de la política de defensa del nuevo Gobierno, que unidas a las limitaciones presupuestarias, podrían dar como resultado un Ejército profesional, pero relativamente ineficaz.

El 18 de febrero de 1997, el subsecretario del Ministerio de Defensa, Adolfo Menéndez, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Santiago Valderas, y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y ex director general de Personal del Ministerio de Defensa, Juan Antonio Lombo, inauguraron la ronda de comparecencias ante la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas[11], que, sin embargo, se desarrollaron, como lo han hecho las demás, a puerta cerrada, a pesar de que todos los grupos políticos representados en la Comisión estaban de acuerdo en que el debate sobre el futuro modelo de Fuerzas Armadas se debía trasladar al resto de una sociedad, que se caracteriza por una supuesta falta de conciencia acerca de la defensa nacional[12].

 

1. La directiva de defensa nacional 1/96

A pesar de que, como acabamos de decir, una de las características de la sociedad española actual es su hipotética falta de conciencia acerca de la defensa nacional[13], el presidente del Gobierno decidió clasificar inicialmente como reservada la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/96, esto es, el documento que define la política de defensa del ejecutivo, para evitar su conocimiento público y en contra de lo que hizo el anterior presidente del mismo, Felipe González, en 1992, cuando se decidió por primera vez difundir la DDN vigente hasta 1996. La clasificación inicial como documento reservado no estaba justificada porque, entre otras razones, es, como decía Miguel González, periodista de El País experto en asuntos defensivos, y como veremos a continuación, una mera declaración de principios y grandes directrices[14]. Sin embargo, el Consejo de Ministros del 28 de febrero acordó finalmente su desclasificación[15].

La DDN 1/96 consta de cinco apartados: preámbulo, objetivos de la política de defensa, directrices para el desarrollo de la política de defensa, recursos presupuestarios y disposiciones finales. En lo que se refiere a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que es lo que aquí y ahora nos interesa en particular, la Directiva es notablemente parca, pues en el preámbulo se afirma que la plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas constituye un instrumento para incrementar el grado de disponibilidad operativa y la eficacia de las unidades militares, lo cual no es necesariamente cierto, como se verá a lo largo de este escrito, pues la operatividad y eficacia de los Ejércitos no es sólo la consecuencia de su profesionalización o, dicho de otra manera, ésta es la condición necesaria, pero no suficiente, de la modernización de las Fuerzas Armadas españolas. Las directrices para el desarrollo de la política de defensa son tres: consolidar la participación de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, mejorar la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, y conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de Defensa. La segunda consta, a su vez, de siete epígrafes, el tercero de los cuales se refiere a la profesionalización de los Ejércitos: Se desarrollará un programa específico de profesionalización gradual de los efectivos de tropa y marinería y otro paralelo para la reducción de los efectivos de reemplazo. A la vez, se promoverán medidas para incentivar la realización del servicio militar obligatorio durante la etapa de transición que se prolongará a lo largo de los próximos seis años, hasta su completa desaparición; incentivos que hasta la fecha no se han concretado en nada. En cuanto a los recursos presupuestarios, la DDN afirma que se promoverá una nueva Ley de Dotaciones Presupuestarias para la modernización de las Fuerzas Armadas, que se asentará sobre bases realistas[16]. Esta afirmación se puede interpretrar implícitamente como una crítica al objetivo establecido en la anterior DDN de que el presupuesto del Ministerio de Defensa equivaliera al 2% del PIB e involuntariamente, por supuesto, al cuarto escenario de profesionalización establecido por el propio Ministerio, cuyo coste representaría el 2,01% del PIB y que, por consiguiente, habría que calificarlo de utópico[17].

Entre los objetivos de la política de defensa figura en tercer lugar el de Conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a las necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles. A su vez, el apartado a) de la tercera directriz para el desarrollo de la política de defensa dice: Se promoverá a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la organización y política de la defensa, y de la función de los Ejércitos, para así fomentar el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa[18].

2. El precio de la libertad. El problema del coste de la profesionalización de las Fuerzas Armadas

La profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas presenta en especial un problema: el de su coste. El problema de la financiación fue subrayado por los mandos militares, quienes alegaban que el proceso de profesionalización sólo podría aplicarse por medio de un incremento sustancial del presupuesto del Ministerio de Defensa, que, sin embargo, era -y sigue siéndolo- difícilmente compatible con la reducción del déficit público y con la distribución actual del gasto público[19].

El problema del coste ha dado lugar a una auténtica guerra de cifras. Inicialmente se filtró que la profesionalización de unas Fuerzas Armadas de 150.000 efectivos tendría un coste adicional de 48.000 o 50.000 millones de pesetas anuales o un 5% del presupuesto de 1995[20]. No obstante, el coste total tenía que ser forzosamente mayor, pues en el mismo había que contabilizar no sólo el incremento de los gastos de personal, sino también los de material, siempre y cuando se quisiera tener unas Fuerzas Armadas profesionales y eficientes[21]. En efecto, según fuentes del propio Ministerio de Defensa, el coste adicional mínimo del nuevo modelo de Fuerzas Armadas sería de 100.000 millones de pesetas anuales, pues, aunque sólo las retribuciones superarían dicha cantidad, se estimaba que podría ahorrarse en manutención y uniformes. Sin embargo, a juicio de otras fuentes, el coste tendría que ser el doble que el anterior, esto es, de 200.000 millones de pesetas anuales, pues las mismas consideraban que los salarios que estaban sirviendo de base para la realización de estos cálculos (cerca de 1,5 millones de pesetas anuales de media) no eran realistas ni competitivos. Asimismo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas exigiría incrementar los gastos de material -como decíamos anteriormente-, por lo que el Ministerio de Defensa quería que su presupuesto pasara del 1,1% del PIB hasta el 1,5%, es decir, 300.000 millones de pesetas anuales más que en 1996[22].

Por el contrario, las cifras incluidas en un informe confidencial de la Secretaría de Estado de Administración Militar de 19 de febrero de 1992 no casan con las anteriores. Así, dicho informe decía en uno de sus pasajes: La posibilidad de mantener unas Fuerzas Armadas de 170.000/180.000 efectivos con unos niveles de eficacia similares a los de los Ejércitos más modernos, requiere aplicar un esfuerzo presupuestario que tienda hacia el 2% del PIB. En el supuesto de que ello no fuera viable, habría que reconsiderar una vez más la entidad de nuestras Fuerzas Armadas y si, por ejemplo, el presupuesto se mantuviera únicamente en torno al 1,4% del PIB, como en el presente ejercicio, habría que someter al Parlamento la propuesta de rebajar el personal militar a una entidad en torno a 120.000/130.000 efectivos. Además, hay que tener presente que de los 130.000 hombres, 61.000 habrían sido soldados de reemplazo, por lo que es difícilmente imaginable que con el 1,5% del PIB se pudieran sostener unas Fuerzas Armadas absolutamente profesionales de 150.000 efectivos[23].

A esta guerra de cifras sobre el coste adicional de la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, se sumó el propio ministro de Defensa del Gobierno popular, Eduardo Serra[24], a finales de 1996, cuando dijo que sería tan sólo de 150.000 millones de pesetas, cantidad que, sin embargo, dependería de la alternativa que eligiera la comisión parlamentaria encargada de estudiar dicho proceso[25].

Sin embargo, sólo un día después de que hiciera estas declaraciones, el mismo ministro presentó ante los medios de comunicación un estudio hecho por su Departamento sobre el coste de la profesionalización que contradecía la cifra anterior[26]. En efecto, en este informe se contemplaban básicamente cuatro escenarios o modelos, que, clasificados por orden creciente de su coste, son los siguientes: primero, unas Fuerzas Armadas integradas por 100.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido a partes iguales (50%-50%) entre gastos de personal y material, y cuyo coste fuera de 1,16 billones de pesetas (1,48% del PIB)[27]; segundo, unas Fuerzas Armadas integradas por 130.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido también a partes iguales entre gastos de personal y material, y cuyo coste fuera de 1,26 billones de pesetas (1,61% del PIB); tercero, unas Fuerzas Armadas integradas por 100.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido entre un 60% de gastos de material y un 40% de gastos de personal, y cuyo coste fuera 1,45 billones de pesetas (1,86% del PIB); y cuarto, unas Fuerzas Armadas integradas por 130.000 soldados y marineros profesionales, con un presupuesto distribuido de la misma manera que en el escenario anterior (60% de gastos de material por 40% de gastos de personal), y cuyo coste fuera de 1,57 billones de pesetas (2,01% del PIB). Por consiguiente, el coste adicional de unas Fuerzas Armadas profesionales y más o menos modernas podría oscilar entre 290.000 y 700.000 millones anuales más que en 1997, cuyo presupuesto fue de 870.000 millones de pesetas (ver los gráficos 1 y 2)[28]. A todo ello hay que añadir que la relación gasto/efectivo del primer modelo sería de 7,7 millones de pesetas por efectivo; la del segundo, 7 millones; la del tercero, 9,66 millones; y la del cuarto, 8,72 millones de pesetas[29].


El presupuesto del Ministerio de Defensa (1976-1998)

hn030701
Gráfico nº 1


Fuentes: PÉREZ MUINELO, Francisco, Panorámica del presupuesto de defensa en España. 1946-1996, Madrid, INCIPE, 1996, p. 37, cuadro nº 8; Presupuesto con crecimiento cero, Revista Española de Defensa, nº 105, noviembre 1996, pp. 6-11; y Un presupuesto acorde con la política de defensa, Revista Española de Defensa, nº 116, octubre 1997, pp. 6-9. Elaboración propia.


El coste de los cuatro modelos de FAS profesionales

hn030702

Gráfico nº 2


Fuente: Defensa necesita al menos 290.000 millones anuales más para profesionalizar el Ejército, El País, 10/12/1996, p. 19. Elaboración propia.
 

Fuente: Defensa necesita al menos 290.000 millones anuales más para profesionalizar el Ejército, El País, 10/12/1996, p. 19. Elaboración propia.

Este informe ha suscitado la crítica pública de algunos expertos del campo de estudios sobre las Fuerzas Armadas y la Sociedad. Así, según Vicenç Fisas, El incremento de los gastos de personal está razonablemente explicado en el informe del Ministerio de Defensa, pero no así los de material, que obedecen a una simple regla matemática (multiplicar por 1,5 el coste del personal). Fisas criticaba también el número de efectivos de las Fuerzas Armadas profesionales futuribles: este modelo, con su elevado coste, obedece a una obcecación todavía no argumentada, cual es el querer disponer de un macroejército de 150.000 o 180.000 efectivos, sin que nadie haya justificado la necesidad de disponer de tamaño ejército. ¿Por qué 180.000 y no 84.000 o 50.000 o cualquier otra cantidad más modesta?. En pocas palabras, Fisas concluía que el nuevo Ejército profesional sería gigante, carísimo y ofensivo[30].

Por su parte, Antonio Sánchez-Gijón, un periodista experto en asuntos estratégicos, estimaba que los modelos integrados por 150.000 efectivos requerirían de un presupuesto de 13.500 millones de dólares (1.977.210 millones de pesetas), si se quería alcanzar la relación holandesa de gasto/efectivo, o de 11.550 millones de dólares (1.691.613 millones de pesetas), en el caso de que se pretendiera conseguir la proporción francesa[31]. Esto es, con arreglo a este autor, el coste de unas Fuerzas Armadas de 150.000 efectivos sería sensiblemente superior al estimado por el Ministerio de Defensa. Por ello, no es de extrañar que Sánchez-Gijón se haga la siguiente pregunta: ¿la sociedad española está dispuesta a aumentar el gasto de defensa en un 110 o un 120 por cien para alcanzar aquellos ratios, con unos efectivos, no ya de 180.000 sino de 150.000, gastando el tres por cien o más del PIB?[32]. Es preciso observar que, conforme a las cifras facilitadas por este autor, el coste de cada efectivo de las Fuerzas Armadas holandesas es de 13,18 millones de pesetas y el de cada hombre o mujer de los Ejércitos franceses de 11,27 millones.

Volviendo al ministro de Defensa, en su comparecencia del 30 de septiembre del año pasado ante la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, Eduardo Serra evaluó el coste de unas Fuerzas Armadas profesionales, integradas por 50.000 cuadros de mandos y 120.000 soldados y marineros profesionales -de los que nada más y nada menos que 80.000 corresponderían al Ejército de Tierra, 22.000 al del Aire, y 18.000 a la Armada- y con una relación de 50% a 50% entre los gastos de personal y los de material, en 1.208.000 millones de pesetas, esto es, el 1,53% del PIB[33]. Sin embargo, según el director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Jesús María Pérez Esteban, y el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Alejandro Muñoz-Alonso, el presupuesto del Ministerio de Defensa equivaldrá tan sólo al 1,3% del PIB en el año 2003, esto es, con arreglo al primero de ellos el presupuesto pasaría de 869.000 millones de pesetas en 1997 a otro de 1.151.000 pesetas, aproximadamente, en 2003 (282.000 millones más)[34].

3. El problema de la tasa de encuadramiento de las Fuerzas armadas profesionales

En los cuatro escenarios se contempla un número idéntico de mandos: 50.000, que, según el ministro, sería una proporción correcta, debido a la creciente tecnificación armamentística[35]. En el caso de que las Fuerzas Armadas profesionales fueran de 100.000 hombres, la tasa de encuadramiento sería del 33,3% y en el supuesto de que estuvieran integradas por 130.000 efectivos, del 27,7%. A título ilustrativo, hemos de añadir que en 1996 la tasa de encuadramiento era del 23,03% y que la que se preveía en el modelo FAS 2000 era del 27,62%[36]. No obstante, en 1992 las tasas de encuadramiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas eran respectivamente del 55% y del 49,6%[37], por lo que podemos concluir provisionalmente que las tasas previstas para las Fuerzas Armadas profesionales españolas son claramente bajas en comparación con las que acabamos de citar de dos de los Ejércitos más característicos dentro del modelo profesional (véase el gráfico 3).

Las tasas de encuadramiento en España, Reino Unido y Estados Unidos

hn030703
Gráfico nº 3


Fuente: Defensa necesita al menos 290.000 millones anuales más para profesionalizar el Ejército, El País, 10/12/1996, p. 19 y Livre Blanc sur la Défense. 1994, Paris, La documentation Française, 1994, pp. 138 y 147. Elaboración propia.

Por su parte, la Oficina Presupuestaria, dirigida por José Barea, abogaba en un informe fechado el 27 de enero de 1997 por mantener la tasa de encuadramiento existente a principios del año pasado (27,63%), lo que provocó la reacción del ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien dijo acertadamente que La tasa de encuadramiento no puede ser la misma en el modelo actual que en un Ejército plenamente profesional[38]; pero, tampoco puede ser la propuesta por el Gobierno.

En efecto, la tasa de encuadramiento del modelo de Fuerzas Armadas aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de mayo de este año, que constará de 150.000- 170.000 efectivos y que se podría etiquetar como el modelo gubernamental, oscilará entre el 33,33% y 29,41%, respectivamente. Por su parte, el principal partido de la oposición, el PSOE, ha propuesto también su propio modelo de Fuerzas Armadas profesionales, que podríamos denominarlo como el modelo socialista, cuya tasa de encuadramiento, que es del 35,71%, es también insuficiente, aunque mejor que la del modelo propuesto por el Gobierno y sus socios parlamentarios (CiU, PNV y CC)[39].

Unas tasas de encuadramiento equivalentes a las de los Ejércitos estadounidense o británico, sólo se podrían alcanzar por dos (o tres) medios: incrementando el número de mandos o reduciendo el número de soldados (o por medio de una combinación de ambos). En el caso de que no se quiera incrementar el número de mandos y se pretenda tener una tasa del 55%, el número de soldados debería ser de 41.000 aproximadamente y, en consecuencia, el total de Fuerzas Armadas de 91.000 efectivos, y en el supuesto de que la tasa de encuadramiento fuera del 49,6%, el número de soldados tendría que ser aproximadamente de 51.000 y, por lo tanto, el total de Fuerzas Armadas de 101.000 efectivos. Como veremos más adelante, tanto en un caso (91.000) como en otro (101.000) el número de efectivos dista considerablemente del propuesto por el Gobierno y el PSOE, pero no del defendido originariamente por CiU en su programa electoral y por otros partidos políticos[40].

Con arreglo a la ratio holandesa de gasto-efectivo, unas Fuerzas Armadas de 91.000 efectivos costarían 1.199.380 millones de pesetas y otras de 101.000 efectivos, 1.331.180 millones de pesetas. Conforme a la ratio francesa, el coste de las primeras sería de 1.025.570 millones de pesetas y de las segundas de 1.138.270 millones de pesetas. Es decir, entre 128.141 millones de pesetas y 433.751 millones más que el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa para 1998, que es de 897.429 millones de pesetas.

4. El problema de la transición del modelo mixto al profesional: la objeción de conciencia y la insumición

Además del problema del coste, habría que citar el de la transición del modelo mixto al profesional. Así, el acuerdo entre el PP y CiU para suprimir el SMO ocasionó un incremento notable en el número de objetores[41]. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno pretendiera incentivar inicialmente el cumplimiento del servicio militar y reducir su duración a tan sólo seis meses hacia el final de esta legislatura[42] o que el líder de CiU, Jordi Pujol, pidiera que la transición de un modelo a otro, que es la fase más delicada de todo el proceso, se haga lo más rápidamente posible[43].En efecto, la evolución del número de objetores fue espectacular en 1996 y, sobre todo, en 1997. El año pasado 127.304 jóvenes se declararon objetores de conciencia, lo que constituye ciertamente un récord histórico (véase el gráfico 4)[44].

La objeción de conciencia en España (1985-1997)

hn030704
Gráfico nº 4


Fuente: PP, CiU y CC proponen criminalizar la objeción de conveniencia’, El País, 17/2/1998, p. 19. Elaboración propia.

La barrera de los cien mil objetores se superó en octubre de 1997, lo que, según el Ministerio de Defensa, significaba que la objeción estaba fuera de todo control y que su evolución futura resultaba totalmente imprevisible. No obstante, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, declaró que es verdad que la objeción aumenta, pero también que hay mucho coro a favor de la objeción, se habla mucho de los objetores y poco de cuántos van a hacer el servicio militar[45]. Sin embargo, es probable que el espectacular incremento del número de objetores -como consecuencia del cual y del proceso de profesionalización este año va a haber más objetores realizando la Prestación Social Sustitutoria (PSS) que soldados haciendo la mili-[46] no consiga acabar con el llamado modelo mixto de Fuerzas Armadas por consunción, puesto que entre este año y el 2002, éstas sólo necesitarán a uno de cada seis jóvenes que deban hacer la mili[47].

El 27 de noviembre de 1996, a propuesta de CiU el Congreso de los Diputados admitió a trámite por unanimidad la reforma de la ley de Objeción de Conciencia. En este sentido, el grupo catalán mantuvo conversaciones tanto con el PP como con el Gobierno en las que éstos aceptaron equiparar la duración de la PSS de los objetores, que en la actualidad es de trece meses, con la del servicio militar, que es tan sólo de nueve. Al Gobierno y al PP no les quedaba más remedio que admitir la propuesta de CiU, puesto que contaba con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios y, en consecuencia, sería aprobada aun contando con la oposición del grupo popular. Por su parte, el Ministerio de Justicia entendía que la reducción del servicio civil provocaría un nuevo aumento de objetores, que estimaba entre el 20 y el 30%; aunque, consideraba como mal menor que, al estar ocupados los puestos de actividad durante menos tiempo, se podría incorporar más objetores. Asimismo, el PP admitió que los objetores que no fueran llamados a cumplir la prestación en un plazo determinado quedaran exentos de hacerla en un plazo determinado. El Gobierno aceptó igualmente la transferencia de la gestión de la PSS a las Comunidades Autónomas, así como la firma de los conciertos con las entidades; sin embargo, se reservaba la función inspectora y las competencias relacionadas con el reconocimiento de los objetores y la concesión de exenciones o prórrogas[48].

Sin embargo, desde noviembre de 1996 hasta octubre de 1997 el proyecto de reforma estuvo aparcado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y sin que se reuniera la ponencia encargada de examinar las enmiendas, debido a las discrepancias entre el PP y sus aliados nacionalistas catalanes. El Gobierno, que, como acabamos de decir, había terminado aceptando la equiparación de la mili y la PSS, quería a cambio impedir que un joven pudiera hacerse objetor después del sorteo. El problema radicaba en que, para sacar adelante esta reforma, el PP difícilmente podía contar con el apoyo de sus socios de CiU, que no sólo defendía el derecho a hacerse objetor hasta la incorporación a filas, sino después incluso de ingresar en el Ejército: la llamada objeción sobrevenida. En cuanto al PSOE, su ponente en este proyecto, Carmen del Campo, aseguraba que su grupo era, en principio, contrario a cualquier restricción del derecho a la objeción de conciencia y que, puesto que el servicio militar debía ser suprimido en el año 2003, la única modificación importante que requería la ley actual era el acortamiento de la PSS. Además, se daba la circunstancia de que la reforma que pretendía el Gobierno ni siquiera había sido planteada por el Grupo Popular cuando se presentaron las enmiendas al texto de CiU, en marzo de 1997. Para sacarla adelante, el PP necesitaba que otro grupo aceptara su propuesta en forma de enmienda transaccional. En caso contrario, debería esperar a que el proyecto llegara al Senado para plantearla[49].

En octubre del año pasado, el portavoz de CiU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, manifestó que sería absurdo y un gravísimo error impedir que los jóvenes puedan declararse objetores de conciencia tras el sorteo del servicio militar, como quería el Gobierno. Campuzano advirtió al PP que no contaría con los apoyos necesarios para introducir esa reforma en la proposición de ley. Es un globo sonda que irremediablemente va a pincharse, concluyó Campuzano, tras recordar que la ley vigente permitía declararse objetor hasta el momento en que se produzca la incorporación al servicio militar[50].

Por su parte, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, manifestó en las mismas fechas que el Gobierno no pretende en absoluto limitar el derecho a la objeción de conciencia, que está constitucionalmente reconocido, pero que convenía distinguir entre la objeción de conciencia y la de conveniencia y evitar el fraude de ley que cometen quienes, respetando la letra de la ley, eluden su sentido. Aunque Serra no se refirió expresamente a la prohibición de objetar después del sorteo de la mili, concluyó que estas reflexiones debían ser tenidas en cuenta en la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia[51]. Si hay alguna objeción de conveniencia es la que se produce después de que el deber se ha concretado en el sorteo, dijo con claridad el subsecretario del Ministerio de Defensa, Adolfo Menéndez, el 10 de noviembre de 1997[52].

Otros desacuerdos eran producto de la pretensión de CiU de que todos los jóvenes que llevaran más de un año esperando su incorporación quedaran eximidos de la PSS y pasaran directamente a la reserva y en que esta fórmula se aplicara con carácter retroactivo a la bolsa de 100.000 objetores pendientes. Por el contrario, el PP sólo aceptaba la exención automática transcurridos 18 meses, si se había pedido incorporación inmediata, o cinco años, en caso contrario, y se negaba además a aplicarla retroactivamente[53].

A finales de febrero de este año, fuentes de CiU indicaron que, en las conversaciones mantenidas en los últimos meses con el PP, se habían aproximado posiciones, hasta el punto de que estaba muy próximo un acuerdo para que en el futuro se situara en 18 meses el tiempo máximo de espera, siempre que el afectado no pidiera aplazamiento. Más difícil resultaba, según las mismas fuentes, el pacto respecto a los más de 115.000 objetores pendientes. El PP se negaba a eximir automáticamente de la PSS a todos lo que llevaran más de 18 meses de espera y proponía una reducción gradual del plazo, a partir del máximo de cinco años[54].

Finalmente, el 18 de junio concluyó la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Objeción de Conciencia. El pleno del Congreso de los Diputados ratificó la reforma por 303 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. En síntesis, la duración de la PSS se reduce a nueve meses, lo que la equipara a la de la mili; el plazo de disponibilidad es fijado en tres años; y no se contempla la llamada objeción sobrevenida. Por otra parte y dado que al menos un 30% de los puestos ocupados por los objetores de conciencia son imprescindibles para la sociedad, el Ministerio de Justicia está estudiando la posibilidad de implantar un servicio civil una vez que desaparezca el SMO y con él la PSS[55]. En este sentido, hay que añadir que tanto en Holanda como en Bélgica fracasaron los intentos de institucionalización de sendos servicios civiles, planteados en paralelo al proceso de profesionalización de sus Fuerzas Armadas[56].

No obstante el espectacular incremento del número de objetores, la reducción de las Fuerzas Armadas profesionales y el incremento de los soldados profesionales originaron que en octubre de 1997 el Ministerio de Defensa se deshiciera de más 16.000 reclutas por medio de la figura del excedente de cupo, que había sido aplicada por última vez al reemplazo de 1988[57]. El 24 de octubre de 1997, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se cifraban en 165.342 los efectivos del reemplazo de 1998 y en 16.442 los excedentes de cupo. El portavoz de CiU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, dijo que en años sucesivos, Defensa debería recurrir a otro mecanismo más equitativo que el sorteo para designar a los beneficiados por el excedente de cupo y que tendría que tener en cuenta las circunstancias económicas y personales de los jóvenes. También el director de la Oficina del Defensor del Soldado (ODS), Francisco Castañón, afirmó que hacer depender nueve meses de la vida de los jóvenes obligados a cumplir la mili de una lotería es un procedimiento injusto[58].

En el documento sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas que veremos más adelante, el PSOE abogaba también por modificar las sanciones previstas para los insumisos durante el período de transición. El PSOE argumentaba que no es posible castigar con penas de cárcel a quienes se nieguen a cumplir con un deber que está en vías de extinción[59]. El 16 de diciembre del año pasado, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por 162 votos en contra frente a 161 a favor una proposición de Izquierda Unida para que la insumisión dejara de ser un delito. El PP, CiU y Coalición Canaria (CC) votaron en contra, mientras que IU, PSOE, PNV y el Grupo Mixto lo hicieron a favor[60].

La decisión del Grupo Popular de firmar una proposición de ley, junto a CiU y Coalición Canaria, para que se supriman las penas de cárcel y se rebajen sustancialmente las de inhabilitación para los insumisos causó malestar entre los altos mandos. En una reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa, del que forman parte los miembros de la cúpula militar, alguno de ellos criticó el proyecto y advirtió que causaría desmoralización en el seno de las Fuerzas Armadas. Más que malestar, hay desconcierto, afirmaba un oficial para definir la situación. La iniciativa sobre insumisión pilló por sorpresa a los militares, puesto que hace sólo dos meses el Congreso de los Diputados rechazó, aunque por un único voto de diferencia, la toma en consideración de una propuesta de IU. El cambio de actitud del PP se explica por su temor a que CiU apoyara el texto socialista y éste saliera adelante con su oposición.[61]

El 17 de febrero el parlamento aprobó por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos. La proposición no de ley que entonces iniciaba su tramitación parlamentaria castiga a los insumisos con penas de cuatro a seis años de inhabilitación para acceder a empleos o cargos públicos y para obtener becas o ayudas de la Administración. El Código Penal vigente sanciona la insumisión con hasta dos años de cárcel y catorce de inhabilitación. El pleno rechazó una proposición no de ley del PSOE que abogaba por despenalizar la insumisión, pero por mantener, hasta la desaparición del SMO, un régimen de sanciones administrativas para los insumisos; otra del Bloque Nacionalista Galego, que proponía una sanción simbólica de entre diez y veinte días de multa; y una tercera de Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda, que pedía la supresión del delito. El problema que se planteó entonces es qué ocurrirá mientras tanto con los insumisos presos. Según instituciones penitenciarias, actualmente hay en las cárceles 76 jóvenes por negarse a cumplir el servicio militar, la mayoría de ellos en régimen abierto, por lo que sólo acuden a prisión a pernoctar. Fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia elevaban la cifra de objetores presos a un centenar y advertían que la reforma prevista no resolvía el problema de los tres presos en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) por declararse insumisos después de su incorporación a filas y que, en consecuencia, están acusados de deserción. Carles Campuzano, diputado de CiU, pidió una tramitación rápida de la ley y recordó que la existencia de insumisos en las cárceles ha llevado a Amnistía Internacional a incluir a España entre los países con presos de conciencia. En el mismo sentido, Pedro Moya, diputado del PSOE, instó al Gobierno a que con carácter urgente busque la fórmula jurídica más adecuada para que se proceda a la excarcelación inmediata de los insumisos, sin esperar a que la ley entre en vigor. Por contra, José Antonio Bermúdez de Castro, del Grupo Popular, dijo que es prematuro plantearse este problema y advirtió que la Constitución prohibe la amnistía y que los indultos sólo pueden concederse a instancia de parte. El diputado popular atribuyó a un error la inclusión en su proposición de ley de un nuevo delito consistente en alegar falsamente motivos de conciencia para librarse de la mili. Aseguró que la intención del Gobierno y de sus aliados parlamentarios no era ampliar el delito de insumisión ni criminalizar la llamada objeción de conveniencia, por lo que prometió corregir este punto mediante la correspondiente enmienda para evitar malas interpretaciones. Bermúdez de Castro rechazó el texto de los socialistas, que proponía castigar la insumisión con sanciones administrativas y eliminarla del Código Penal, alegando que esta fórmula era menos garantista que la suya y que, al permitir el recorte de derechos fundamentales sin intervención judicial, resultaba de dudosa legalidad[62]. El socialista Moya reveló que su Grupo había propuesto al PP el apoyo mutuo a sus respectivas proposiciones, pero éste rechazó el acuerdo por lo que se vio obligado a votar en contra del texto que finalmente salió aprobado. La negativa del Grupo Popular a admitir a trámite la propuesta del PSOE, advirtió, dificultará todavía más la consecución de un acuerdo con el Gobierno sobre el futuro modelo de Ejército profesional. Por su parte, Pablo Castellano, de Izquierda Unida, reprochó a la mayoría gubernamental haber perdido dos meses al rechazar la propuesta de despenalización de la insumisión que presentó su grupo el 16 de diciembre de 1997. ¿Quién les va a devolver un solo minuto de libertad a los que están en la cárcel?, se preguntó[63].

El 25 de febrero, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia pidió la excarcelación inmediata de los jóvenes presos por negarse a cumplir el servicio militar después de que el pleno del Congreso aprobase por unanimidad el pasado 17 de febrero la supresión de las penas privativas de libertad para la insumisión. Alonso aseguró que la Administración tiene suficientes instrumentos legales para que los insumisos sean puestos ya en libertad sin esperar a que entre en vigor la reforma del Código Penal dentro de cuatro o cinco meses. En concreto, aludió a la concesión de indultos, que no sólo puede solicitar el afectado, sino cualquier persona en su nombre, y a una aplicación generosa del régimen penitenciario. Alonso recordó que Jueces para la Democracia había pedido reiteradamente la despenalización de la insumisión, pues el Código Penal no debía servir para asegurar el cumplimiento de un deber, el servicio militar, llamado a desaparecer a plazo fijo[64].

El 6 de marzo, el Gobierno indultó a 14 insumisos y acordó estudiar fórmulas para generalizar la medida. El Gobierno creía que no tiene sentido que fueran a prisión ante una reforma que eliminará el SMO. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, pretendía buscar una solución jurídica que permitiera el indulto generalizado sin acudir a la amnistía, vetada por la Constitución. Miguel Ángel Rodríguez manifestó al finalizar la reunión del Consejo de Ministros que Es voluntad del Gobierno plantear el indulto para los insumisos, pues entiende que, en las circunstancias en las que está la reforma del Código Penal y la reforma para la profesionalización del Ejército, no tiene sentido que los insumisos tengan penas de cárcel. Los indultados pertenecían al grupo de 900 insumisos que no estaban en prisión y que habían solicitado el indulto. Por su parte, el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) acusó al Gobierno el mismo día 6 de marzo de hacerse un lavado de cara. Una vez que han pasado por la cárcel más de mil insumisos y tras aprobar nuevas penas de inhabilitación, se presentan los indultos como un gesto para facilitar la imagen del proceso de profesionalización del Ejército. El MOC denunció asimismo la situación de los tres insumisos encarcelados en la prisión militar de Alcalá de Henares. Mientras declaran su intención de sacar de la cárcel a los insumisos, siguen las condenas militares a los desertores integrados en la campaña de insumisión en las cárceles. El MOC anunció que seguirá desobedeciendo hasta conseguir la abolición total del Ejército y que esta medidas no van a detener su actividad[65]. Hasta el 20 de marzo de este año inclusive, el Gobierno había indultado a 68 insumisos, ninguno de los cuales estaba en prisión[66].

Por último, el pleno del Congreso de los Diputados de 25 de junio aprobó el proyecto de Ley Orgánica de reforma de los artículos 527 (relativo a los insumisos a la PSS) y 604 (referente a los insumisos al SMO) del Codigo Penal, de forma que se suprimen las condenas carcelarias contempladas en el texto punitivo y se rebajan las inhabilitaciones, entre 4 y 6 años frente a los 8 a 12 actuales, para desempeñar empleos o cargos públicos y para obtener subvenciones. La reforma tendrá carácter retroactivo, lo que permitirá la excarcelación de todos los insumisos que en estos momentos se encuentran en prisión; sin embargo, es probable que las excarcelaciones se retrasen hasta finales de año, una vez haya acabado la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley[67].

 

5. "Elige tu destino". El problema del reclutamiento de los soldados profesionales[68]

La preocupación del Ministerio de Defensa sobre la hipotética falta de conciencia acerca de la defensa nacional de la sociedad española, que veremos más adelante, no es sólo teórica, sino sobre todo práctica. Por una parte, la profesionalización y, sobre todo, la modernización de las Fuerzas Armadas españolas conllevan un incremento notable del gasto militar que, sin el respaldo de la llamada opinión pública, es difícil que sea ejecutado por un gobierno preocupado fundamentalmente por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, lo que exige la contención del déficit público por debajo del 3% del PIB. Por otra, la supresión del SMO y consiguiente profesionalización de las Fuerzas Armadas obligará a éstas a acudir al mercado de trabajo y competir con otros empleos hasta cierto punto similares (guardia civil, policía nacional, autonómico o local, y agente jurado) para contratar una misma mano de obra. Con arreglo al documento sobre profesionalización de las Fuerzas Armadas, remitido por el Ministerio de Defensa a las Cortes, será necesario reclutar entre 16.000 y 20.000 soldados anualmente, una vez que se haya implantado el nuevo modelo. Dado que el número ideal de candidatos por plaza es de 6, los solicitantes deberían oscilar entre los 96.000 y 120.000. Entre 1992 y 1995, el número de aspirantes por plaza en las convocatorias para tropa profesional fue sólo de 4,8, por lo que, si se quiere mantener al menos dicha relación, el número de solicitantes debería ser de 76.800-96.000. Sin embargo, durante los años citados la media anual de aspirantes fue de 35.000, aunque hay que tener en cuenta que alrededor del 25% de los mismos eran repetidores, pues se celebran varias convocatorias al año, y que cerca del 20% de aquellos no se presentaban a las pruebas. A todo ello, habría que agregar que entre 1997 y 2002 el número de jóvenes en edad militar se reducirá en más de un 20%[69]. Como se puede ver en el gráfico 5, el número de solicitudes por plaza ha evolucionado desde las 4,30 de 1992 hasta las 3,98 de 1997, pasando por las 3,96 de 1993, 5,12 de 1994, 11,96 de 1995 y 6,46 de 1996[70].

Convocatoria de tropa y marinería profesionales

hn030705
Gráfico nº 5


Fuente: La caída del número de aspirantes pone en riesgo la profesionalización de las Fuerzas Armadas, El País, 13/10/1997, p. 18. Elaboración propia.

El 26 de septiembre de 1997, el Consejo de Ministros acordó la convocatoria de 12.500 plazas de soldados profesionales para el año 1998[71]. La primera convocatoria de tropa profesional de este año comprende 7.203 plazas; sin embargo, el último día de plazo para presentar instancias (el 30 de marzo) y a falta de las remitidas por correo, sólo se habían recibido alrededor de 14.000 solicitudes, lo que supone solamente algo más de dos candidatos por cada una de las 6.701 plazas convocadas (a las que hay que añadir otras 502 de los institutos politécnicos del Ejército). Hay que tener en cuenta que este año está previsto convocar más de 20.000 plazas (de las que 12.500 son nuevas)[72].

Desde otro ángulo, en el gráfico 6 se ve que hay algunas Comunidades Autónomas (más Ceuta y Melilla) que están sobrerrepresentadas en relación a su población (Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, y Ceuta y Melilla), mientras que otras se encuentran infrarrepresentadas (Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Asturias, Aragón, País Vasco, Cantabria, Baleares, La Rioja y Navarra). Como consecuencia de ello, las Comunidades de Andalucía, Castilla y León y Madrid suman el 55,6% de las solicitudes para ingresar como soldado profesional en las Fuerzas Armadas, mientras que su población equivale tan sólo al 37% del total español. Entre las Comunidades Autónomas sobrerrepresentadas destacan Andalucía, cuyo índice, que es el resultado de restar el porcentaje de aspirantes a soldado profesional menos el porcentaje de la población de cada Comunidad Autónoma respecto al total de España, es de +11,57 puntos; Castilla y León (+4,68); Madrid (+2,37) y Galicia (+2,14); y Ceuta y Melilla (+1,9) y Murcia (+1,44). Las otras dos se sitúan por debajo del punto positivo: Castilla-La Mancha (+0,6) y Extremadura (+0,25). Entre las infrarrepresentadas sobresalen Cataluña, con un índice de -12,91 puntos; el País Vasco (-4,28); la Comunidad Valenciana (-2,11); y Baleares (-1,38), Canarias (-1,29) y Navarra (-1,19). El resto, por el contrario, se sitúa por debajo del punto negativo: Aragón (-0,76), La Rioja (-0,42), Asturias (-0,35), y Cantabria (-0,35)[73].

Los aspirantes a soldado profesional y la población por CCAA

hn030706
Gráfico nº 6


(I), Andalucía; (II), Madrid; (III), Castilla y León; (IV), Galicia; (V), Comunidad Valenciana; (VI), Castilla-La Mancha; (VII), Murcia; (VIII), Extremadura; (IX), Cataluña; (X), Canarias; (XI), Asturias; (XII), Aragón; (XIII), Ceuta y Melilla; (XIV), País Vasco; (XV), Cantabria; (XVI), Baleares; (XVII), La Rioja; y (XVIII), Navarra. Fuente: Defensa facilitará los datos de dos millones de jóvenes a una empresa de publicidad, El País, 30/3/1998, p. 15. Elaboración propia.

 

6. La doctrina sobre el fomento de la conciencia de la Defensa Nacional

El 21 de febrero de 1997, el ministro de Defensa presentó ante el Consejo de Ministros los planes elaborados por su Ministerio para elevar la débil conciencia de defensa de los españoles. Entre las medidas previstas figuraba la potenciación del IEEE, que ha sido transferido a la Dirección General de Política de Defensa, a las órdenes directas del ministro; la creación de un Consejo Asesor para el Desarrollo de la Conciencia Nacional de Defensa; y la promoción de actividades conjuntas con el Ministerio de Educación y Cultura[74]. Sin embargo, en éste como en otros casos la solución del problema es anterior a su estudio, pues hasta la fecha no se ha hecho ningún análisis exhaustivo acerca de este supuesto rasgo de nuestra sociedad civil[75]. En cualquier caso, los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encargo del Ministerio de Defensa en enero de 1997 indicaban con claridad que la mayoría de los encuestados no sólo tenían conciencia de la defensa nacional, sino también conciencia nacional[76].

Respecto a la promoción de actividades conjuntas con el Ministerio de Educación y Cultura, el 9 de noviembre del año pasado El Periódico de Catalunya publicó que, según un documento del Ministerio de la Presidencia, el Gobierno quería utilizar los colegios e institutos de enseñanza secundaria para fomentar el espíritu nacional, difundir el papel de las Fuerzas Armadas y animar a los jóvenes a prestar un servicio en las mismas. De acuerdo con el documento difundido por el diario citado, los centros escolares son el vehículo elegido para fomentar la conciencia nacional e inculcar el espíritu militar, según la DDN 1/96. El documento señalaba que Será misión del Ministerio de Educación y Cultura potenciar el conocimiento del papel de los Ejércitos en las modernas sociedades por parte de la población joven. Y añadía que el conocimiento deberá combinar teoría y práctica y que para ello se han dado instrucciones para favorecer las visitas escolares a los centros militares de mayor interés[77].

El Ministerio de Defensa, por su parte, negó el 10 de noviembre que quisiera utilizar los colegios e institutos para fomentar el espíritu militar y que el documento citado por El Periódico de Catalunya era en realidad una respuesta al diputado de Nueva Izquierda, Manuel Alcaraz, quien había preguntado al Gobierno por el desarrollo de la Directiva de Defensa Nacional de diciembre de 1996, que incluía entre sus objetivos el fomento de la conciencia de defensa nacional a través del sistema educativo, y que en el texto no se utilizaba el término espíritu militar. En concreto, la respuesta parlamentaria decía: Será misión del Ministerio de Educación y Cultura potenciar el conocimiento del papel de los ejércitos en las modernas sociedades por parte de la población joven. Para ello, contará con la colaboración del Ministerio de Defensa. El conocimiento, para ser suficiente, deberá combinar teoría y práctica. En este último sentido, se han dado instrucciones para favorecer las visitas escolares a los centros militares que se consideran de mayor interés, primero, para educar los sentimientos y, segundo, para sembrar la voluntad de prestar servicios en las Fuerzas Armadas con carácter voluntario. Las visitas, en ocasiones, podrán tener lugar en jornadas de algún relieve, bien sea porque se realizan ceremonias o se practican maniobras o ejercicios[78].

En septiembre de 1997, el general Francisco Laguna Sanquirico, del IEEE, dirigió una carta a numerosos directores de colegios de secundaria y formación profesional a través de las direcciones provinciales del Ministerio de Educación y Cultura en la que les invitaba a organizar conferencias y visitas a unidades militares. La carta advertía que No se pretende adoctrinar ni captar vocaciones, sino informar, y el ofrecimiento está abierto a los modos y contenidos que estime convenientes. El general Laguna Sanquirico recordaba en su carta que la DDN 1/96 determinaba que se promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la organización y política de la defensa y de la función de los ejércitos, para así fomentar el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa. El general explicaba que el IEEE había contactado con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y con las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de enseñanza en solicitud de colaboración y apoyo para conseguir que la sociedad conozca mejor a sus Fuerzas Armadas, la política de defensa como componente de la política exterior de la Nación y el conjunto de todo ello como factor para alcanzar la Paz y Seguridad entre las naciones. La formación integral de los alumnos de secundaria y formación profesional debiera comprender el conocimiento de toda esa realidad del mundo en que viven, agregaba la carta. Por todo ello me dirijo a Vd. haciéndole un ofrecimiento abierto para conseguir una colaboración que permita, de una parte ayudar a la formación integral de los niños/adolescentes, lo que constituye su responsabilidad, y de otra ayudar a que esos futuros miembros activos de la sociedad española, cuando se incorporen a ella en plenitud, tengan un conocimiento suficiente, un cierta cultura de defensa, lo que constituye mi responsabilidad, concluía el texto. Concretamente, la carta proponía celebrar conferencias sobre distintos temas relacionados con las Fuerzas Armadas (su organización, actividades y misiones; la política de defensa y la política exterior; la carrera militar; la subordinación de los Ejércitos al poder civil; etc.), así como posibles visitas a centros, unidades y dependencias militares[79]. Sin embargo, el proyecto de fomentar a través del sistema educativo el conocimiento de las Fuerzas Armadas provocó el rechazo de todos los partidos, salvo el PP, y de las federaciones de enseñanza de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que lo interpretaron como una intromisión del Ministerio de Defensa en la tarea educativa y una militarización de la escuela[80].

El 17 de febrero de este año, el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre Goicoechea, compareció ante la Comisión de Educación y Cultura para explicar el proyecto de cooperación entre los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa para impulsar en los centros docentes el conocimiento del papel que juegan los Ejércitos en la sociedad actual y de las cuestiones de paz y seguridad. Nasarre aclaró en el inicio de su intervención que no se pretendía con ello fomentar en los centros docentes lo que de forma caricaturesca se ha llamado la formación del espíritu militar. Es una versión engañosa de una actividad que se inscribe con plena normalidad, como se hace en los distintos países democráticos, en el ámbito del conjunto de la sociedad y del sistema educativo. Agregó que de lo que se trataba era de presentar y potenciar la cultura de defensa al servicio de la paz y siempre en el marco de los valores constitucionales. El secretario general de Educación destacó que en estos momentos en que las naciones europeas tienden a una integración cada vez más amplia y en que felizmente se ha superado la guerra fría y no existen bloques antagónicos, ahora que nuestras Fuerzas Armadas están realizando importantes misiones de paz allí donde surgen conflictos y que sus miembros están codo con codo con los de organizaciones no gubernamentales, la formación integral de nuestros escolares debe comprender también el conocimiento de toda la realidad del mundo en que vivimos. Nasarre afirmó que Conocer las exigencias de la paz y de la seguridad no debe excluirse de la formación integral y completa de las nuevas generaciones, concluyendo que Estamos dispuestos a colaborar desde el sistema educativo para que España tenga, con absoluta normalidad, una cultura de defensa nacional. Nasarre sólo obtuvo el respaldo explícito del Grupo Popular, cuyo portavoz, Arsenio Fernández de Mesa, dijo retóricamente que el interés del Ministerio de Defensa en este proyecto de colaboración con el de Educación no es sino el de incrementar la cultura nacional de la defensa para incrementar el conocimiento de los valores de la paz[81].

Por otro lado, el 3 de febrero de este año entró en vigor la Orden 13/1998, de 22 de enero, por la que se creaba el Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la conciencia de defensa, en cumplimiento de la orden 25/1997, de 25 de febrero, por la que se desarrollaban las funciones del IEEE, que en su disposición adicional establecía que, para consulta y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el fomento de la conciencia de defensa nacional, el ministro de Defensa dispondría de un Consejo Asesor y Consultivo que estaría integrado por personalidades relevantes de los diferentes ámbitos de la sociedad. El Consejo quedará adscrito a la Dirección General de Política de Defensa y estará constituido por los siguientes miembros: el ministro de Defensa (presidente), el director general de Política de Defensa (vicepresidente), el secretario permanente del IEEE (secretario), un alto cargo de los Ministerios de Presidencia, Asuntos Exteriores, Educación y Cultura, y Administraciones Públicas, un oficial general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, un miembro del Centro de Investigaciones Sociológicas, un miembro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y un máximo de doce personas de reconocido prestigio en diferentes ámbitos de la sociedad, que puedan aportar la necesaria variedad de puntos de vista. Las funciones del Consejo Asesor y Consultivo serán las de asesorar sobre los proyectos del IEEE que, por su importancia o especiales características, se considere oportuno; y aportar sugerencias e ideas en relación a la planificación de la política de promoción, difusión y fomento de la conciencia de defensa. Al ministro de Defensa le corresponde convocar al Consejo, tanto al pleno de sus miembros, como a una parte del mismo. El pleno se reunirá como mínimo una vez al año, durante su primer trimestre, con el objeto de evaluar los proyectos desarrollados durante el año anterior y aportar sugerencias para los que se prevea iniciar en el nuevo período[82].

El 3 de marzo, el ministro de Defensa, Eduardo Serra compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el fomento de la cultura de defensa en la sociedad española. El ministro inició su intervención con el análisis de los motivos que, a su juicio, han provocado la carencia de una adecuada conciencia de defensa. Señaló, entre otras causas, las guerras civiles de los dos últimos siglos, el aislamiento, el rechazo al sistema de reclutamiento obligatorio y, sobre todo, una confusión muy peligrosa producida en determinados núcleos de juventud de identificar la existencia de los ejércitos y, por extensión, de la defensa nacional, con la permanencia de las guerras, cuando la razón, ontológica y lógicamente, es exactamente la inversa. Por otra parte, en los países de nuestro entorno otros problemas han relegado la defensa nacional a un segundo plano. Europa Occidental lleva el mayor período de paz desde el imperio romano, y esto hace que las sociedades, especialmente la juventud, tengan una menor conciencia de la necesidad de las Fuerzas Armadas y se vaya debilitando la percepción de la amenaza. Serra calificó como un grave error pensar que la conciencia de defensa es cosa del pasado. Los retos del siglo XXI nos van a obligar al esfuerzo de todos los países en favor de la paz, objetivo que sólo será posible alcanzar con la cooperación y el apoyo de toda la sociedad. A continuación recordó que la DDN 1/96 se refiere expresamente a la cultura de defensa cuando fija entre sus objetivos el de conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a las necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles. La cultura de defensa es el fundamento para conseguir otros grandes objetivos de la política de defensa como la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Si una sociedad necesitara tener médicos y en ningún sitio se enseñara en qué consiste la necesidad de licenciados en medicina, sería difícil que cubriera sus necesidades. Algo similar pasa con la defensa. La DDN 1/96 señala también entre sus directrices la de promover a través del sistema educativo general un conocimiento suficiente de la organización y política de defensa y de la función de los ejércitos en una sociedad moderna. Serra explicó que la enseñanza en escuelas e institutos tiene preferencia en la política informativa para lograr la conciencia de defensa, pero también debe extenderse a todo el conjunto social. La sociedad debe comprender que la defensa, al igual que otras actividades complejas de la vida moderna, no se puede improvisar, razón por la que todas las naciones modernas poseen una estructura permanente de seguridad y defensa, de donde se deriva su interés por conocer cómo son y para qué sirven sus ejércitos. Esto exige una información transparente, veraz, seria y alejada absolutamente de cualquier propósito de adoctrinamiento. Serra señaló que las líneas de actuación del Ministerio de Defensa para fomentar en la sociedad española un mejor conocimiento de sus Ejércitos se centran en cuatro áreas: los estudios sociológicos, los planes de comunicación, las asociaciones e instituciones sociales que tienen alguna relación especial con la defensa, y el sistema educativo general. En relación a este último campo de actuación, el ministro reiteró que la finalidad no es la captación o el adoctrinamiento. La formación del espíritu militar debe estar en las academias militares. En el sistema educativo general debe estar la conciencia de defensa, la necesidad de defendernos, el estímulo de proteger nuestros valores, nuestras libertades, nuestros intereses y nuestros derechos. La inclusión de temas de seguridad y defensa en los libros de texto -respetando la libertad pedagógica de los autores- y el suministro de información sobre estas cuestiones al personal docente a través de los planes de formación permanente del profesorado fueron otras áreas de acción apuntadas por Serra. El ministro enfatizó también la necesidad de potenciar la investigación en materia de seguridad y defensa y subrayó que, en los últimos tiempos, han aumentado notablemente los trabajos de quienes acceden a un doctorado con tesis relacionadas con estas materias. Por su parte, los portavoces de Izquierda Unida, Willy Meyer, y del Grupo Mixto, Mercè Rivadulla, expresaron su discrepancia con el fomento en los centros de enseñanza de un mejor conocimiento de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Meyer anunció el inicio de una contracampaña de información dirigida desde su grupo parlamentario alertando de lo que significa que de nuevo vayan los valores de la milicia a las escuelas. En su opinión, la sociedad española está tranquila y no le preocupa en absoluto la defensa nacional, porque no nos sentimos amenazados por nadie. El ministro de Defensa acusó a su interlocutor de maniqueísmo en su discurso y aseguró que no es intención del Gobierno convertir la defensa nacional en una asignatura -aunque en Francia lo vaya a ser, apuntó-, sino que el sistema educativo dé pertrechos a nuestros alumnos para que sepan desarrollar las capacidades de su vida de la mejor manera posible, que sepan defenderse individual y colectivamente, y a eso los pedagogos modernos lo llaman asignaturas o materias horizontales. Nada más lejos de nosotros que militarizar; nada más lejos. Joan Miquel Nadal, portavoz de CiU dijo que la profesión militar no se tiene que explicar a la sociedad más allá de lo que se explique la de albañil, médico o catedrático. En su opinión, se debe informar de este tema con normalidad, puesto que ser militar es una profesión, una más de las que se van a practicar dentro de este país. Por último, Jerónimo Nieto, del PSOE, reconoció la necesidad de aumentar la conciencia de defensa entre los ciudadanos y señaló que los centros de enseñanza únicamente deben ser un lugar donde los escolares reciban una formación orientada a la paz, la convivencia y la solidaridad y mostró su rechazo a una supuesta utilización para captación o adoctrinamiento[83].

Para estimular la presentación de aspirantes a las nuevas plazas de tropa profesional, se pondrá en marcha una macrocampaña de publicidad que se debía haber iniciado el pasado mes de mayo y que tendría que concluir en abril de 1999, con un presupesto de 1.650 millones de pesetas. La campaña incluye la producción de un cortometraje, diez vídeos y un CD-ROM, la edición de 250.000 guías, 320.000 carteles, 2.400.000 folletos, 800.000 boletines y 300.000 pegatinas y la apertura de diez páginas en Internet, entre otras acciones. Sin embargo, el aspecto más controvertido era la realización de un envío postal a dos millones de varones de entre 18 y 24 años, a los que se consideraba aspirantes potenciales a soldado profesional. Asimismo, habría una campaña específica dirigida a las mujeres, a las que se animará a alistarse con folletos y vídeos bajo el lema: Es tu oportunidad. Actualmente, las mujeres representan el 2,3% de los militares profesionales. En 1997 fueron el 12,21% de los aspirantes a tropa profesional, pero sólo el 6,97% de los admitidos[84].

7. Las consecuencias de la profesionalización de los Ejércitos para las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado

Entre las consecuencias del inicio del proceso de profesionalización, no sólo figura el espectacular incremento del número de objetores de conciencia, sino también la hipotética remilitarización de la Guardia Civil. En efecto, con arreglo a un proyecto de Real Decreto impulsado por el director de la misma, Santiago López Valdivielso, esta organización paramilitar no sólo desempeñaría misiones militares en tiempo de guerra o durante el estado de sitio, sino también en tiempo de paz. Aunque la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de julio de 1980 ya indicaba que la Guardia Civil dependería del ministro de Defensa en tiempo de paz para el cumplimiento de sus misiones militares y del ministro del Interior para las relativas al orden y a la seguridad pública, de hecho las únicas funciones que ha desempeñado hasta la fecha en tiempo de paz han sido de carácter policial, por lo que actúa siempre a las órdenes del ministro del Interior, mientras que la intervención del ministro de Defensa se limita tan sólo a la política de personal (ascensos, sanciones disciplinarias). La causa de la remilitarización de la Guardia Civil era la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la consiguiente reducción de su número de efectivos. Las misiones militares de la Guardia Civil en tiempo de paz se desarrollarían siempre en apoyo de las actividades de las Fuerzas Armadas en España y el extranjero. En particular, el proyecto citado preveía la colaboración de la Guardia Civil en la defensa del territorio mediante su dependencia operativa del Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire en el cumplimiento de las siguientes funciones: seguridad de puntos, instalaciones y zonas de interés para la defensa nacional; cobertura de costas y fronteras; protección de convoyes terrestres; control del tráfico marítimo; protección marítima de puertos; vigilancia del mar territorial y vías de comunicación; y custodia de puertos y aeropuertos. Asimismo, la Guardia Civil podría desempeñar funciones de policía militar, constituyendo unidades específicas o integrándose en las Fuerzas Armadas; colaborar en las actividades de espionaje de los Ejércitos; colaborar en actividades de contraespionaje que afecten a las operaciones militares; integrarse en órganos de cooperación de carácter cívico-militar; y cualquier otra función que le encomiende expresamente el ministro de Defensa. Igualmente, el proyecto establecía que las relaciones de mando y las transferencias de autoridad se regirían por las normas vigentes en las Fuerzas Armadas y que la Guardia Civil cumpliría sus misiones con el armamento y equipo que tiene de dotación, salvo que el ministro de Defensa le facilitara otros en caso de necesidad. Aunque el proyecto de Real Decreto se refería sólo al tiempo de paz, establecía que en caso de guerra o estado de sitio las misiones militares serían ordenadas por el ministro de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y que las unidades del instituto armado se pondrían bajo el mando de la autoridad militar designada[85]. En conclusión, si se aprueba finalmente el proyecto de Real Decreto, la Guardia Civil será no sólo un Ejército de reserva, sino también una especie de Fuerzas Armadas bis[86].

Por otro lado, en el documento que el Grupo Popular elaboró como borrador del dictamen final de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, se proponía que Para ingresar como guardia civil, como policía nacional, en las policías autonómicas y en las policías locales deberá ser requisito indispensable tener cumplido como mínimo un compromiso de corta duración como tropa profesional o haber realizado el actual servicio militar. A la inversa, la legislación vigente dispone que la prestación de servicios en las Fuerzas Armadas servirá como mérito para ingresar en los Cuerpos de Seguridad del Estado y en las policías autonómicas. Esta norma se aplica en las convocatorias de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, pero no en las de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. No hay nada regulado respecto a las policías locales[87]. La propuesta del PP provocó el rechazo del PSOE, IU, CiU, PNV, de los sindicatos policiales (ANPU y SUP) y de la Oficina del Defensor del Soldado (ODS)[88]. Finalmente, en el dictamen de la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado sobre la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se dice tan sólo que: El cumplimiento de algún compromiso en las Fuerzas Armadas profesionales, teniendo en cuenta el tiempo de servicio, las aptitudes o cualificaciones profesionales, así como titulaciones adquiridas durante el mismo será considerado como mérito en los sistemas de selección del personal, funcionario o laboral al servicio de las Administraciones Públicas[89].


8. Los partidos políticos y la profesionalización de las Fuerzas Armadas

En la reunión que mantuvieron Aznar y Almunia el 26 de septiembre de 1997, el secretario general del PSOE le objetó al presidente del Gobierno que algunas de las propuestas del plan de profesionalización de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército de Tierra, no son financiables, a pesar de que entre ambos interlocutores hubo un consenso general en política de defensa[90].

No obstante, un mes después de que tuviera lugar esta entrevista, se publicó que el PSOE estaba debatiendo un borrador sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas en el que se abogaba por plazos más flexibles y por un menor número de efectivos que los previstos[91]. En efecto, el PSOE quería que la supresión de la mili se adelantara al año 2000, puesto que consideraba que una transición de cinco años podría complicar el proceso de profesionalización, y que las Fuerzas Armadas profesionales tuvieran unos efectivos de 140.000 hombres y mujeres (50.000 cuadros de mando y 90.000 soldados profesionales) en vez de los 170.000 propuestos inicialmente por el Gobierno (50.000 cuadros de mando y 120.000 soldados profesionales), aunque si se redujera el número de oficiales y suboficiales se podrían establecer unos efectivos menores[92].

El 30 de octubre del año pasado, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Juan Manuel Eguiagaray, presentó la propuesta del PSOE sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que abogaba por reducir el número de oficiales y suboficiales en unos 10.000, adelantar el fin de la mili al año 2000, reducir los efectivos de las Fuerzas Armadas profesionales a 140.000 (sic) y despenalizar la insumisión, sustituyendo las penas de cárcel por sanciones administrativas, entre otros rasgos[93].

El 26 de enero de este año, el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, dijo que estaban dispuestos a negociar, siempre que el Gobierno se comporte de forma seria y escuche nuestras propuestas[94]. A principios de año, representantes socialistas mantuvieron dos reuniones con los responsables del Ministerio de Defensa y del Grupo Popular para intentar consensuar los plazos y objetivos del nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Sin embargo, en un informe elaborado por el Grupo Socialista en febrero de este año se aseguraba que las reuniones mantenidas hasta la fecha arrojan un resultado claramente negativo. El Gobierno no toma en serio nuestras propuestas. No hay avances. El Gobierno dice querer un acuerdo con el PSOE, pero no da ningún paso que lo demuestre. Los socialistas insistían en su propuesta de adelantar el fin de la mili al año 2000, dos años antes de lo previsto por Defensa, aunque eso no significara que las Fuerzas Armadas hubieran completado para entonces sus plantillas de soldados profesionales, lo que podría producirse en el año 2002, por medio de una profesionalización en dos tiempos. El Gobierno parece asustado por la cercanía de la fecha, sin ofrecer argumentos serios que la hagan inviable, afirmaba el documento. Por el contrario, agregaba que el Gobierno no parece percibir los riesgos que pueden derivarse de un proceso de transición tan largo como el que plantea. No es serio ni realista prolongar durante cinco años una situación tan inestable como la actual, con un crecimiento galopante del número de objetores -en torno a 130.000 el último año- y un descenso de la tasa demográfica juvenil en los próximos años, lo que puede acabar colapsando el proceso. Es una frivolidad confiar en que durante cinco años la situación no resulte inmanejable, argumentaba el informe del PSOE. Los socialistas consideraban que el modelo de Ejército profesional propuesto por el PP (170.000 efectivos y 350.000 millones de coste) no es asumible financieramente, aunque admiten que la profesionalización tampoco puede resultar gratis. El documento abogaba por afrontar el problema desde bases más realistas, con un menor número de efectivos y unos gastos de modernización realizados en un período de tiempo superior. Pero, hasta el momento el Gobierno se niega a explorar esas vías. El curso de la negociación se parece más a una invitación a la adhesión, que a un deseo formal y serio de aproximar posiciones, sostenía el informe. En su opinión, el PP demostraba que era sensible a las exigencias de sus socios nacionalistas de CiU, mientras confía en que la responsabilidad del PSOE hará posible un amplio acuerdo. En consecuencia, advertía el documento, así no podemos seguir. Tiene que producirse una inflexión seria y radical en el compromiso negociador del Gobierno. No deberíamos hacernos cómplices de una cosa mal hecha ni coartada para una decisión mal elaborada y peor desarrollada. Y si no se produce un desbloqueo rápido de la situación, en particular en lo referente al fin de la mili para el año 2000, proponemos una ruptura pública de las negociaciones que haga entender al Gobierno la seriedad y firmeza de nuestras posiciones, concluía el informe[95].

La cuarta reunión entre Aznar y Almunia, que tuvo lugar el 17 de febrero, no sirvió, sin embargo, para acercar posturas en lo referente a la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Almunia le dijo a Aznar que el ministro de Defensa, Eduardo Serra, estaba haciendo gala de gran rigidez, puesto que no aceptaba ninguna sugerencia del PSOE sobre el nuevo modelo de Fuerzas Armadas. El desacuerdo fue total: el tamaño que debe tener el futuro Ejército profesional, el plazo transitorio para llegar a ese nuevo modelo y el coste que supondrá[96].

El 27 de marzo, el PSOE calificó de tomadura de pelo la respuesta que le dio el Ministerio de Defensa a su petición de que se adelante al año 2000 la supresión del SMO, prevista para el 1 de enero de 2003. Después de tres rondas de conversaciones, los representantes del Gobierno y del PP se comprometieron a entregar por escrito al Grupo Socialista su respuesta a esta demanda. Sin embargo, la respuesta que recibió el PSOE era una transcripción literal del documento que el Grupo Popular presentó hace tres meses. Según dicho documento, el servicio forzoso durará hasta el 1 de enero de 2003, pero quienes estén obligados a incorporarse a filas en 2002 no deberán hacerlo, pues las necesidades del último año se cubrirán con los reclutas procedentes de anteriores reemplazos que hayan aplazado su incorporación. Es decir, sólo tendrán que hacer la mili los nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1983. El PP no modificó, ni siquiera semánticamente, su propuesta de diciembre, limitándose a cambiar el orden sintáctico de la frase. El diputado socialista Jordi Marsal calificó la respuesta del Gobierno de provocación para que no haya consenso, agregando que constituye un grave error el intento del PP de pactar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas sólo con sus socios nacionalistas. La respuesta negativa del PP a la demanda socialista de adelantar la supresión de la mili podía preverse tras la intervención que protagonizó el 25 de marzo en el pleno del Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, José María Aznar. Éste aprovechó una pregunta de un diputado de su grupo sobre la objeción de conciencia para advertir, dirigiéndose al PSOE sin citarlo, que el plazo de cuatro años para profesionalizar las Fuerzas Armadas es absolutamente vital y no se debe jugar demagógicamente con la duración del período transitorio[97]. No obstante, el 4 de abril, Aznar reconoció que siempre es bueno lograr el consenso con la oposición en política exterior y de defensa, en particular en el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas[98].

En su propuesta de dictamen final para la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Grupo Popular planteaba que los varones españoles mayores de quince años serían llamados para que hicieran forzosamente la mili o la PSS, mientras que los menores podían olvidarse ya de pisar un cuartel o realizar trabajos sociales, salvo con carácter voluntario. El texto excluía expresamente del deber de incorporarse a filas a todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983. La principal novedad del documento elaborado conjuntamente por el PP y el Ministerio de Defensa radicaba en su compromiso de suprimir el SMO el 31 de diciembre de 2002 como máximo. Hasta entonces, el anuncio de que el Ejército español sería totalmente profesional en el año 2003 iba acompañado de la coletilla si las circunstancias económicas lo permiten, lo que abría la puerta a un eventual aplazamiento. En el texto que el PP entregó a la comisión parlamentaria como propuesta de dictamen final desaparecía cualquier condicionante a este compromiso y, por el contrario, se planteaba la posibilidad de adelantar la fecha de supresión de la mili. El periodo de transición desde el reclutamiento forzoso al voluntario sería lo más breve posible y, en todo caso, el proceso debe estar concluido en su conjunto al 31 de diciembre del 2002, afirmaba. Para despejar la incertidumbre sobre su futuro que actualmente padecen millones de jóvenes, el documento agregaba que no estarían sujetos al SMO los españoles que, en condiciones normales, tuvieran que incorporarse a filas después de esa fecha. Es decir todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983. El texto subrayaba que todos los nacidos antes de ese día serían llamados para cumplir la mili o la PSS y que se adoptarían medidas para cerrar posibles vías de escape y evitar su incumplimiento. Aunque no se refería expresamente a ello, este párrafo excluía la concesión de amnistías para los 800.000 jóvenes que disfrutan de prórroga al servicio militar o los más de 100.000 que están pendientes de incorporarse a la PSS. La única esperanza de eludir la mili que dejaba el texto a los mayores de quince años radica en que finalmente se adelante la fecha de su eliminación -como proponían inicialmente todos los partidos, salvo el PP- o en que sean declarados excedentes de cupo. El documento reconocía que el aumento progresivo de los soldados profesionales debía ir acompañado de una reducción proporcional de los soldados de reemplazo. En consecuencia, si este año han sobrado 16.442 reclutas, en años sucesivos sobrarán cada vez más. El documento no incluía la promesa electoral del PP de reducir a seis meses la duración de la mili y aumentar hasta 30.000 pesetas mensuales la paga de los soldados de reemplazo, aunque se refería genéricamente a la necesidad de incentivar el cumplimiento del SMO mientras siga existiendo. Tampoco contenía ninguna alusión a la propuesta de acortar la PSS para equiparar su duración con la del servicio militar ni a la despenalización de la insumisión. Por el contrario, insistía en que el periodo de transición hacia un Ejército totalmente profesional constituía un momento crítico durante el cual debía construirse el nuevo modelo sobre bases sólidas, sin que se resintiera la operatividad de las Fuerzas Armadas, y con el riesgo añadido de que se produjera una deslegitimación progresiva del SMO[99].


9. El dictamen de la Comisión mixta Congreso de los Diputados-Senado para la profesionalización de las Fuerzas Armadas

El 11 de mayo, la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio -tal es su interminable denominación oficial- aprobó finalmente el dictamen sobre la profesionalización de los Ejércitos[100].

El dictamen consta de seis grandes apartados: Marco general: defensa y seguridad en el mundo, Marco nacional español, Rasgos básicos del nuevo modelo de tropa y marinería profesionales, Recursos financieros, Período transitorio y Reformas normativas necesarias para la implantación del nuevo modelo.

El apartado titulado Marco general: defensa y seguridad en el mundo consta de los siguientes subepígrafes: El cambio del escenario estratégico internacional, El marco europeo y transatlántico de seguridad y defensa, y El impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones de defensa y en los Ejércitos.

El epígrafe Marco nacional español se divide en dos subapartados: Necesidad de reformar el actual modelo mixto de Fuerzas Armadas y Principios generales del Nuevo Modelo de Fuerzas Armadas. En síntesis, los principios generales -once en total- más destacados del llamado Nuevo Modelo de Fuerzas Armadas son, a mi juicio, dos: Una entidad, que será determinada por el Gobierno en un plazo no superior a un año, de acuerdo con las misiones asignadas a las nuevas Fuerzas Armadas con unos efectivos situados entre 170.000 y 150.000 (sic) militares profesionales y Un equipamiento material adecuado, lo que, en línea con las tendencias actuales, debe tender a medio plazo hacia una distribución entre gastos de personal y material en el entorno del cincuenta por ciento y, posteriormente, hacia un cuarenta y un sesenta por ciento, respectivamente[101]. Por otro lado, el dictamen es notablemente parco y cauteloso acerca de la cultura de defensa: Es conveniente incorporar a nuestro acervo una cultura de defensa que al igual que otros objetivos de paz, justicia, libertad, solidaridad y prosperidad permitan construir un sugestivo proyecto de vida en común, un programa de futuro que estimule a todos los ciudadanos, se afirma escuetamente. Dentro de este mismo subapartado, el dictamen afirma que Habrá que impulsar las reformas legislativas necesarias para permitir una mayor participación de las Cortes Generales en el impulso y control de la política de Seguridad y Defensa. En el último párrafo, se asegura finalmente que El proceso de formación personal y profesional de los militares deberá incorporar expresamente los valores y principios del ordenamiento constitucional, contemplando la pluralidad cultural del Estado.

El apartado titulado Rasgos básicos del Nuevo Modelo de tropa y marinería profesionales se subdivide en Compromisos de duración y Reclutamiento y formación. Los soldados y marineros profesionales deberán estar debidamente remunerados, puesto que el dictamen entiende que Esa remuneración adecuada constituye una pieza clave como se ha demostrado en la evolución del voluntariado especial y en el modelo mixto; por ello constituye un objetivo fundamental la determinación de un sistema de retribuciones dignas, acordes con las exigencias de la función militar. No obstante, se insiste en que Deben tenerse en cuenta toda clase de incentivos además del elemento puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los objetivos del reclutamiento. Por otro lado, las Administraciones Públicas considerarán como mérito el cumplimiento de algún compromiso en las Fuerzas Armadas profesionales en sus sistemas de selección del personal.

En el epígrafe denominado Recursos financieros no se dice nada concreto acerca del coste de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que se contradice sin duda con el principio de transparencia proclamado en el dictamen[102].

En cuanto al Período transitorio, se asegura que éste será lo más breve posible y que En todo caso el proceso deberá estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre del año 2002. Asimismo, se propone la adopción de cinco medidas para llevar a cabo una buena gestión del período transitorio[103].

Por su parte, el PSOE mantuvo cuatro de las enmiendas que había presentado al texto aprobado por la Ponencia establecida en el seno de la Comisión Mixta[104]. Las principales hacían referencia a los efectivos totales de las Fuerzas Armadas (en torno a 140.000 militares profesionales) y a la finalización del SMO (31 de diciembre del año 2000)[105].

El 28 de mayo, finalmente, el dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados por 167 votos a favor (PP, CiU, PNV y CC) y 140 en contra (PSOE, IU y Grupo Mixto)[106].


10. Conclusión

 Hoy por hoy, la postura de los españoles hacia sus Fuerzas Armadas puede parecer contradictoria, pero es clara: quiere unas Fuerzas Armadas mejores y totalmente profesionales. Pero las quieren al mismo precio, escribía El País en un editorial publicado a finales de 1996[107]. Es decir, la sociedad española estaba de hecho a favor de que las Fuerzas Armadas españolas se profesionalicen, pero no de que se modernicen, según este prestigioso diario. Dado que, más allá de lo que diga en las encuestas, la sociedad civil no va a presionar en pro de la modernización de los Ejércitos, puesto que, entre otras razones, ha sido mantenida al margen del debate sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, como tampoco lo hará la oposición, para la que su prioridad es una distribución del gasto estatal que prime a la educación, sanidad, pensiones, etc., ni parece que esté dispuesto a hacerlo el Gobierno, cuya máximo objetivo es el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, lo que supone el control del déficit público por debajo del 3% del PIB, parece evidente que, fuera de las Fuerzas Armadas -que desde mediados de los años ochenta dejaron de ser con claridad un poder, el poder militar- y del Ministerio de Defensa, nadie va a impulsar en la práctica -es decir, más allá de meras declaraciones retóricas- la modernización de las Fuerzas Armadas españolas. Por consiguiente, es de prever que en 2003 tengamos unos Ejércitos tan profesionales como relativamente ineficientes en un país que cree mayoritariamente que está a salvo de amenazas a su seguridad exterior[108]. No obstante, en toda esta política existe una contradicción obvia: la política de seguridad exterior es cada vez más activa, pero tiene, y tendrá previsiblemente, a su servicio unas herramientas (Fuerzas Armadas) en parte inadecuadas. Además, hay que tener en cuenta algunos riesgos a su seguridad exterior (en particular, el contencioso existente entre Marruecos y España por la soberanía de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla) se podrían tornar con rapidez en amenazas.

Aunque el ministro de Defensa se refiere siempre a la relación existente entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y la población total, los efectivos militares se pueden comparar también con la población activa de un país[109]. Así, los 170.000 efectivos propuestos por el Gobierno equivaldrían aproximadamente al 1,30% de la población activa española en 1997; los 150.000, al 1,14%; y los 140.000 defendidos por el PSOE al 1,07%. En el año citado, las fuerzas armadas belgas equivalían al 1,1% de la población activa de su país, las francesas al 2,2%, las holandesas al 1,2%, las británicas al 1,2%, las canadienses al 0,6% y las estadounidenses al 1,7% de la población activa de los Estados Unidos[110]. En los tres casos citados más arriba, los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas serían equiparables a los de otros países aliados semejantes, es decir, con Fuerzas Armadas voluntarias, y notablemente superiores a los de Canadá.

Según el documento del Ministerio de Defensa de diciembre de 1996, La permanencia media deseable en activo para la tropa y marinería profesional(es) se cifra en un período de cinco a seis años[111]. En efecto, como sugiere la experiencia belga, contracts including reenlistment should not exceed six years. After that it becomes more and more difficult for ex-soldiers to start a civil career[112]. Sin embargo, este problema no ha sido debatido, al menos públicamente, a lo largo de estos últimos meses ni es citado en el dictamen de la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado[113].

En el caso español la transición del modelo mixto al voluntario durará seis años, es decir, el Gobierno ha optado por una transición larga. Por el contrario, en Bélgica y Holanda el llamado dilema de la transición se resolvió de una manera mucho más breve: en el primer país citado, la transición duró un año y medio y en el segundo, más de tres años, aunque inicialmente se contempló un período de casi cinco años[114]. Por consiguiente, se puede colegir que la transición propuesta por el PSOE es equiparable a la de otros países europeos, sobre todo si tenemos en cuenta que no se parte de cero en el proceso de profesionalización, sino de unas Fuerzas Armadas mixtas.

En pocas palabras, podemos concluir que, si bien en 1996 se inició sin ningún género de dudas la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, su plena modernización, que dados los condicionantes presupuestarios sólo se podría alcanzar por medio del establecimiento de unos Ejércitos más reducidos, que además estarían más equilibrados entre cuadros de mando y tropa y marinería profesionales, habrá de esperar una vez más.


Notas

[*]. Este escrito es una versión actualizada del paper inédito titulado "The Professionalization of the Spanish Armed Forces" que presentó el autor en el 1997 IUS Biennial Conference, organizado por el Inter-University Seminar on Armed Forces and Society de la Northwestern University (Evanston, Illinois) y que se celebró en Baltimore (Maryland) entre el 24 y 26 de octubre de 1996. No obstante, he de advertir que el trabajo fue finalizado realmente el 31 de julio de 1997, por lo que entre aquél y éste median once meses durante los cuales ha progresado notablemente el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Agradezco la colaboración del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación de la Diputación General de La Rioja, y de la Delegación de Defensa en La Rioja en el proceso de acopio de fuentes para la elaboración de este texto.

[1] Sobre la historia del servicio militar durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, véase PUELL DE LA VILLA, Fernando, El soldado desconocido. De la leva a la "mili" (1700-1912), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. Acerca del período inmediatamente posterior, véase GARCÍA MORENO, José Fernando, Servicio militar en España (1913-1935), Madrid, Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército, 1988. Por otro lado, desde finales de los años ochenta y, tal vez, como reflejo de la crisis del SMO, se han publicado un buen número de obras sobre la que es conocida popularmente como la mili. Entre ellas y sin ánimo de querer ser exhaustivo, se podrían citar las siguientes: HERRERO-BRASAS, Juan A., Informe crítico sobre el servicio militar, Madrid, Ars Media Ediciones, 1989, segunda edición (corregida y ampliada); COSIDÓ, Ignacio, El Servicio Militar en los 90: perspectivas de cambio, Madrid, Fundación "José Canalejas", 1990; BARROSO RIBAL, Cristino, ¿Para qué sirve la "mili"? Funciones del servicio militar obligatorio en España, Madrid, Siglo XXI, 1991; AGUILAR, Miguel Ángel y BARDAJÍ, Rafael L., El servicio militar: ¿obligatorio o voluntario?, Madrid, Tecnos, 1992; el número monográfico de la revista Política Exterior (26, 1992) sobre La reforma de las Fuerzas Armadas y el servicio militar; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (editor), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos, Madrid, Editorial Dykinson, 1994; FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina y COSIDÓ GUTIÉRREZ, Ignacio, El servicio militar en España. Argumentos a favor y en contra del servicio militar obligatorio, Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), 1996. Sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, la bibliografía es lógicamente escasa: HERRERO BRASAS, Juan Antonio, "El ejército profesional. Una propuesta de reforma", Claves de Razón Práctica, nº 66, octubre 1996, pp. 38-50; LABATUT, Bernard y MARTÍNEZ PARICIO, Jesús, "Espagne: vers l'armée de métier", Défense Nationale, novembre 1996, pp. 61-68; ALEÑAR GINARD, Martín (coordinador), La profesionalización en los Ejércitos. Un cambio radical de mentalidad para un Estado moderno, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1996; SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio, "La Defensa se defiende en las Cortes", Política Exterior, nº 56, marzo/abril 1997, pp. 73-85; FISAS, Vicenç, "Los presupuestos de defensa para 1997 y el coste de la profesionalización de las Fuerzas Armadas", en AGUIRRE, Mariano (ed.), Anuario CIP 1996-1997. Las guerras modernas: pobreza, recursos, religión, Barcelona. Madrid, Icaria. Centro de Investigación para la Paz, 1997, pp. 317-330; y GARCÍA DE LA CRUZ, Juan José, "La seudoprofesionalización de la tropa", Claves de Razón Práctica, nº 82, mayo 1998, pp. 59-65.

[2] Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1996, VI Legislatura, nº 2, p. 36.

[3] "La defensa en los programas electorales", Revista Española de Defensa, nº 96, febrero 1996, pp. 22-25.

[4] El PP consiguió el 38,79% de los votos (156 escaños de un total de 350); el PSOE, el 37,63% (141 escaños); y CiU, el 4,60% (16 escaños) (Anuario El País, Madrid, Ediciones El País, 1997, p. 62).

[5] "PP y CiU se comprometen a abolir la mili", El País, 17/4/1996, p. 13.

[6] "Aznar condiciona la supresión del servicio militar a los presupuestos", El País, 18/4/1996, p. 15. La cursiva es mía. En su discurso de investidura, Aznar reiteró el argumento de que el Gobierno tenía la intención de "llegar a la plena profesionalización en el plazo de seis años, si las disponibilidades económicas lo permiten" ("El Parlamento estudiará la profesionalización de las FAS", Revista Española de Defensa, nº 100, junio 1996, p. 21).

[7] "Los contenidos del pacto", El País, 26/4/1996, p. 18.

[8] "Acuerdo de investidura y gobernabilidad. Texto íntegro del pacto de legislatura firmado por el PP y CiU", El País, 29/4/1996, pp. 18 y 19. La cursiva es mía. Aunque en este acuerdo se hablaba de la constitución de una ponencia, finalmente se formó una comisión mixta de diputados y senadores, en la que se constituyó posteriormente dicha ponencia ("La comisión para suprimir la mili se constituirá antes del verano", El País, 1/6/1996, p. 22). A pesar de que la fecha de 2001 aparece citada expresamente en el acuerdo de investidura y gobernabilidad, con posterioridad se habló también del año 2003 ("Defensa prevé que los nacidos a partir del 1 de enero de 1984 no tengan que hacer ya la mili", El País, 10/6/1996, p. 15) e incluso del 2002 ("El ejército de Aznar", El País Domingo, 16/6/1996, pp. 1-3). A pesar de este baile de fechas, el SMO será suprimido antes del 1 de enero de 2003.

[9] Véase la opinión de Julián Arévalo Arias, ex secretario de Estado de Administración Militar del Gobierno socialista, sobre el futuro inmediato de las Fuerzas Armadas españolas en su artículo "Un modelo de Fuerzas Armadas para el siglo XXI", El País, 7/12/1996, p. 16. El principal partido de la oposición, el PSOE, ha asumido la implantación de unas Fuerzas Armadas profesionales, pero vigilarán su coste, con el objeto de que la financiación de la profesionalización de las mismas no afecte a las políticas de bienestar social, y "el número y la composición de sus efectivos, con el fin de luchar contra su configuración como reducto de la marginación social" ("El PSOE teme que el Ejército profesional se torne un reducto de marginación social", El País, 12/2/1997, p. 21). Sobre la posición del PSOE acerca de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, véase más adelante.

[10] "Declaración programática del Consejo de Ministros. El Gobierno promete austeridad, diálogo y transparencia", El País, 8/5/1996, p. 18.

[11] Acerca de la constitución oficial de la Comisión Mixta, véase "El Parlamento analiza las FAS del futuro", Revista Española de Defensa, nº 105, noviembre 1996, pp. 14-16.

[12] "Altos cargos de Defensa informan al Parlamento a puerta cerrada", El País, 18/2/1997, p. 24; "Comparecencias sobre la profesionalización", Revista Española de Defensa, nº 108, febrero 1997, pp. 16-17; y "La profesionalización del Ejército requiere más de 80.000 aspirantes a soldado al año", El País, 24/2/1997, p. 15. El 5 de marzo, comparecieron ante la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre profesionalización de las Fuerzas Armadas el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Teniente General José Faura; el director general de Personal del Ministerio de Defensa, General del Ejército del Aire José Antonio Cervera; el de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Jesús María Pérez Esteban; el de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso; y el director de la Academia General Militar, General del Ejército de Tierra Gregorio López Iraola ("Interés parlamentario por la defensa", Revista Española de Defensa, nº 109, marzo 1997, pp. 12-13). En este artículo de la revista oficial del Ministerio de Defensa no se informaba naturalmente acerca del contenido de las intervenciones de los comparecientes. Con posterioridad a los citados, comparecieron ante la Comisión Mixta el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Pilar del Castillo, el secretario "permanente" del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), general de brigada Miguel Alonso Baquer, el representante del Centro de Investigación para la Paz (CIP), General de Brigada en la reserva Alberto Piris, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa (AFARMADE), Félix Alonso-Majagranzas, y otros expertos innominados ("Cuatro semanas. Las Fuerzas Armadas del 2003", Revista Española de Defensa, nº 110, abril 1997, p. 26). Nuevamente, esta revista tampoco informó acerca del contenido de sus intervenciones. En el número de mayo (nº 111), la Revista Española de Defensa ni siquiera dedicó unas líneas a glosar la labor de la Comisión Mixta. Por el contrario, sí que volvió a referirse superficialmente a dicho asunto en los números de junio ("El ecuador del debate sobre profesionalización", nº 112, pp. 12-13) y octubre ("Avanza el debate sobre la profesionalización", nº 116, pp. 22-23). Acerca de la doctrina sobre el fomento de la conciencia de la defensa nacional, véase más adelante.

[13] Entre las causas hipotéticas de esta supuesta falta de conciencia sobre la defensa nacional se podrían apuntar cuatro: primero, desde 1808, España no ha sido invadida por ningún Ejército extranjero; segundo, desde la finalización de la Guerra de Independencia, España sólo se ha visto envuelta en guerras civiles o coloniales; tercero, desde 1814 hasta 1981 en España se produjeron más de cincuenta pronunciamientos o golpes de Estado militares; y cuarto, el fracaso de uno de éstos, el de 1936, provocó la Guerra Civil que se saldó con la victoria del bando rebelde y dio lugar a la dictadura militarista del General Franco (1939-1975), durante la cual los asuntos defensivos fueron competencia exclusiva de los militares.

[14] "Aznar impide que se difunda el documento que define la política de defensa del Gobierno", El País, 24/2/1997, p. 15. Véase la Directiva de Defensa Nacional 1/92 en Revista Española de Defensa, nº 52, junio 1992, pp. 15-16.

[15] "La Directiva de Defensa Nacional deja de ser secreta", El País, 1/3/1997, p. 16.

[16] "La Directiva de Defensa suprime el objetivo del 2% del PIB para gastos militares", El País, 15/1/1997, p. 19; "El Gobierno quiere fomentar el respaldo social a las Fuerzas Armadas a través de la escuela", El País, 27/1/1997, p. 20; y "Directiva de Defensa Nacional 1/96", Revista Española de Defensa, nº 108, febrero 1997, pp. 34-37.

[17] En efecto, el párrafo quinto de las directrices para el desarrollo de la política de defensa en el ámbito nacional de la DDN 1/92 decía textualmente: "Incrementar progresivamente los recursos asignados al Ministerio de Defensa hasta situarlos, de forma estable, en torno al 2 por 100 del PIB, con objeto de financiar la modernización de las Fuerzas Armadas y de aproximar el esfuerzo defensivo al de nuestros aliados" (Revista Española de Defensa, nº 52, junio 1992, p. 16). Acerca de la Directiva de Defensa Militar 1/97, documento de carácter clasificado que establece los criterios para el desarrollo ministerial de la DDN 1/96, véase "Aprobada la Directiva de Defensa Militar 1/97", Revista Española de Defensa, nº 115, septiembre 1997, pp. 14-15. Sobre los cuatro modelos de Fuerzas Armadas profesionales propuestos por el Ministerio de Defensa, váse más adelante.

[18] "Directiva de Defensa Nacional 1/96", Revista Española de Defensa, nº 108, febrero 1997, pp. 34-37.

[19] "PP y CiU se comprometen a abolir la mili", El País, 17/4/1996, p. 13.

[20] "Un informe del PP cifra en 50.000 millones anuales el coste de abolir la mili", El País, 3/5/1996, p. 22 y "El ejército de Aznar", El País Domingo, 16/6/1996, pp. 1-3.

[21] Hay que tener en cuenta que en el presupuesto del Ministerio de Defensa para 1997 el 56,55% del gasto fue destinado al personal y el restante 43,45% al material ("Presupuesto con crecimiento cero", Revista Española de Defensa, nº 105, noviembre 1996, pp. 6-11) y que en el de 1998 los gastos de personal equivalen al 57,50% del total y los de material al 42,50% restante ("Un presupuesto acorde con la política de defensa", Revista Española de Defensa, nº 116, octubre 1997, pp. 6-9). Véase el editorial de la Revista Española de Defensa sobre el presupuesto de 1998 en "Impulso presupuestario a la política de defensa", ibídem, p. 5. Sin embargo, la OTAN estimaba que en 1997 los gastos de personal ascendieron realmente al 67,2% del total de gastos de defensa de España ("Documentación. Suplemento especial", Revista de la OTAN, nº 1, primavera 1998, p. 16, cuadro 5).

[22] "La profesionalización de las Fuerzas Armadas supondrá un coste añadido de 100.000 millones", El País, 6/12/1996, p. 21.

[23] "Un informe confidencial de 1992 advertía que con el 1,4% del PIB sólo se pueden mantener 130.000 militares", El País, 6/12/1996, p. 21.

[24] Sobre la designación de Serra como ministro de Defensa, véase "Eduardo Serra, ministro de Defensa", Revista Española de Defensa, nº 99, mayo 1996, pp. 6-10. Véanse también sus primeras declaraciones a esta revista en "'La defensa es el precio de la paz'", Revista Española de Defensa, nº 100, junio 1996, pp. 12-15 y su primera intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en "'La defensa exige consenso y continuidad'", Revista Española de Defensa, nº 100, junio 1996, pp. 18-21. Véase un juicio sumamente crítico sobre esta comparecencia, en FISAS, art. cit., pp. 327-330.

[25] "Serra cifra el coste anual de la profesionalización del Ejército en 150.000 millones", El País, 9/12/1996, p. 20.

[26] "Defensa necesita al menos 290.000 millones anuales más para profesionalizar el Ejército", El País, 10/12/1996, p. 19 y "Comienza la cuenta atrás de la profesionalización", Revista Española de Defensa, nº 106, diciembre 1996, pp. 16-17. Un día después de que presentara este estudio ante los medios de comunicación, el ministro de Defensa hizo lo mismo ante la Comisión Mixta Congreso-Senado "Para establecer la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas". Véase el contenido de su comparecencia en Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisiones Mixtas. Para establecer la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, Año 1996, VI Legislatura, nº 31, pp. 493-511.

[27] En su comparecencia ante la ponencia de la Comisión Mixta, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, presentó una variante de este modelo, que se diferencia del mismo en su coste (1,15 billones de pesetas, esto es, el 1,46% del PIB) y en el número de soldados y marineros profesionales (115.000) ("Defensa calcula en 281.000 millones el coste del futuro Ejército profesional", El País, 20/6/1997, p. 26).

[28] El prestigioso diario El País estimaba en un editorial publicado el 11 de diciembre de 1996 que dicho coste era "a todas luces excesivo" ("Profesional y moderno", p. 12). Véase un análisis del presupuesto del Ministerio de Defensa y del "gasto militar global" para 1997, conceptos que como es bien sabido no hay que confundir, en FISAS, art. cit., pp. 317-325. Según este autor, el gasto militar global o "real" para 1997 equivalía al 2,1% del PIB, un punto porcentual más que el presupuesto del Ministerio de Defensa (1,1%).

[29] Acerca de la relación gasto/efectivo de las Fuerzas Armadas holandesas y francesas, véase más adelante.

[30] FISAS, art. cit., pp. 326-327 y 330.

[31] SÁNCHEZ-GIJÓN, art. cit., p. 84. Sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas holandesas y belgas desde el ángulo de la revista oficial del Ministerio de Defensa español, véase "Bélgica y Holanda: pioneros en el Ejército profesional", Revista Española de Defensa, núms. 101-102, julio-agosto 1996, pp. 84-89. Acerca de la reforma de las Fuerzas Armadas francesas desde la misma perspectiva, véase "La defensa francesa se prepara para el siglo XXI", Revista Española de Defensa, nº 97, marzo 1996, pp. 46-51. Sobre la profesionalización de los Ejércitos holandés y belga, véase también VAN DER MEULEN, Jan y MANIGART, Philippe, "Zero Draft in the Low Countries: The Final Shift to the All-volunteer Force", Armed Forces & Society, Number 2, Winter 1997, pp. 315-332.

[32] SÁNCHEZ-GIJÓN, ibídem.

[33] Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisiones Mixtas, Año 1997, VI Legislatura, Nº 67, pp. 1.354-1.355 y 1.357. En una entrevista con el Secretario de Estado de Defensa, publicada en El País, Pedro Morenés hacía una afirmación falaz: la de que una inversión "en Defensa" del 1,53 del PIB aproximadamente "será todavía la menor de nuestro entorno" ("Pedro Morenés, Secretario de Estado de Defensa, 'La profesionalización de las Fuerzas Armadas se garantizará por ley'", El País, 26/10/1997, p. 24), con lo que estaba confundiendo de una forma interesada los conceptos de presupuesto del Ministerio de Defensa -al que se refería en realidad-, gasto de defensa (según la terminología de la OTAN) y gasto militar "global" o "real". La OTAN, por ejemplo, estimaba que el gasto de defensa de España en 1997 fue del 1,4% del PIB ("Documentación. Suplemento especial", Revista de la OTAN, nº 1, primavera 1998, p. 15, cuadro 3).

[34] PÉREZ ESTEBAN, Jesús María, "Un modelo de Fuerzas Armadas para el siglo XXI", Revista Española de Defensa, nº 115, septiembre 1997, pp. 18-20 y MUÑOZ-ALONSO, Alejandro, "Los dineros de la defensa", Revista Española de Defensa, nº 115, septiembre 1997, pp. 32-33.

[35] "Defensa necesita al menos 290.000 millones anuales más para profesionalizar el Ejército", El País, 10/12/1996, p. 19. Sin embargo, en junio de 1996 se publicó que sobraban 20.000 mandos, sin que dicha información fuera desmentida por el Ministerio de Defensa ("El ejército de Aznar", El País Domingo, 16/6/1996, pp. 1-3) y en octubre de 1997 que, según la Oficina Presupuestaria, el excedente era de 10.000 mandos ("El PSOE esgrime otro informe de Barea que propone reducir 10.000 mandos militares", El País, 31/10/1997, p. 18). Acerca de la situación actual de los cuadros de mando, véase "A punto de completarse el ajuste de plantillas", Revista Española de Defensa, nº 113-114, julio-agosto 1997, p. 15.

[36] Véanse las tasas de encuadramiento correspondientes a los años 1984, 1996 y al modelo FAS 2000 en "Proyección exterior y continuidad en las políticas de personal y material", Revista Española de Defensa, número 96, febrero 1996, p. 19 (gráfico). En el submodelo propuesto por el secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, la tasa de encuadramiento sería del 30,30%.

[37] Livre Blanc sur la Défense. 1994, Paris, La documentation Française, 1994, pp. 138 y 147. Como se dice en esta obra, "Plus leur format diminue, plus des armées réduites doivent être structurées pour, les cas échéant, opérer une constitution de forces et un changement de format" (ibídem, p. 138).

[38] "El PSOE esgrime otro informe de Barea que propone reducir 10.000 mandos militares" y "La Oficina Presupestaria critica que los cálculos se base en 'hipótesis apriorísticas'", El País, 31/10/1997, p. 18.

[39] Sobre estos modelos de Fuerzas Armadas profesionales, véase más adelante.

[40] Por ejemplo, en el pleno del Congreso de los Diputados de 28 de mayo de este año, Iniciativa per Catalunya-Els Verds propusieron unas Fuerzas Armadas profesionales de 80.000 efectivos (40.000 cuadros de mando y 40.000 soldados y marineros) e IU otras de transición integradas por 90.000 hombres y mujeres (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1998, VI Legislatura, nº 165, pp. 8.796 y 8.798).

[41] "El anuncio de que se suprimirá la mili vuelve a disparar el número de objetores", El País, 6/6/1996, p. 23. Sobre este problema añadido, ver el editorial de El País titulado "Difícil adiós a la mili", 7/6/1996, p. 12.

[42] "La avalancha de objetores obliga al Gobierno a incentivar el cumplimiento del servicio militar", El País, 7/6/1996, p. 15 y "Eduardo Serra asegura que la legislación actual 'estimula' la objeción de conciencia", El País, 12/6/1996, p. 19. Sin embargo, el 5 de marzo de 1997, Agustín Díaz de Mera, senador del PP y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, dijo que la reducción del SMO a seis meses no era "posible" ni "conveniente" ("El senador del PP Díaz de Mera dice que la 'mili' de seis meses no es posible", El País, 6/3/1997, p. 22). Véase asimismo "Defensa no reducirá la 'mili' si con ello se obstaculiza la profesionalización del Ejército", El País, 14/6/1997, p. 24.

[43] "Pujol quiere que la profesionalización del Ejército se haga con la máxima urgencia", El País, 12/6/1996, p. 18. Acerca de la "Desbandada general", véase "El ejército de Aznar", El País Domingo, 16/6/1996, pp. 1-3.

[44] "PP, CiU y CC proponen criminalizar la objeción de conveniencia'", El País, 17/2/1998, p. 19. Este año el número de objetores podría ser de 180.400, en el supuesto de prosiga la tendencia de enero y febrero, meses en los que se han presentado 18.378 solicitudes, un 41% más que en el mismo período de 1997 (13.402) ("Este año habrá más objetores haciendo la prestación que reclutas en la mili", El País, 21/3/1998, p. 18).

[45] "La objeción de conciencia se dispara en octubre y roza las 110.400 solicitudes en sólo diez meses", El País, 11/11/1997, p. 18.

[46] "Carlos Lesmes, director general de Objeción de Conciencia. 'La objeción no perjudica al servicio militar'", Revista Española de Defensa, nº 121, marzo 1998, pp. 16-17 y "Este año habrá más objetores haciendo la prestación que reclutas en la mili", El País, 21/3/1998, p. 18.

[47] "El Ejército sólo necesita a uno de cada seis jóvenes que deben hacer la mili hasta el 2402", El País, 9/3/1998, p. 15.

[48] "CiU y PP pactan igualar la duración del servicio civil con el militar", El País, 15/9/1997, p. 15.

[49] "El Ejecutivo quiere que la ley impida declararse objetor de conciencia tras el sorteo de la mili", El País, 24/10/1997, p. 19.

[50] "CiU rechaza que se prohíba a los jóvenes hacerse objetores tras el sorteo de la mili", El País, 25/10/1997, p. 16.

[51] Ibídem.

[52] "La objeción de conciencia se dispara en octubre y roza las 110.400 solicitudes en sólo diez meses", El País, 11/11/1997, p. 18.

[53] Ibídem.

[54] "Una sentencia del Supremo exime de la prestación a los objetores que no sean llamados en 14 meses" y "La justicia se adelanta al Parlamento", El País, 28/2/1998, p. 18.

[55] "85.400 objetores dejarán de hacer la prestación entre julio y septiembre gracias a la nueva ley", El País, 19/6/1998, p. 26.

[56] VAN DER MEULEN y MANIGART, art. cit., pp. 323-324.

[57] "Unos 15.400 jóvenes elegidos por sorteo se librarán de hacer la mili el próximo año", El País, 1/10/1997, p. 23 y "Resucitada la figura del excedente de cupo", El País, 11/10/1997, p. 15.

[58] "CiU rechaza que se prohíba a los jóvenes hacerse objetores tras el sorteo de la mili", El País, 25/10/1997, p. 16. Sobre el polémico sorteo del excedente de cupo, ver "El Defensor del Soldado denuncia que el sorteo de excedente de cupo 'no ha sido igualitario'", El País, 13/11/1998, p. 20; "PSOE, CiU e Izquierda Unida exigen que se repita el sorteo de la mili por 'discriminatorio'", El País, 14/11/1997, p. 20; "Sorteo sin salida", El País, 15/11/1997, p. 12; "Serra admite que el sorteo de la mili ha sido deficiente, pero cree contraproducente repetirlo, El País, 15/11/1997, p. 19; "Serra logra la comprensión nacionalista para no repetir el sorteo de la mili", El País, 26/11/1997, p. 21; y "Serra releva al general responsable del polémico sorteo del servicio militar", El País, 27/1/1998, p. 20.

[59] "El PSOE pide que se adelante al año 2400 el fin de la mili", El País, 27/10/1997, p. 17.

[60] "El Congreso decidirá el martes si la insumisión deja de ser un delito", El País, 13/12/1997, p. 23; "PP, CiU y CC se opondrán hoy a despenalizar la insumisión", El País, 16/12/1997, p. 13; y "El Congreso rechaza por un solo voto que la insumisión deje de ser delito", El País, 17/12/1997, p. 21.

[61] "Malestar militar por que se tolere la insumisión", El País, 17/2/1998, p. 19.

[62] Sobre este asunto, véase "PP, CiU y CC proponen criminalizar la objeción 'de conveniencia'", El País, 17/2/1998, p. 19.

[63] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1998, Vi Legislatura, nº 135, pp. 7.073-7.85 y "El Congreso aprueba por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos", El País, 18/2/1998, p. 20.

[64] "Jueces para la Democracia reclama la excarcelación inmediata de los insumisos", El País, 26/2/1998, p. 22.

[65] "El Gobierno indulta a 14 insumisos y se compromete a generalizar la medida", El País, 7/3/1998, p. 16. Acerca del futuro del sedicente "movimiento antimilitarista post-insumiso", véase AGIRRE ARANBURU, Xavier, AJANGIZ, Rafael, IBARRA, Pedro, y SAINZ DE ROZAS, Rafael, La insumisión. Un singular ciclo histórico de desobediencia civil, Madrid, Tecnos, 1998, pp. 157-167.

[66] "El Gobierno ha indultado a 68 insumisos, ninguno de los 60 que están en prisión", El País, 21/3/1998, p. 18.

[67] "El Congreso respalda la excarcelación de todos los insumisos", La Rioja, 26/6/1998, p. 37.

[68] La frase "Elige tu destino" forma parte de un anuncio del Ministerio de Defenesa sobre las Fuerzas Armadas profesionales. En éste se dice también: "Cuando hay tanto en juego, se necesitan profesionales que nos permitan estar con fuerza en Europa y en el mundo. Unas Fuerzas Armadas profesionales dedicadas a defender y proteger la vida y la paz de todos los españoles, garantizar nuestros compromisos internacionales y participar en las tareas humanitarias de las Naciones Unidas. Trabajan duro para que tú no tengas que preocuparte. Reciben una completa formación y un sueldo. Su carrera es el ejército. Incorpórate. Es tu oportunidad..." (El País, 24/11/1997, p. 23).

[69] "La profesionalización del Ejército requiere más de 80.400 aspirantes a soldado al año", El País, 24/2/1997, p. 15.

[70] "La caída del número de aspirantes pone en riesgo la profesionalización de las Fuerzas Armadas", El País, 13/10/1997, p. 18.

[71] "El Gobierno asegura que suprimirá la mili antes del año 2403", El País, 27/9/1997, p. 15.

[72] "Defensa facilitará los datos de dos millones de jóvenes a una empresa de publicidad", El País, 30/3/1998, p. 15 y "Defensa consulta si es legal la cesión de las direcciones de dos millones de jóvenes", El País, 31/3/1998, p. 18. Acerca de la primera incorporación correspondiente a 1998, véase "Más de 18.400 plazas para soldados profesionales", Revista Española de Defensa, nº 121, marzo 1998, pp. 14-15. Según el director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Jesús María Pérez Esteban, la proporción de cuatro candidatos por plaza es "más que aceptable" (ibídem).

[73] Desde un punto de vista comparativo, hay que subrayar que en Bélgica se produce una sobrerrepresentación de los jóvenes francófonos que, además, tienen un nivel educativo relativamente bajo, lo que concuerda con la tradicional identificación de la población francófona con los militares (VAN DER MEULEN y MANIGART, art. cit., p. 327).

[74] "Aznar impide que se difunda el documento que define la política de defensa del Gobierno", El País, 24/2/1997, p. 15. Entre los temas que abordó el ministro de Defensa en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados del 26 de febrero de 1997, figuraba la proyección de la "necesaria conciencia de defensa" a través del IEEE ("Interés parlamentario por la defensa", Revista Española de Defensa, nº 109, marzo 1997, pp. 12-13 y Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1997, VI Legislatura, nº 63, pp. 3.111-3.112). Sobre el "nuevo" IEEE, véase el artículo de su secretario permanente, General de Brigada Miguel Alonso Baquer, "El Instituto Español de Estudios Estratégicos", Revista Española de Defensa, nº 109, marzo 1997, p. 23. Entre las obras de Miguel Alonso Baquer podemos citar las siguientes: El Ejército en la sociedad española, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1971; El modelo español de pronunciamiento, Madrid, Rialp, 1983; Las preferencias estratégicas del militar español, Madrid, Servicio de Publicaciones del EME, 1985; El militar en la sociedad democrática, Madrid, Eudema, 1988; Estrategia para la defensa. Los elementos de la situación militar en España, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1988; y D. Manuel Azaña y los militares, Madrid, Actas, 1997.

[75] La incipiente doctrina sobre la supuesta falta de conciencia de la defensa nacional descansa en otra hipótesis sumamente peligrosa: la ausencia de conciencia nacional en la sociedad española. Sobre este asunto véase la comparecencia del ministro de Defensa ante la Comisión Mixta del día 10 de diciembre de 1996, ya citada, en la que llegó a afirmar que "la conciencia de defensa descansa en la conciencia nacional subyacente" (loc. cit., p. 499) y el artículo del presidente de la misma, Alejandro Muñoz Alonso, publicado en la Revista Española de Defensa con el título de "Unas nuevas Fuerzas Armadas" (nº 107, enero 1997, pp. 26-29), en el que aseguraba: "Se ha perdido en España, por múltiples causas (?), la conciencia de la necesidad de defensa. Seguramente porque se ha perdido conciencia nacional, hasta extremos difícilmente inteligibles en una Nación de tanta solera como la nuestra", agregando a continuación: "Se impone ahí una amplia tarea nacional que recupere y valore nuestra propia identidad" (p. 28). Por el contrario, a mi juicio, la supuesta pérdida de la "conciencia nacional" no es la causa de la (insistimos) hipotética falta de conciencia de la defensa nacional, como he apuntado más arriba. Otro alto cargo del Ministerio de Defensa que se ha referido al "debilitamiento" de la conciencia de defensa nacional es el subsecretario del Ministerio, Adolfo Menéndez Menéndez, en una entrevista concedida a la Revista Española de Defensa y publicada en diciembre de 1996 ("'Debemos fortalecer la conciencia de defensa nacional'", nº 106, pp. 12-15).

[76] Ver "Los españoles son muy solidarios, algo patriotas y poco militaristas, según una encuesta", El País, 22/5/1997, p. 2 y "Los españoles apoyan el ejército profesional", Revista Española de Defensa, nº 111, mayo 1997, pp. 6-9. Por ello, no es de extrañar que en el editorial de esta revista oficial dedicado a comentar esta encuesta se afirmara tan sólo que "habrá que seguir avanzando en el fomento de la conciencia de la defensa nacional", pero en ningún momento llegaba a asegurar que ésta no existiera en nuestro país ("Respaldo a la profesionalización", Revista Española de Defensa, nº 111, mayo 1997, p. 5).

[77] Cit. en "El Gobierno quiere utilizar la escuela para fomentar 'el espíritu militar'", El País, 10/11/1997, p. 22. Como consecuencia de la publicación de este documento, Manuel Alcaraz, diputado de Nueva Izquierda, pidió a la ministra de Educación y Cultura que compareciera en el parlamento para explicar estos planes. Véase el artículo de este diputado titulado "Militarismo, educación y propaganda", El País, 12/12/1997, p. 22.

[78] "Defensa niega que quiera fomentar el 'espíritu militar' en la escuela", El País, 11/11/1997, p. 18. La cursiva es mía.

[79] "Defensa invita a directores de colegios de secundaria a visitar los cuarteles", El País, 16/11/1997, p. 30.

[80] Ibídem. Sobre la conciencia de la defensa nacional, ver "Defensa y sociedad", "Hacia una conciencia de defensa nacional", y "Asociaciones, un apoyo necesario", Revista Española de Defensa, nº 117, noviembre 1997, p. 5, 6-11, y 12-13, respectivamente.

[81] "La cultura de defensa, en las aulas", Revista Española de Defensa, nº 121, marzo 1998, pp. 18-20 y Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Educación y Cultura, Año 1998, VI Legislatura, Nº 377, pp. 11.089-11.096.

[82] Orden 13/1998, de 22 de enero, por la que se crea el Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la conciencia de defensa", Boletín Oficial del Estado, nº 28, 2/2/1998, p. 3.477.

[83] "La cultura de defensa, a debate", Revista Española de Defensa, nº 122, abril 1998, pp. 14-16 y Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Defensa, Año 1998, VI Legislatura, Nº 397, pp. 11.712-11.717.

[84] "Defensa facilitará los datos de dos millones de jóvenes a una empresa de publicidad" y "Anuncios en catalán y vasco", El País, 30/3/1998, p. 15 y "Defensa consulta si es legal la cesión de las direcciones de dos millones de jóvenes", El País, 31/3/1998, p. 18. Sobre las mujeres militares, véase FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina, Las militares españoles. Un nuevo grupo profesional, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.

[85] "La Guardia Civil también cumplirá misiones militares en tiempo de paz", El País, 31/3/1997, p. 16. La Guardia Civil cuenta con 73.400 agentes en activo y 20.400 en la reserva. En caso de movilización, el Ministerio de Defensa prevé que la Guardia Civil sea el primer refuerzo de las Fuerzas Armadas (ibídem). El Título VI, "De la Guardia Civil", de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar, dispone que "En tiempo de paz, el Cuerpo de la Guardia Civil dependerá del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza se le encomienden, y del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones relativas al orden y la seguridad pública (...)" (Art. 38) y que "En tiempo de guerra, y durante el estado de sitio, la Guardia Civil dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa" (Art. 39) (SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo, ed., Legislación sobre Defensa nacional, Madrid, Tecnos, 1988, p. 42). En la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional de 1989 se reafirmaba el carácter militar de los miembros de la Guardia Civil (MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la Legislatura (1986-1989), Madrid, Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, 1989, pp. 147-148), que, en consecuencia, sigue siendo un Cuerpo infiel a su nombre y origen y, lo que es más grave, probablemente inconstitucional. Sobre la creación de la Guardia Civil a medidados del siglo XIX, véase LÓPEZ GARRIDO, Diego, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Barcelona, Crítica, 1982 y LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 1987. Esta obra se refiere también a la Guardia Civil actual.

[86] Desde la primavera del año pasado no se ha vuelto a saber nada más acerca de este proyecto.

[87] "Haber sido militar será requisito para ingresar en cualquier cuerpo policial", El País, 22/12/1997, p. 16.

[88] "Rechazo general a que sólo los ex militares puedan ser policías", El País, 23/12/1997, p. 23. Sobre este asunto, véase el editorial de El País titulado "Comisarías y cuarteles", 23/12/1997, p. 14.

[89] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 21/5/1998, nº 209, p. 7

[90] "La segunda cita entre Aznar y Almunia confirma las profundas diferencias entre Gobierno y PSOE", El País, 27/9/1997, p. 13.

[91] "CiU rechaza que se prohíba a los jóvenes hacerse objetores tras el sorteo de la mili", El País, 25/10/1997, p. 16.

[92] "El PSOE pide que se adelante al año 2400 el fin de la mili", El País, 27/10/1997, p. 17.

[93] "El PSOE esgrime otro informe de Barea que propone reducir 10.400 mandos militares", El País, 31/10/1997, p. 18. Como se puede observar, estas informaciones son contradictorias, puesto que, a pesar de que se propone una reducción del número de mandos, el de efectivos sigue siendo el mismo.

[94] "Almunia ofrece al PP un pacto sobre el Ejército", El País, 27/1/1998, p. 20.

[95] "El PSOE amenaza con romper la negociación sobre el Ejército profesional", El País, 16/2/1998, p. 21.

[96] "La reunión deja claro que continúan las discrepancias", El País, 18/2/1998, p. 13.

[97] "El PSOE califica de 'tomadura de pelo' la oferta del PP sobre la mili", El País, 28/3/1998, p. 13.

[98] "Aznar no aceptará 'comportamientos no correctos' en el Cesid", El País, 5/4/1998, p. 23.

[99] "El PP propone que los varones que hoy tienen 15 años sean los últimos llamados al servicio militar", "Un ejército con 160.400 a 170.400 efectivos por 1,3 billones", El País, 21/12/1997, p. 19 y "Haber sido militar será requisito para ingresar en cualquier cuerpo policial", El País, 22/12/1997, p. 16. Acerca de la postura de Nuevas Generaciones, véase "Los jóvenes del PP presionan a Serra para que adelante el Ejército profesional al 2401", El País, 9/2/1998, p. 27.

[100] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 21/5/1998, Nº 209, 18 pp.; "El PNV no se suma al consenso del PP y sus socios sobre el Ejército profesional", El País, 12/5/1998, p. 19; y "Sólo el PSOE e IU se opusieron al nuevo modelo de Ejército profesional", ABC, 12/5/1998, p. 28.

[101] La cursiva es mía.

[102] Según Miguel Ángel Aguilar, del dictamen "han desaparecido las cifras económicas porque CiU ha preferido eliminar todo compromiso presupuestario" ("Rompan filas", El País, 2/6/1998, p. 20).

[103] Sobre el dictamen de la Comisión Mixta, véase "El Parlamento diseña las FAS del futuro", Revista Española de Defensa, nº 123, mayo 1998, pp. 6-9.

[104] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 21/5/1998, Nº 209, p. 17. Véase el "Informe aporbado por la ponencia, creada en el seno de la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio" en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 5/5/1998, nº 201, 7 pp.

[105] Véase "Enmiendas presentadas al Informe aprobado por la Ponencia creada en el seno de la Comisión Mixta, no permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio" en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 18/5/1998, nº 202, 24 pp.

[106] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1998, VI Legislatura, nº 165, pp. 8.792-8.807 y "Defensa califica de 'compleja' la petición de la juez del 'caso HB'", El País, 29/5/1998, p. 23.

[107] "Profesional y moderno", El País, 11/12/1996, p. 12. A la inversa, en la comparecencia del ministro de Defensa en el Congreso de los Diputados para explicar el contenido de la nueva Directiva de Defensa Nacional, Eduardo Serra dijo que, según la encuesta del CIS citada más arriba y cuyos resultados no habían sido remitidos todavía al Congreso, el 60% de los españoles estaba dispuesto a que aumentara el presupuesto de Defensa con el objeto de que se pudiera suprimir el SMO ("El ministro de Defensa asegura que la mitad de los españoles daría la vida por la patria", El País, 8/5/1997, p. 18). Sin embargo, el ministro no aclaró en cuánto estaban dispuestos los españoles a que aumentara el presupuesto del Ministerio, ni si estaban a favor de que dicho incremento supusiera una merma del gasto social. Finalmente, el ministro presentó los resultados de la encuesta en el Congreso de los Diputados el 21 de mayo ("Los españoles son muy solidarios, algo patriotas y poco militaristas, según una encuesta", El País, 22/5/1997, p. 2). Además de todo lo que decía, de una forma un tanto sensacionalista, este titular, es evidente que los encuestados eran también bastante contradictorios, pues, mientras que el 35,6% de los mismos opinaba que los militares no tenían medios suficientes, sólo el 13,6% entendía que el "presupuesto de defensa" fuera insuficiente (ibídem). Los resultados de esta encuesta fueron ampliamente comentados en "Los españoles apoyan el ejército profesional", Revista Española de Defensa, nº 111, mayo 1997, pp. 6-9.

[108] En la encuesta citada más arriba, el 71,1% de los entrevistados opinaba que no había ningún país que representara una amenaza militar para España, el 12,9% entendía que sí, y el 16% no sabía o no contestaba. De los que creían en la existencia de una amenaza militar, el 43,7% de los entrevistados citaba a Marruecos; el 11,9%, a los países árabes; el 11,8%, a los Estados Unidos; y el 6,4%, a Rusia ("Los españoles son muy solidarios, algo patriotas y poco militaristas, según una encuesta", El País, 22/5/1997, p. 22).

[109] Véase "Documentación. Suplemento especial", Revista de la OTAN, Nº 1, primavera 1998, p. 16, cuadro 6.

[110] Ibidem.

[111] Cit. en GARCÍA DE LA CRUZ, art. cit., p. 61, n. 24.

[112] VAN DER MEULEN y MANIGART, art. cit., p. 326.

[113] Véase el apartado 3º, "Rasgos básicos del nuevo modelo de tropa y marinería profesionales", del dictamen de la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, VI Legislatura, Serie A: Actividades Parlamentarias, 21/5/1998, Nº 209, pp. 6-7).

[114] VAN DER MEULEN y MANIGART, art. cit., pp. 325-326.

 

bandera_movimiento2 "POR LA UNIDAD, GRANDEZA Y LIBERTAD DE ESPAÑA"

"ESPAÑA UNA, EUROPA GRANDE, EL MUNDO LIBRE."