De la picaresca barata al expolio del bien común.

Muchos ciudadanos de este país sienten que los responsables públicos que deberían velar por el interés general de todos lo hacen para beneficio propio o del partido al que representan. Hemos pasado de la picaresca barata al expolio del bien común, los duros recortes nunca llegaron a sus bolsillos, ni al de los bancos, por supuesto.

Llevamos años viendo como las Instituciones del Estado caen en manos de personajes nada fiables, el dinero público es moneda de cambio para tapar todo tipo de corruptelas y financiar ilegalmente a los propios partidos, por este motivo no es de extrañar la desafección hacia nuestros representantes políticos.

Desde aquí no entraremos a desgranar los casos de corrupción, malversación y prevaricación que se instruyen o se juzgan en estos momentos, seria largo y tedioso, pero si queremos denunciar la escasa moral y dignidad de estos personajes y de aquellos que les dan amparo o sencillamente miran para otro lado.

¿Cuántos millones de euros se han dilapidado o sencillamente engordan depósitos y cuentas corrientes en Paraísos Fiscales? Lejos del control de la administración, aquel dinero público que debería servir para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos lamentablemente termina dando buenos rendimientos económicos para aquellos que tenían que administrarlo; pues es de recordar que nunca fue suyo y que el cargo que ocupan sea cual fuere no les da poder para mangonearlo a su antojo, se tienen que rendir cuenta y nunca mejor dicho.

Tenemos que empezar a ser críticos, a ser razonables a cuestionar y denunciar todo aquello que desde los Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Diputaciones, Gobiernos Autonómicos y Gobierno Central, veamos con desconfianza, tenemos y debemos mostrarnos como auditores de lo público exigiéndole a quien corresponda las explicaciones necesarias sobre lo presupuestado y lo gastado, sobre lo que de verdad cuesta y lo que después se paga, hacerse responsable del bien común no es fácil, nadie lo duda, pero recordemos que a los cargos institucionales no se obliga a ningún ciudadano, es por voluntad propia. No podemos caer en la demagogia de que todos hacen lo mismo o que todos son iguales, ni todos hacen lo mismo, ni todos son iguales y es a estos representantes o cargos a los que tenemos que apoyar y ayudar.

«Veamos con desconfianza, tenemos y debemos mostrarnos como auditores de lo público exigiéndole a quien corresponda las explicaciones necesarias sobre lo presupuestado y lo gastado, sobre lo que de verdad cuesta y lo que después se paga»

No ponemos nombre ni a instituciones, partidos políticos, agrupaciones, fundaciones y demás grupos que se sustentan con fondos públicos para no caer en la trampa de hacer favoritismos, ni de ver la paja en el ojo ajeno, la gravedad del tema nos parece enorme para señalar a unos e ignorar a los otros, pero no podemos permitirnos el lujo de seguir engordando “cerdos de dos patas” con dinero público.

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