Una teoría crítica de los derechos colectivos: Michael Hartney.

Debo confesar que no están dentro de mis preferencias éticas e ideológicas los fenómenos colectivistas de naturaleza política y jurídica, aunque tampoco estoy en su contra por principio. Soy muy amante de mi libertad y no me gusta colocarla en riesgos innecesarios. Dentro del nuevo milenio, la libertad y la dignidad de los individuos van a depender de manera muy decisiva del “buen hacer” de esos entes colectivos que nos van a rodear por doquier y que son realidades necesarias y benéficas, en principio, moral y políticamente.

Históricamente, dice N. López Calera, los males más graves de la humanidad quizás hayan venido preferentemente de la absolutización de derechos individuales, de individuos concretos que han exaltado sus derechos y han llegado a disponer del destino y hasta de las conciencias de los demás . Esa hipocresía es hoy todavía enorme. Además ese individualismo se esconde bajo las vestimentas de entes colectivos que no son tales, sino disfraces de la prepotencia de unos cuantos individuos que manipulan una voluntad colectiva como está pasando en España tanto desde el Parlamento de Madrid como de los Parlamentos de las comunidades, por poner un ejemplo políticamente endémico, de Cataluña y .

Michael Hartney escribió un artículo denso y atinado sobre el tema, “Some Confusions Concerning Collective Rights” (1995)en el que se profundiza sobre el concepto de derechos colectivos.

Los defensores de los derechos colectivos suelen hacer esta argumentación:
a.- Las comunidades son bienes, tienen valor.
b.- Por ello las comunidades deben ser protegidas.
c.- Por ello las comunidades tienen derechos (a la existencia, etc)

Aquí confluyen tres cuestiones diferentes. La primera se refiere al valor de la existencia de ciertos grupos y a la importancia de protegerlos. Es la que se llama “lue-of-groups-question” cuestión muy importante que puede resolverse sin necesidad de acudir a los derechos colectivos pero que en España está por resolver, en Vascongadas y Cataluña, acudiendo a ellos: el derecho de autodeterminación. La segunda cuestión es si la importancia moral de ciertos grupos puede llevar a afirmar que tienen derechos morales. Esta cuestión implica otras dos; una conceptual, que sería si tiene sentido hablar de los grupos como titulares de derechos, y otra sustantiva, que sería si ciertas comunidades tienen derechos morales colectivos a proteger su existencia, pues se puede reconocer su importancia moral y negar que tienen derechos morales como podría suceder en el caso Vasco y Catalán con determinados grupos. La tercera cuestión es si la protección de los grupos debe tomar la forma de ciertos derechos legales, que a su vez implicaría otras dos cuestiones: una conceptual, que es la posibilidad de existencia de derechos legales colectivos, y otra sustantiva, que es la conveniencia de proteger los grupos invistiéndolos de derechos legales, como se ha realizado con BILDU, y no por medio de reconocimiento de derechos individuales y, por tanto de responsabilidades: no existe el sujeto penal colectivo.

Cualquiera que sean las consecuencias que se quieran extraer, lo que no suele discutirse es la importancia de las comunidades por su “contribución” al bien de los individuos. No es cuestión de discusión la enorme contribución al bienestar de todos los asesinados y victimas del terrorismo que ha tenido el entramado de ETA, entre la que se encuentra BILDU, a la comunidad.

Hay comunidades o grupos que simplemente son necesarias y otras, en cambio, llegan a estar ligadas a la identidad malsana de algunos sujetos individuales, como es el caso de BILDU que arrastra alfafabetas-gente que sabe leer y escribir pero que no comprende lo que lee ni lo que escribe. Tal concepción, las que son necesarias, es lo que puede ser llamado, según Hartney, el “individualismo como valor” (value-individualism). En mi opinión, sólo la vida de los seres individuales tiene un valor último y estas entidades colectivas derivan su valor de su contribución a las vidas de los individuos. La teoría opuesta, que es la que se ha aplicado en España con el problema Vasco y Catalán, es la que se puede llamar “colectivismo como valor” (value-collectivism), aquella que sostiene que una entidad colectiva puede tener valor independientemente de su contribución al bienestar de los individuos, que es lo que afirman los comunitaristas, con los que estoy completamente disconforme.

Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería.
Doctor por la Universidad de Salamanca

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4 comentarios

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    • Mendieta en 1 agosto, 2020 a las 19:14
    • Responder

    Te agradezco el tiempo que te has tomado para contestarme y lo valoro en su justa medida, pero yo, como persona sencilla y no instruida, lo que hacia era preguntarte a ti personalmente que piensas de algo muy simple, si un supuesto derecho colectivo a la salud faculta al Gobierno para anular mi derecho a la libre circulación, yo quiero saber tu opinión, y por favor no me compares la creencia en los derechos colectivos con la creencia en Dios, esta es una boutade impropia de ti, nuestra creencia, o no, en Dios no tiene porque afectar a nuestros semejantes, nuestra creencia, o no, en los derechos colectivos si que afecta, a veces gravemente.

    1. Rechazo visceralmente los derechos colectivos porque en su nombre se han realizado verdaderas burradas como la de los nazis en Alemania o el colectivismo comunista. Creo que vivimos en sociedad y que tenemos derechos y deberes individuales. Todos los supuestos derechos colectivos se pueden tratar como derechos individuales ya que al fin y a la postre todo depende al final de la toma de decisiones individuales. Creo en los deberes derivados de esos derechos individuales y en el deber de solidaridad que tenemos individualmente como personas que vivimos en una sociedad o en sociedad. Así pues, no creo en el derecho colectivo a la salud y si en el deber de ser solidario con el prójimo del que se deriva la obligación personal de limitar mis movimientos lo máximo posible para no perjudicar a otros. En el caso tan excepcional que estamos viviendo el gobierno ha decretado el estado de alarma que en mi opinión no tenía porque decretarse. Existen leyes en España con las que se podía haber tratado el problema sin necesidad de utilizar esta herramienta. No creo en los derechos colectivos ni en un supuesto colectivismo y por tanto creo que el Gobierno no puede anular los derechos individuales ni imponer restricciones a ellos. Sólo está contemplado en la Ley de Estados la limitación de ciertos derechos en el estado de excepción y de sitio. En todos los casos el parlamento deberá seguir funcionando según esta Ley, que no lo ha hecho en nuestro caso. En definitiva, la respuesta es que salvo lo contemplado en las Leyes que los españoles nos hemos otorgado el Gobierno sólo puede limitar mi circulación en aplicación de estas en estados excepcionales pero no apelando a un inexistente derecho colectivo.

    • Mendieta en 30 julio, 2020 a las 13:37
    • Responder

    No nos acabas de aclarar si los derechos colectivos existen o no, por si te puede ayudar a decidirlo y dejando de lado la óptica política, que parece ser la única que eres capaz de valorar, y teniendo en cuenta la situacion en que estamos, yo te preguntaría ¿el derecho colectivo a la salud puede cohartar mi derecho individual a la libre circulación?, ¿puede obligarme a cerrar un negocio temporalmente?, ¿pude impedirme hacer reuniones familiares numerosas?.

    1. Lo primero que conviene es distinguir entre derechos colectivos en general y derechos colectivos fundamentales,
      Existen derechos colectivos en el ámbito privado que corresponden a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otro sujeto colectivo y que no son derechos fundamentales, y que tienen una finalidad de defensa de intereses con dimensiones patrimoniales o simplemente del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva. Su antigüedad, desde Roma en adelante, acredita que son una categoría básica del pensamiento jurídico considerada indiscutible, pero no los que plantean los problemas y las dificultades. Los encontramos en los que se sitúan en el ámbito de los Derechos Humanos. Los derechos colectivos fundamentales son sólo aquellos derechos fundamentales que pueden tener como destinatario o como titular a sujetos colectivos. Deberemos primero, delimitar el ámbito de los derechos fundamentales para posteriormente identificar a los sujetos colectivos que pueden asumirlos.
      En segundo lugar, debemos igualmente distinguir derechos colectivos de competencias. Efectivamente, a veces se utiliza de manera equivocada el concepto “derecho” cuando nos estamos refiriendo a competencias atribuidas a un determinado órgano. Así, se habla de derechos del Parlamento o del Gobierno, cuando en realidad se trata de competencias. Así, se habla del derecho a la potestad legislativa, y se dice que los tribunales invaden ese derecho, cuando en realidad están refiriéndose a una competencia que habilita para mandar. y crear normas en un determinado ámbito, para establecer los contenidos de fuerza que se pueden mandar, los límites y los destinatarios. Esta confusión es uno de los muchos supuestos donde el prestigio intelectual y el arraigo social del concepto “derechos” atrae a otras realidades y a otras situaciones que se nombran como derechos cuando no lo son. En el caso de los derechos colectivos los contenidos de ética pública que los identifican tienen una dimensión individual y una fundamentación última en la idea de dignidad humana. En el caso de las “competencias”, los contenidos de ética pública tienen más una dimensión organizativa y de creación de normas, aunque la racionalización que supone la competencia representa un límite al poder. Incluso en muchos de esos casos suponen competencias para defender. garantizar y positivizar a los derechos. No son sujetos colectivos titulares de derechos sino detentores
      de competencias.
      En tercer lugar, no son derechos colectivos los que aparecen con el proceso de especificación, que comprende los derechos de personas situadas y concretas. Es verdad que esas personas se identifican por pertenecer a un colectivo -mujer, menor, anciano. minusválido o consumidor-, pero estamos ante derechos individuales situados en un colectivo, donde éste marca los límites de la titularidad, pero no es un sujeto colectivo, ni expresa una voluntad colectiva. Hay colectivos de mujeres y de mayores, pero las mujeres o los mayores no son sujetos colectivos.
      Finalmente. tampoco son derechos colectivos aquellas pretensiones morales o aquellas reivindicaciones políticas que, aunque sean razonables y estén justificadas, no caben en la estructura normativa del deber ser jurídico, y solo se pueden construir como pretensiones morales de contenido político. Es, por ejemplo, el caso del derecho a la Paz, o del derecho al desarrollo, que pretenden convenir esos grandes ideales de la humanidad, sentidos por todos, en derechos, por el prestigio y el éxito histórico de nuestro concepto.
      . 3. Procede también identificar el concepto de derechos fundamentales, tanto en su contenido de ética pública y en su finalidad última como en la estructura técnica que lo convierte en viables. Podrá haber derechos colectivos que no se integren en estas categorías, pero no serán, en ningún caso, derechos fundamentales, y en este análisis sólo me ocupo de los derechos colectivos fundamentales.
      Los derechos fundamentales son en primer lugar un depósito de moralidad pública, una pretensión moral justificada basada en la idea de dignidad humana, y se encuentran situados en un contexto de ética pública democrática, liberal, que puede en algunos países ser además social y que condiciona la misma existencia de los derechos. Es decir, que al margen de la Democracia y del Estado de Derecho, tal como aparece en la cultura política y jurídica de la modernidad, no es posible situar derechos fundamentales, ni individuales ni colectivos en plenitud, es decir, con eficacia social Fuera de ese contexto encontramos pretensiones morales de colectivos, de sectores ideológicos o filosóficos que los defienden como moralidad crítica, y que pretenden incorporar al sistema político. Por eso, muchas de esas pretensiones que se llaman derechos y que pueden aparecer como derechos colectivos no lo son en realidad. Si la terminología de los derechos morales es de por sí una terminología confusa en el ámbito de los derechos individuales, y se justifica porque en la moralidad individual
      existen derechos y deberes, y sin perjuicio de que desconoce la distinción entre ética pública y ética privada, esa confusión se acrecienta con los derechos colectivos, donde el referente a la moralidad individual es más difícil y remoto.
      La idea de dignidad humana supone, en la idea kantiana generalmente aceptada, que las personas no tienen precio y no pueden ser utilizadas como medios, sino que son fines en sí. Desde esta raíz ética estable, la más estable desde una ética racional pero histórica, como un depósito de razón en la historia, porque se basa en la condición humana, arranca el fundamento moral de los derechos. Hasta llegar a ellos es necesario reconocer dos dimensiones de racionalidad. Una primera que supone el desarrollo de las razones, que encontramos en nuestra propia condición antropológica para justificar que no tenemos precio y somos seres de fines; y una segunda que traslada a los grandes valores de la ética pública la realización social de nuestra dignidad. Los derechos son una de las dos dimensiones sociales, fundamentalmente subjetivas de desarrollo de esos valores que trasladan como objetivo social la realización de nuestra dignidad: la otra dimensión, objetiva, estructural y organizativa es la Democracia y el Estado de Derecho.
      Por eso los derechos tienen siempre una última dimensión individual,también los derechos colectivos, porque la sede en la que viven es una sociedad personalista. Las sociedades transpersonalistas que colocan el fin último en la propia sociedad y no tienen ese referente individual, no son sede adecuada para los derechos fundamentales. Hablar de derechos colectivos fundamentales en esa clave transpersonalista es un sinsentido. No hay derechos colectivos sin referencia a las personas que lo forman. La razón por la que el articulo 9.2 de nuestra Constitución tiene una gran importancia es porque relaciona a los dos principales valores que pretenden la eficacia social de la dignidad humana. la libertad y la igualdad, con el individuo y los grupos de los que forma parte. En consonancia con lo anterior hay que entender el sentido del artículo 10.1 cuando vincula la dignidad humana con los derechos aunque utilice una terminología que puede inducir a confusión, al usar el término “inherentes”.
      Las razones que. formando parte de nuestra condición antropológica, permiten afirmar que somos seres de fines. “extra commerciun”, es decir, que no tenemos precio. suponen las señas de identidad de la dignidad humana, y son cinco grandes rasgos que sólo poseemos los seres humanos.
      En primer lugar, somos seres capaces de elegir. Tenemos una posibilidad de libertad psicológica que nos permite escoger entre las diversas opciones que se nos presentan: aunque estemos condicionados por nuestras propias limitaciones físicas o intelectuales la propia experiencia humana constata que podemos decir “no”, decir “sí” y decidir entre los varios caminos posibles.
      Somos además seres capaces de razonar y de construir conceptos generales, elevándonos sobre la experiencia empírica. Esa dimensión de nuestra personalidad está en la base de la filosofia y de la ciencia. Por eso decía Pascal que toda nuestra digniidad estaba en nuestro pensamiento.
      Como desarrollo práctico de esos conocimientos somos capaces de realizar creaciones útiles a través de la técnica. En esa misma faceta creativa somos capaces de racionalizar nuestros
      sentimientos y nuestras emociones, en dimensiones de objetivación estética, a través de la música, de la pintura, de la escultura o de la literatura. Tanto la filosofia como la ciencia. como la técnica, creación de la razón, y el arte, creación de nuestros sentimientos, se transmiten a los demás a través de nuestra capacidad de comunicarnos y de dialogar. Esta dimensión de nuestra dignidad permite la valoración de las obras ajenas, las remueven, las reconstruyen por las generaciones posteriores, que a su vez las legan a los que vienen después y así, en la historia, se sitúa la cultura como depósito objetivado, dinámico y evolutivo de las creaciones humanas.
      Finalmente somos seres morales, que tenemos una vocación de autonomía y de independencia para buscar y, si es posible. alcanzar la virtud, el bien, la felicidad o la salvación, para quienes aborden el tema desde una perspectiva de fe religiosa. Ese es el ámbito de la ética privada.
      En cuanto a la existencia de los derechos colectivos cabe decir que hay quien los defiende y, por lo tanto para él existen y hay quien los niega y por tanto no existen como tales. Creo que así te queda claro que la existencia de ciertas cosas en nuestro mundo se fundamentan en el creer en ellas o no, por ese motivo hay quien piensa que Dios existe y para él es una realidad y hay quien lo niega y, por tanto no existe.

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