Auditoria del sistema (I). Focos de actuación política interiores

El Gobierno de la Nación.

En “El Arte de Gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno”, editado por Tecnos, se diferencia entre “Gobierno” y “Poder Ejecutivo”, si bien ambos términos se emplean indistintamente en el lenguaje cotidiano. Se afirma que los términos son intercambiables para referirnos al órgano gubernamental, pero ello no quiere decir que las funciones del Gobierno sean meramente ejecutivas, limitándose el Gobierno a poner en acción directrices o resoluciones emanadas de otros órganos. Por el contrario, también realiza tareas a iniciativa propia que, por antonomasia, integran la verdadera función de gobierno. Por ello, se afirma, desde una perspectiva funcional, el término ha recuperado su significado clásico y viene a equivaler a orientación y dirección, impulsando la labor de otros órganos. Se refleja así, continúa, la necesidad de las sociedades modernas de disponer de un centro de coordinación y dirección, no solo de la vida política, sino de las líneas generales, sociales y económicas a seguir por la colectividad. Nuestra Constitución así lo reconoce en su art.97, que resulta definitivo en este aspecto: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar, y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y con las Leyes”.

Dirección equivale a orientación e impulso, de modo que, y según la misma fuente, al atribuir al Gobierno la “dirección de la política”, le atribuye una capacidad de señalar metas, disponer los medios para alcanzarlas, y fijar las prioridades en el uso de tales medios.

Dentro de la función directiva del Gobierno podemos distinguir varias áreas: la de la Política interior, la Administración Civil y Militar, la Política exterior y la Defensa . Las diferencias en los impulsos que el Gobierno trata de dar a una u otra las podemos cuantificar en un monopolio, sin matices, que posee el Gobierno cual es la Ley de Presupuestos del Estado; esta Ley nos puede indicar con una gran aproximación los objetivos marcados a corto, medio y largo plazo en función de la profundidad del análisis que queramos realizar.

En cuanto a la iniciativa legislativa, el Gobierno la comparte con otros titulares, art.87 de la Constitución (Cámaras, iniciativa popular y Comunidades Autónomas), pero la abrumadora superioridad de medios con que cuenta el Gobierno le colocan en una situación de innegable ventaja respecto a otros.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de realizar un estudio de toda aquella normativa de carácter general que influye en los procesos de los cambios de criterio de solidaridad Nacional, para su comparación con las de aquellas Comunidades Autónomas en las que los resultados no son los más favorables para la Defensa Nacional.

Los Gobiernos Autónomos. 

La organización territorial autonómica supone que no pueda hablarse ya de un solo poder ejecutivo. La división competencial efectuada por la Constitución y los Estatutos de Autonomía supone que hay funciones ejecutivas encomendadas al Gobierno de la Nación y funciones ejecutivas encomendadas al Gobierno de cada Comunidad Autónoma.

Si bien estos no tienen autoridad legal en materia de Defensa, sí que tienen poder para modificar las variables que influyen sobre los criterios de solidaridad y que influyen directamente en el rendimiento de los procesos relacionados con la misma. De ahí las diferencias tan abultadas en los resultados de las diferentes Regiones Autónomas con respecto a la identidad nacional, base de la Defensa Nacional.

De todo lo expuesto se hace necesario reconocer que las políticas de los Gobiernos Regionales y la actuación de las Administraciones locales para, en comparación con las políticas marcadas por el órgano de la Nación, poder obtener la conclusión de que hay autonomías que han sido desleales con España.

La autonomía de nacionalidades y regiones se diferencia de la autonomía local por el contenido político que posee. El Tribunal Constitucional define las Comunidades Autónomas como “corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política”.

El significado de naturaleza política es la capacidad del titular de la autonomía de impulsar, orientar, dirigir y ejecutar una política propia sobre aquellas materias que caen en el ámbito del autogobierno.

En este sentido, se ha definido la autonomía de las nacionalidades y regiones como “una capacidad de autogobierno que configura a la Comunidad Autónoma como una instancia de decisión política, como un centro de gobierno con capacidad para dirigir políticamente la comunidad que se asienta en su ámbito territorial, gestionando, según dichas orientaciones, sus intereses propios, a través de políticas propias, que pueden ser distintas a las de otras instancias”.

En estas políticas propias y en su materialización en documentos legales, encontramos los procesos que influyen en el de la identidad nacional y, por tanto, en el de Defensa Nacional que han incidido de forma clara en los procesos de destrucción del Estado de derecho en España.

Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería.

Doctor por la Universidad de Salamanca

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5 comentarios

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    • Mendieta en 26 junio, 2020 a las 14:24
    • Responder

    Por fin respondes a mi pregunta, pero me parece que te contradices, dicho con todo el respeto, tu respuesta alude a que no hay separación de poderes, no se si te refieres solo al tiempo de actuación de este ultimo gobierno o a los últimos 40 años, lo cual nos llevaría a considerar como nula la transición, algo que proclama Unidas Podemos, Esquerra o Bildu, pero es que en tu escrito no te refieres a esto, te refieres a la capacidad de las CC.AA. de tener políticas propias y su “materialización en documentos legales (… ) que han incidido de forma clara en los procesos de destrucción del estado de derecho en España” y sobre esto iba mi pregunta, poco tiene que ver esto con esa falta, según tu, de separación de poderes en España, argumento este que vengo oyendo decir durante décadas a los simpatizantes da la actual Sortu, antes HB, y con la cual no estoy de acuerdo, tu veras.

    • Mendieta en 24 junio, 2020 a las 13:58
    • Responder

    ¿Cuales son, en tu opinión, los procesos de destrucción del ESTADO DE DERECHO en España?, porque yo el que la CC.AA. gestionen la sanidad o parte, mínima, de la educación no me parece que de para tanto. Las libertades individuales y colectivas, ESTADO DE DERECHO, no lo acabo de ver en peligro, ¿tu si?. Ya les habria gustado a mis padres, abuelos y bisabuelos haber tenido una situación similar a la actual durante toda su vida.

    1. Las libertades colectivas no existen como tal, no existen los derechos colectivos, son derivadas de las libertades individuales. No se puede juzgar con mentalidad del siglo XXI la situación de nuestros abuelos y bisabuelos porque a lo mejor ellos eran más felices, en su época con sus limitaciones, que nosotros.

        • Mendieta en 25 junio, 2020 a las 17:14
        • Responder

        Aparte del reconocimiento por la ONU en 1966 de ciertos derechos colectivos, los cuales pueden ser discutidos, los hay vigentes, y totalmente defendibles, como por ejemplo el derecho de cualquier colectivo religioso a practicar su religión colectivamente, no solo en solitario, o el derecho de la familia, que es un colectivo, a criar a sus hijos según sus convicciones, o el derecho, recientemente ejercido por culpa de covid19, a la salud del colectivo medico cuando un juez obligo a un infectado, que no quería ingresar en un centro medico, a internarle y a tratarse medicamente, poniendo por encima el derecho a la salud del colectivo medico al derecho y de toda la ciudadania al derecho individual a la libertad del paciente.
        De todas maneras has cogido el rábano por las hojas, te has quedado en lo anecdótico, para no contestar a mi pregunta que es muy clara ¿cuales son esos procesos, según tu, de destrucción del estado de derecho en España?. En cuanto a nuestros padres, abuelos y bisabuelos, yo hablo de los mios que son los que conozco y se cuales fueron sus circunstancias y como fue el desarrollo de sus vidas, similares a la gran mayoria de las familias vecinas, de escalera, barrio y localidad, y te aseguro que no estaban ni remotamente satisfechos ni felices con las circunstancias que les tocaron vivir, ellos hubiera preferido algo mas similar a lo actual, no se los tuyos, eso tu sabrás.

        1. No tengo ganas ni tiempo para explicartelo. Si te hubieras leído mi tesis cuando me lo dijiste que ibas a hacer y yo te lo ofrecí, quizás dijeras menos tonterias como la de que ir a misa es un derecho colectivo. Te paso el estudio que realicé con ocasión de mi presentación de tesis.

          Se hace necesario, antes de definir y analizar la identidad nacional, determinar, por su trascendencia en este estudio, qué postura tomar ante la discusión teórica de la existencia o no de derechos colectivos o, de la necesidad de reconocerlos normativamente.
          47 Smith, A, “La identidad nacional”, Madrid, Trama, 1997, p17.

          Las críticas a los derechos colectivos han sido y son tan abundantes que Javier Pérez Royo ha llegado a decir que “los derechos colectivos son, jurídicamente, un disparate. Políticamente, son la antesala de la barbarie”. 48 Por otro lado, un jurista nada proclive a veleidades comunitaristas, como John Rawls, afirma que los principios de justicia del derecho de gentes para las sociedades liberales y democráticas incluyen, entre otros, los principios de que “los pueblos (organizados por sus gobiernos) son libres e independientes y su libertad e independencia han de ser respetadas por los otros pueblos” y que los “pueblos tienen el derecho a la legítima defensa pero no el derecho a la guerra”. 49
          Según Nicolas López Calera, “el derecho internacional más actual está, en el nivel de principios y también de los pactos e incluso de las normas, lleno de referencias a derechos colectivos y no sólo de los Estados, sino también de otros sujetos colectivos, si bien ya no con la extensión y rigor que presenta respecto a los Estados”. 50
          En la Carta de Naciones Unidas, en su Preámbulo se hace alusión a los “derechos fundamentales” “de las naciones grandes y pequeñas”. El artículo 1º-2 trata del respeto “al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos” y en el artículo 55 se vuelve a reconocer el principio de “la igualdad de derechos (entre las naciones) y al de la libre determinación de los pueblos”.
          Dichos artículos no dejan de ser, según algunos sectores doctrinales, continúa este autor, una declaración de principios y no de derechos, siendo, a lo más un derecho que sólo puede ser acordado por los Estados, pero no ejercido por una colectividad sin intervención estatal, siendo de tal manera que no se encuentran reconocidos ni en la Declaración Universal de 1948 ni en la Convención Europea 51. Lo que dice la Carta es demasiado equívoco y genérico como para ser tenido como un “derecho”.
          48 Pérez Royo, J., “La antesala de la barbarie”, en El País, 17-12-1998.
          49 Rawls, J., “El derecho de gentes”, Madrid, Trotta, 1998, p.59.
          50 López Calera, N., “¿Hay derechos colectivos?, Barcelona, Ariel, 2000, p. 38.
          51 Calogeropoulus-Stratis, S., “Le droit des peuples a disposer d`eux-mêmes”, Bruselas, Emyle Bruilant,
          1973, pp. 137-138

          Su misma ambigüedad y vaguedad impiden expresarlo en términos jurídicos y acrecientan su inconsistencia conceptual y, desde luego, su falta de legitimidad política, entre otros motivos porque tal concepto exigiría definir conceptos tan indefinibles como los de “nación” y “pueblo” 52. Robert Dahl afirma que si bien no hay “una” definición de pueblo, “la presunción de que ya existe “un pueblo” y los demás supuestos que ella genera forman parte de la teoría difusa de la democracia” 53.
          Sin embargo, la práctica jurídica y política se ven influidas por principios y, estos, van adquiriendo forma jurídica. Así la Resolución 1514(XV) de 14 de diciembre de 1960 estableció: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. La Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970 decía: “ En virtud del principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia interna, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar ese derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta”. Estas resoluciones pudieran hacer doctrina jurídica si se definiera el sujeto de las mismas, siempre indeterminado dentro de un orden jurídico escasamente formalizado y con condicionantes políticos muy fuertes, siendo consideradas por los críticos como una
          respuesta a la gran descolonización que tiene lugar entre los años 40 y 70.
          Afirmar o negar que hay derechos colectivos exige responder a dos cuestiones según Nicolas López Calera 54:
          1.- La primera es el sentido y valoración de las comunidades en las que se inserta el ser humano: las comunidades como determinantes de la constitución de los órdenes normativos para la realización individual.
          52 Ruiloba Santana, E., “Una nueva categoría en el panorama de la subjetividad internacional: el concepto de pueblo”, 1979, en Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, Madrid, Tecnos vol. I, pp. 303-336.
          53 Dahl, R. A., “La democracia y sus críticos”, Barcelona, Paidós, 1992, p.12.
          54 López Calera, N., op. Cit., p. 77.

          2.-La segunda es el sentido y valoración que puede tener la tesis de que las comunidades tengan derechos: la cuestión de si los sujetos colectivos pueden ser titulares de derechos.
          Michael Hartney profundiza de forma crítica en el concepto de derechos colectivos preocupado por las confusiones que existen sobre este concepto 55.
          Realiza el análisis partiendo del sentido de las comunidades desde el punto de vista sociológico, ético y jurídico y, particularmente, de la relación colectividades-derechos.
          Los defensores de los derechos colectivos suelen hacer la siguiente argumentación 56:
          1.- Las comunidades son bienes, tienen valor.
          2.- Por ello, las comunidades deben ser protegidas.
          3.- Por ello, las comunidades tienen derechos (a la existencia, etc).
          Los dos primeros argumentos pueden resolverse sin necesidad de utilizar la terminología de los derechos colectivos. El tercer argumento implica tres cuestiones:
          1ª.- ¿Tiene sentido hablar de los grupos como titulares de derechos?.
          2ª.- ¿La protección de los grupos debe tomar la forma de ciertos derechos legales colectivos?.
          3ª.- ¿Se podría reconocer la importancia moral a ciertas comunidades, aceptar la existencia de derechos colectivos morales y al mismo tiempo negar la conveniencia de reconocerles derechos legales?.

          55 Hartney, M., “Some Confusions Concerning Collective Rights”, Oxford University Press, Nueva York, 1995,pp. 203-204
          56 López Calera, N., op. Cit., p. 78.

          A la primera de las tres cuestiones nos responde J. Raz, dentro de su respetoa la teoría liberal, cuando mantiene que los derechos colectivos existen sólo cuando sirven a los intereses de los individuos. Raz afirma que los intereses colectivos son una mera forma de hablar, una forma de atender los intereses individuales que surgen de la pertenencia de los individuos a las comunidades 57.
          La segunda y tercera cuestión la trata Hartney, siendo su punto central la cuestión conceptual, estos es, si los derechos colectivos son posibles 58, tratando muy superficialmente
          la cuestión sustantiva, esto es, si deben existir, si las comunidades deben tenerlos.
          La cuestión fundamental de este debate sobre la existencia de derechos colectivos está en la misma conceptuación y valoración de la “comunidad” en la conformación de la vida humana, esto es, en la naturaleza de los grupos y las comunidades.
          Hay comunidades que simplemente son necesarias y otras, en cambio, llegan a estar ligadas a la identidad de los sujetos individuales. Tal concepción es lo que se puede llamar,
          según Hartney, “el individualismo como valor”. Sólo la vida de los seres individuales tiene un valor último y las entidades colectivas derivan su valor de su contribución a las vidas de los individuos 59. En oposición a esta teoría tenemos la que se denomina “colectivismo como valor”, que sostiene que una entidad colectiva puede tener valor independientemente de su contribución al bienestar de los individuos, que es lo que afirman los comunitaristas 60.
          Según López Calera, N., los bienes colectivos pueden ser muy diversos, siendo alguno de ellos de disponibilidad colectiva, en el sentido de que no se pueden poseer sino desde una determinada constitución social. Son bienes cuya característica es la “no exclusividad”. Otros bienes, continúa este autor, consisten en una actividad colectiva.
          Son los que Reaume llama “bienes participatorios 61 .
          57 Raz, J., “The morality of freedom”, Oxford, Clarendon, 1988, p. 208.
          58 Hartney, M., op. Cit., pp. 203-204
          59 Hartney, M., op. Cit., pp. 205-206
          60 MacDonald, M., “Collective Rights and Tiranny, University of Ottawa Quaterly, 1986, pp.115 y ss.
          61 Reaume, D., “Individuals, Groups, and Right to Public Goods”, University of Toronto Law Journal, 1988, p.1.

          Y, por último hay unos bienes que se determinan por la pertenencia a un grupo, bienes de los que sólo se puede disponer colectivamente, como sería la autodeterminación de un grupo étnico 62.
          Ahora bien, no todos los bienes o intereses generan derechos legales 63. Por ello Dworkin rechaza la idea de que la sociedad pueda tener el derecho a hacer cualquier cosa en beneficio público, porque ello significaría aniquilar los derechos individuales.
          Es más, el bien común no tiene mayor peso que los derechos individuales. La comunidad no tiene intereses distintos de sus miembros: “no hay tales intereses” 64.
          En opinión de Hartney, hay tres circunstancias que suelen ser consideradas como determinantes de que un derecho no pueda ser considerado como individual:
          1.- Cuando el objeto del derecho es colectivo.
          2.- Cuando el interés protegido por el derecho es colectivo, y
          3.- Cuando el ejercicio del derecho es colectivo.
          En el primero de los casos se pueden dar tres posibilidades:
          1º.- Si hay un derecho a un bien que se caracteriza porque sólo puede tenerlo un grupo, entonces el derecho tiene que pertenecer al grupo. Según Hartney esta posibilidad tiene consecuencias no aceptables; así, un sistema penal justo es algo que sólo puede tener un grupo, de lo que se desprende que los individuos no tienen ningún derecho a un sistema penal justo y ningún derecho individual sería violado si el sistema penal fuera injusto.
          2º.- Si hay un derecho a un bien público, entonces no puede pertenecer al individuo. Raz establece, en este caso, que es una contingencia entre la naturaleza pública del bien y la naturaleza individual de un sujeto: depende de la carga que otros tengan que soportar para asegurar tal bien.
          3º.- Si hay un derecho a un bien participatorio derivado de una actividad colectiva, entonces no puede pertenecer a un individuo.
          62 Hartney, M., op. Cit., pp. 207-208.
          63 López Calera, N., op. Cit., p. 81
          64 Hartney, M., op. Cit., p. 217

          En este caso se reduce a una decisión individual a participar de ese bien, por ejemplo jugar al mus con unos amigos, y a una aceptación individual de los otros tres componentes de aceptarlo como jugador y por lo tanto este tipo de derechos es otra contingencia, pues depende de la aceptación individual de los cuatro participantes.
          En el segundo de los casos, cuando el interés protegido por el derecho es colectivo, tanto Hartney como Rainer Baubök afirman que “hay una gran diferencia entre decir que la pertenencia individual a un grupo es intrínsecamente valiosa y sostener que es intrínsecamente valioso el propio grupo” 65.
          En el tercero de los casos, cuando el ejercicio del derecho es colectivo, en el que cualquier derecho que no pueda ser ejercido individualmente, afirman los colectivistas, no puede ser individual, Hartney entiende que este principio es demasiado amplio.
          Cuando a los individuos se les impide reunirse o asociarse con otros, es el derecho individual el que se viola, no el de la colectividad.
          En conclusión, la teoría de Hartney es crítica respecto de los llamados derechos colectivos y se resume en que hay muchas confusiones en torno al concepto de derechos colectivos y que tal concepto sirve, pues, para intereses políticos contradictorios, por lo cual no es un concepto positivo para la teoría y la práctica jurídica y en consecuencia debe ser criticado: “Por tanto, no parece ser que haya alguna clase de derecho que no pueda, en principio, ser propia de los individuos. Y así la conclusión es conceptualmente ésta: que no hay derechos morales que sean propios de las entidades colectivas”.

          Respecto a la pregunta que tantas ganas tienes que te conteste te diré que en un Estado de Derecho se dan tres poderes y que en España no son independientes por lo que la Democracia no existe. Sólo te diré eso como ejemplo de los que hay miles.

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