El precio de la libertad. El problema del coste de la profesionalización de las Fuerzas Armadas

La profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas presentó en especial un problema, según Navajas Zubeldia: el de su coste. El problema de la financiación fue subrayado por los mandos militares, quienes alegaban que el proceso de profesionalización sólo podría aplicarse por medio de un incremento sustancial del presupuesto del Ministerio de Defensa, que, sin embargo, era -y sigue siéndolo- difícilmente compatible con la reducción del déficit público y con la distribución actual del gasto público.

El problema del coste dio lugar a una auténtica guerra de cifras. Inicialmente se filtró que la profesionalización de unas Fuerzas Armadas de 150.000 efectivos tendría un coste adicional de 48.000 o 50.000 millones de pesetas anuales o un 5% del presupuesto de 1995. No obstante, el coste total tenía que ser forzosamente mayor, pues en el mismo había que contabilizar no sólo el incremento de los gastos de personal, sino también los de material, siempre y cuando se quisiera tener unas Fuerzas Armadas profesionales y eficientes. En efecto, según fuentes del propio Ministerio de Defensa, el coste adicional mínimo del nuevo modelo de Fuerzas Armadas sería de 100.000 millones de pesetas anuales, pues, aunque sólo las retribuciones superarían dicha cantidad, se estimaba que podría ahorrarse en manutención y uniformes. Sin embargo, a juicio de otras fuentes, el coste tendría que ser el doble que el anterior, esto es, de 200.000 millones de pesetas anuales, pues las mismas consideraban que los salarios que estaban sirviendo de base para la realización de estos cálculos (cerca de 1,5 millones de pesetas anuales de media) no eran realistas ni competitivos. Asimismo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas exigiría incrementar los gastos de material -como decíamos anteriormente-, por lo que el Ministerio de Defensa quería que su presupuesto pasara del 1,1% del PIB hasta el 1,5%, es decir, 300.000 millones de pesetas anuales más que en 1996.

Por el contrario, las cifras incluidas en un informe confidencial de la Secretaría de Estado de Administración Militar de 19 de febrero de 1992 no casan con las anteriores. Así, dicho informe decía en uno de sus pasajes: La posibilidad de mantener unas Fuerzas Armadas de 170.000/180.000 efectivos con unos niveles de eficacia similares a los de los Ejércitos más modernos, requiere aplicar un esfuerzo presupuestario que tienda hacia el 2% del PIB. En el supuesto de que ello no fuera viable, habría que reconsiderar una vez más la entidad de nuestras Fuerzas Armadas y si, por ejemplo, el presupuesto se mantuviera únicamente en torno al 1,4% del PIB, como en ese ejercicio, habría que someter al Parlamento la propuesta de rebajar el personal militar a una entidad en torno a 120.000/130.000 efectivos. Además, hay que tener presente que, de los 130.000 hombres, 61.000 habrían sido soldados de reemplazo, por lo que es difícilmente imaginable que con el 1,5% del PIB se pudieran sostener unas Fuerzas Armadas absolutamente profesionales de 150.000 efectivos. (Se hablaba en este informe en base a unas Fuerzas Armadas Mixtas)

A esta guerra de cifras sobre el coste adicional de la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, se sumó el propio ministro de Defensa del Gobierno popular, Eduardo Serra, a finales de 1996, cuando dijo que sería tan sólo de 150.000 millones de pesetas, cantidad que, sin embargo, dependería de la alternativa que eligiera la comisión parlamentaria encargada de estudiar dicho proceso.

Sin embargo, sólo un día después de que hiciera estas declaraciones, el mismo ministro presentó ante los medios de comunicación un estudio hecho por su Departamento sobre el coste de la profesionalización que contradecía la cifra anterior. En efecto, en este informe se contemplaban básicamente cuatro escenarios o modelos, que, clasificados por orden creciente de su coste, son los siguientes: primero, unas Fuerzas Armadas integradas por 100.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido a partes iguales (50%-50%) entre gastos de personal y material, y cuyo coste fuera de 1,16 billones de pesetas (1,48% del PIB); segundo, unas Fuerzas Armadas integradas por 130.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido también a partes iguales entre gastos de personal y material, y cuyo coste fuera de 1,26 billones de pesetas (1,61% del PIB); tercero, unas Fuerzas Armadas integradas por 100.000 soldados y marineros profesionales, cuyo presupuesto estuviera distribuido entre un 60% de gastos de material y un 40% de gastos de personal, y cuyo coste fuera 1,45 billones de pesetas (1,86% del PIB); y cuarto, unas Fuerzas Armadas integradas por 130.000 soldados y marineros profesionales, con un presupuesto distribuido de la misma manera que en el escenario anterior (60% de gastos de material por 40% de gastos de personal), y cuyo coste fuera de 1,57 billones de pesetas (2,01% del PIB). Por consiguiente, el coste adicional de unas Fuerzas Armadas profesionales y más o menos modernas podría oscilar entre 290.000 y 700.000 millones anuales más que en 1997, cuyo presupuesto fue de 870.000 millones de pesetas. A todo ello hay que añadir que la relación gasto/efectivo del primer modelo sería de 7,7 millones de pesetas por efectivo; la del segundo, 7 millones; la del tercero, 9,66 millones; y la del cuarto, 8,72 millones de pesetas.

Este informe suscitó la crítica pública de algunos expertos del campo de estudios sobre las Fuerzas Armadas y la Sociedad. Así, según Vicenç Fisas, el incremento de los gastos de personal está razonablemente explicado en el informe del Ministerio de Defensa, pero no así los de material, que obedecen a una simple regla matemática (multiplicar por 1,5 el coste del personal). Fisas criticaba también el número de efectivos de las Fuerzas Armadas profesionales futuribles: este modelo, con su elevado coste, obedece a una obcecación todavía no argumentada, cual es el querer disponer de un macro ejército de 150.000 o 180.000 efectivos, sin que nadie haya justificado la necesidad de disponer de tamaño ejército. ¿Por qué 180.000 y no 84.000 o 50.000 o cualquier otra cantidad más modesta? En pocas palabras, Fisas concluía que el nuevo Ejército profesional sería gigante, carísimo y ofensivo.

Por su parte, Antonio Sánchez-Gijón, un periodista experto en asuntos estratégicos, estimaba que los modelos integrados por 150.000 efectivos requerirían de un presupuesto de 13.500 millones de dólares (1.977.210 millones de pe setas), si se quería alcanzar la relación holandesa de gasto/efectivo, o de 11.550 millones de dólares (1.691.613 millones de pesetas), en el caso de que se pretendiera conseguir la pro- porción francesa. Esto es, con arreglo a este autor, el coste de unas Fuerzas Armadas de 150.000 efectivos sería sensiblemente superior al estimado por el Ministerio de Defensa. Por ello, no es de extrañar que Sánchez-Gijón se haga la siguiente pregunta:

¿la sociedad española está dispuesta a aumentar el gasto de defensa en un 110 o un 120 por cien para alcanzar aquellas ratios, con unos efectivos, no ya de 180.000 sino de 150.000, gastando el tres por cien o más del PIB?. Es preciso observar que, conforme a las cifras facilitadas por este autor, el coste de cada efectivo de las Fuerzas Armadas holandesas es de 13,18 millones de pesetas y el de cada hombre o mujer de los Ejércitos franceses de 11,27 millones.

Estos son los antecedentes económicos de la profesionalización total de los Ejércitos antes de la publicación de la Ley 17/99. Con ello estamos completando el estudio de la misma que podemos comparar con los gastos a los que se ajustaron, nunca llegando al 1,8 % del PIB y que, actualmente, no llega al 0,9 %.

Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería.

Doctor por la Universidad de Salamanca

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