La opresión estatal y la legitimidad de la ciudadanía

Las tradiciones sobre la han intentado resolver el problema del pluralismo razonable de formas diversas, pero han caído en una insuficiencia fundamental: han trasladado los principios reguladores comunes para la acción del nivel personal al nivel institucional y político. Como resultado las tradiciones sobre la justicia han creído resolver el problema del pluralismo personal pero, de hecho, se han convertido ellas mismas en doctrinas comprensivas. Por lo tanto han entrado a formar parte integrante del pluralismo doctrinal.

De esta primera evidencia científica se sigue esta segunda: el Estado nunca conseguirá articular una sociedad estable y justa si esta orientado por una doctrina comprensiva determinada. El problema de la opresión estatal se refiere, pues, al modo en que tradicionalmente se ha intentado resolver el problema del pluralismo razonable. Expresa la constatación histórica de que solo el uso violento del Estado ha podido asegurar la estabilidad social. La idea básica es que si se considera que la función del Estado es mantener una doctrina, amparados por argumentos de autoridad morales, religiosos o filosóficos, aquél siempre deberá usar la fuerza para conseguir la lealtad de su ciudadanía.

En este contexto, el modelo liberal político expresa un rechazo categórico a la idea de que se pueda alcanzar una sociedad justa y estable dotando al Estado la responsabilidad de asegurar una doctrina comprensiva. Este sería un Estado perfeccionista, que Rawls descarta con contundencia.

El problema de la legitimidad, o del apoyo libre y voluntario, se refiere a que una sociedad justa debe ser voluntaria y libremente respaldada por, al menos, la mayoría de sus ciudadanos.

Para discernir el significado preciso de legitimidad ha de tenerse en cuenta el concepto de estabilidad. Una sociedad para ser estable, debe generar su propio respaldo. A fin de conseguirlo, el modelo liberal político trata de identificar los aspectos objetivos de la persona y de indagar qué principios reguladores de las instituciones seleccionaría. De este modo , se llegaría a un consenso especial, denominado consenso por solapamiento, overlapping consensus, cuya característica distintiva consistiría en no obstaculizar la plasmación de cualquier concepción comprensiva. La legitimidad que se alcanzaría estaría basada en esta común percepción de la razón humana sin que intervengan intereses particulares.

La convicción de haber encontrado la fuente del desacuerdo, tanto en las tradiciones sobre la justicia como en las doctrinas comprensivas y en las concepciones del bien de las personas, determina la defensa del modelo liberal político de justicia propiamente dicho.

Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería. (R)

Doctor por la Universidad de Salamanca

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1 comentario

  1. Buen artículo!!

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