Beneficiaría a ‘históricos’ de ETA como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abierto una vía legal que, de concretarse en esos términos, podría desembocar en la excarcelación más rápida de medio centenar de presos de ETA que cumplen largas condenas en España por sus delitos, pero a los que se permitiría beneficiarse del descuento de las penas que ya purgaron en cárceles francesas. Este cómputo, avalado por la normativa europea, fue bloqueado por el Gobierno de Rajoy en la ley de transposición 7/2014 con salvaguardas que impedían el aligeramiento, precisamente, de la situación procesal de los reclusos etarras concernidos; en concreto, se vetaba para aquellos internos sentenciados antes del 15 de agosto de 2010, el grueso de estos.
La derogación de este precepto ha sido reclamada de manera recurrente por los abogados de los terroristas en prisión. Ahora, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene encima de la mesa dos iniciativas que, de encaminarse en esta dirección, terminarían precipitando la libertad de los etarras aún en la cárcel que nutrieron en su día las cúpulas clandestinas de la banda en Francia.
Por una parte, el Ministerio de Justicia tramita ya un anteproyecto para modificar la citada ley 7/2014, «sobre el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea». La memoria que acompaña el texto prevé, de modo críptico, «modificar el actual sistema rígido que impide la retransmisibilidad» de las sentencias propias y las dictadas previamente en otros países «por otro más flexible conforme al principio de reciprocidad con arreglo al tratamiento que le dan otros Estados a este parámetro».
LAS DOS LEYES:
Ley 7/2014. Es la norma, de transposición europea, en la Rajoy vetó el descuento de penas para los condenados antes del 15 de agosto de 2010. El Gobierno prevé reformarla ahora a través de un anteproyecto que no alude a los presos terroristas.
Ley 23/2014. Vinculada a la anterior, el Ejecutivo ha incluido su modificación en la agenda normativa para 2022, en referencia a embargos y decomisos y sin citar tampoco a ETA.
El Ejecutivo ha introducido una previsión en su agenda normativa para 2022 para enmendar la ley 23/2014, que es la que regula también «el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea»; de hecho, esta última incluye en su artículo 86 la referencia a la 7/2014. Los objetivos que el Gobierno menciona para reformar la ley 23/2014 tienen que ver con aspectos como las operaciones de decomisos y el embargo de bienes; es decir, no hay constancia de que la pretensión de la Moncloa tenga que ver con los reclusos etarras.
Recelos de las víctimas
Pero la disposición a modular ambos textos legislativos deja abierta la puerta a la hipótesis de que acaben contabilizándose, a favor de los condenados por su vinculación con la organización terrorista, las penas cumplidas en los centros penitenciarios galos. Pese a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado a las víctimas que esa sea la intención última del Ejecutivo, la AVT está persuadida de lo contrario y Covite también recela de la orientación de las reformas legales promovidas.
El ecosistema vinculado a los presos etarras ha convertido el final de lo que denomina «la legislación penitenciaria de excepción» en una de sus banderas reivindicativas, con inclusión explícita de la contabilidad de los años purgados en Francia en la «agenda de resolución del conflicto» vasco.
Junto a ello, la izquierda abertzale ha vinculado su apoyo a la continuidad del mandato de Sánchez en la Moncloa, entre otras cosas, a la búsqueda de fórmulas para ir vaciando las cárceles. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, así lo constató en una charla con militantes en Eibar desvelada por este periódico en octubre del año pasado para justificar el apoyo de su formación a los Presupuestos.
De consumarse el paso, provocaría un goteo de excarcelaciones que se extendería una década, según medios consultados, y beneficiaría a ‘históricos’ de ETA como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco; el exjefe militar de la banda José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’; y también a Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, al frente de la organización junto a su pareja, ‘Mikel Antza‘, en los tiempos más duros de la ‘socialización del sufrimiento’. Los descuentos máximos en las penas llegarían a los once años, al tratarse de reclusos con largas sentencias condenatorias a sus espaldas.
