Hace diez años que finalizó el terrorismo etarra y las Cortes españolas, debido al desacuerdo entre los principales partidos, siguen sin reconocer la victoria del Estado de derecho sobre la lacra heredada del franquismo que marcó la democracia española. Un éxito continuador de la Transición y palpable en el cambio radical de la vida en Euskadi, donde la izquierda independentista tiene pendiente reconocer la injusticia del terrorismo etarra, aunque en este décimo aniversario ha dado un paso esperanzador en esa dirección al asumir que no debía haberse producido el daño causado a las víctimas de ETA.
A excepción de la izquierda independentista, los principales partidos coinciden en una cuestión clave: sin presión policial, judicial, social e internacional y el compromiso de todos los gobiernos democráticos, el terrorismo etarra no hubiera finalizado. Unanimidad extendida a otra vertiente básica: la ubicación de las víctimas en el centro del relato. Pero las discrepancias entre el PSOE y el PP más Vox sobre el papel del diálogo del Gobierno de Zapatero y ETA en la desaparición del terrorismo impiden el consenso.
Vox y el sector radical del PP sostienen que ETA ganó a la democracia porque la izquierda independentista recuperó la legalidad y está representada institucionalmente. Ignoran que el Pacto de Ajuria Enea de 1988 pretendía que el terrorismo desapareciera y el independentismo se expresara políticamente. No combatía el nacionalismo sino el terrorismo. Sortu rechazó el terrorismo en sus estatutos y fue legalizado por los tribunales en 2011.
El sector moderado del PP asumió el fin del terrorismo y reconoció que Zapatero no pagó precio político. Rajoy, en la Moncloa desde 2012, desoyó a UPyD y la derecha radical y no promovió la ilegalización de Bildu. Pero sostiene que el proceso dialogado no contribuyó al fin del terrorismo, que bastó con la intervención policial, judicial e internacional. Son ingredientes básicos en el final de ETA, pero ignora que el proceso dialogado, respaldado por los jefes policiales de la lucha antiterrorista, lo aceleró al estimular la catarsis en el abertzalismo.
El Gobierno sabía que ETA estaba muy debilitada, pero no moribunda. El proceso dialogado tenía el aliciente de conllevar una tregua etarra y contaba con el precedente de que los protagonizados por Felipe González y Aznar debilitaron a ETA que, al romperlos, perdió la batalla de la opinión en Euskadi, clave para una organización con respaldo social.
Gobierno y ETA pactaron un procedimiento marcado por el Pacto de Ajuria Enea: paz y presos, pero no cuestiones políticas. La ruptura del proceso por ETA supuso un revés para el Gobierno que el PP, contrario al diálogo, utilizó virulentamente explotando las emociones de algunas víctimas, con un ruidoso acompañamiento mediático. Pero el diálogo dividió a ETA y al abertzalismo entre favorables y contrarios a finalizar el terrorismo. Los pragmáticos, liderados por Otegi, temían que el terrorismo, sin futuro, arrastrara al independentismo.
En ese momento Rubalcaba emplazó a Otegi a elegir entre “votos o bombas”: romper con ETA o lograr que cesara. Otegi, cuyo objetivo era que el independentismo recuperara la legalidad, optó por convencer a las bases abertzales a apostar por la política y aislar a los continuadores del terrorismo. Fueron seis años, llenos de vicisitudes, donde los intereses de Otegi coincidieron con los del Gobierno: lograr el cese etarra. El enfrentamiento de moderados contra radicales, que lo propició, hubiera sido imposible sin proceso dialogado.
Su lentitud garantizó un final ordenado y sin escisiones, declarado por ETA el 20 de octubre de 2011. ETA no consiguió sus objetivos políticos —el derecho de autodeterminación y unión de Navarra y Euskadi—, el Gobierno toleró una escenificación de personalidades internacionales confirmando el final y los tribunales legalizaron Sortu. Se cumplió el Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por los partidos democráticos, incluida Alianza Popular de Manuel Fraga.
Pablo Casado no asumía la utilidad del diálogo final del terrorismo. Acusaba al Gobierno de Zapatero de haber revivido a una ETA moribunda. Sigue la tradición de Aznar, en la oposición, de sacar el terrorismo de las políticas de Estado consensuadas. Una consecuencia es que la derecha no ha extraído enseñanzas políticas del final de ETA.
Falta una reflexión sobre la crisis catalana a la luz del final de ETA. Una barrera separaba ambos conflictos: la violencia que contaminó al independentismo vasco. Pero, pese a su mayor virulencia, se resolvió. El proceso dialogado pactó un procedimiento y sustituyó la dinámica del antagonismo entre ideologías por el acercamiento entre quienes querían acabar con el terrorismo frente a los continuistas. Se inició una distensión que caló socialmente. Cuando los intransigentes rompieron el proceso, los dialogantes convencieron al mundo abertzale. Algunos de estos rasgos, aunque sin trasponer mecánicamente a Cataluña, podían servir de reflexión, sobre todo cuando está claro que la ausencia de diálogo agravó los problemas.
El final del terrorismo fue posible, también, porque los anteriores gobiernos democráticos contribuyeron, sin excepción, a debilitarlo progresivamente. Zapatero le puso el broche político. Casado, que representa una nueva generación, debía asumir y reconocer con los demás partidos el éxito común.
Ya se sabe que la hemeroteca es un continuo dolor para Sánchez y por ahí comenzó Casado, recordando que el presidente aseguró en campaña electoral que nunca pactaría con EH Bildu y leyendo en voz alta aquellas tajantes palabras del líder socialista: “No pactaré, si quieren lo repito cinco veces o veinte”. Fue el preámbulo para la batería de reproches. El líder del PP parafraseó una de las divisas del Gobierno ―”no dejar a nadie atrás”― para acusarlo de hacer justamente eso con las víctimas de ETA. Le dijo que está “blanqueando” el legado de la organización terrorista al pactar con EH Bildu. Y, ya puestos, tampoco dejó de lado a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que negoció la disolución de la banda: “Con ETA acabaron el poder judicial y las fuerzas policiales, no las cesiones de Zapatero a Otegi”. Era el momento de sacar el asunto caliente del día y preguntar con claridad al presidente si va a liberar presos a cambio del apoyo a los Presupuestos.
Para enojo del PP, en las últimas sesiones de control Sánchez había optado por la táctica de dejar sin respuesta las preguntas con que lo acribillaba Casado. Esta vez sí entró al trapo. “Mi respuesta es un no rotundo, un no rotundo”, repitió con énfasis el presidente antes de devolver las recriminaciones a Casado: “Nosotros nunca utilizamos el terrorismo, no lo utilizamos cuando ETA existía y tampoco lo vamos a hacer ahora que ETA ya no existe”. Sánchez afeó a la derecha que siga dando una “visión amarga” de “uno de los grandes momentos de la democracia española”. “Fue una victoria de todos, también de ustedes”, afirmó.
Esa línea argumental, la acusación al PP de resistirse a reconocer la derrota de la banda terrorista, fue repetida por otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Hubo también un pequeño rifirrafe del Ejecutivo con el único diputado de EH Bildu que intervino en la sesión, Jon Iñarritu. El parlamentario preguntaba a la ministra de Justicia si cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, una forma de atacar con el anunciado archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I. Pilar Llop cambió el tercio a Iñarritu: “No todos somos iguales ante la ley cuando se ofende a las víctimas haciendo homenajes a terroristas”.
El nombre de ETA siguió chisporroteando a lo largo de toda la sesión, pero sorprendentemente no apareció en el discurso de Abascal. De un tiempo a esta parte, el líder de Vox dedica sus escasas intervenciones en el Congreso a relatar, con todo lujo de detalles escabrosos, escenas de una España asolada por una multitud de yihadistas y de menores extranjeros que agreden y violan impunemente. Esta vez pidió a Sánchez que se pusiese en el lugar de “esos padres a los que les llega a casa su hijo acuchillado o su hija violada por esos inmigrantes ilegales a los que ustedes llaman”. Frente al espeluznante relato de Abascal, los datos del presidente: los robos con violencia han descendido este año un 32,8%.
Si el líder de Vox se entretuvo con su literatura de terror a cuenta de la inmigración, otros de su partido no faltaron a la habitual cita con ETA y más en fecha tan señalada. Ignacio Gil-Lázaro, martillo incansable del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a hacerlo culpable de las “humillaciones a las víctimas” y de “los chalaneos con Otegi”. La afirmación más chocante, sin embargo, llegó del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien sostuvo con gran energía y convicción que “este Gobierno es el menos democrático de la historia, con el apoyo de las fuerzas menos democráticas de la historia”. La hipérbole se ha apoderado de tal modo del Congreso que hasta una afirmación así pudo pasar casi inadvertida.
“ETA ha desaparecido, sí, pero las investigaciones sobre sus actividades no están cerradas”, destaca un alto mando de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, encargada de la lucha antiterrorista. Con idéntica firmeza se pronuncia un jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil: “La ETA de los comandos ya no existe, pero aún nos queda trabajo”. Diez años después de que la organización terrorista hiciese público el comunicado por el que anunciaba el “cese definitivo” a su violencia, las fuerzas de seguridad detallan cuál es ahora su misión contra lo que queda de la banda.
Armas. Las fuerzas de seguridad intentan localizar los restos del arsenal de ETA. Los grandes zulos fueron localizados por la policía y, en 2017, un año antes del anuncio de su disolución, la organización facilitó la localización de otros depósitos. Sin embargo, aún quedan, como lo ha demostrado el hecho de que, desde entonces, hayan aparecido en Francia escondites con armas aparentemente abandonados y que, por su tamaño, se sospecha que pudieran pertenecer a comandos que no recuperaron su contenido por temor a que estuvieran vigilados o, simplemente, porque se les olvidó su localización exacta. El alto mando policial destaca dos aspectos preocupantes: uno de esos zulos, hallado en 2019, tenía signos de haberse utilizado “con posterioridad” a la disolución de ETA. “Además, aún siguen sin aparecer 60 de las pistolas que la banda robó en Vauvert [una fábrica de armas francesa asaltada en octubre de 2006 por ETA de la que sustrajo 350 armas]”, recalca el comisario.
Huidos. Las webs de la Policía y la Guardia Civil mantienen sendas páginas en las que reclaman la colaboración ciudadana para localizar a etarras huidos. La primera muestra las fotos de Iñaki de Juana Chaos, José Luis Eciolaza, alias Dienteputo, y Oier Aguidazu. El instituto armado añade a estos nombres los de Eneko Aguirresarobe y Anartz Arambarri. Todos ellos figuran con causas pendientes para la justicia, pero no son los únicos. Fuentes de la lucha antiterrorista detallan que hay 26 miembros de ETA buscados por hechos aún no prescritos. De muchos se sabe su paradero, como el propio De Juana Chaos, que se le sitúa en Venezuela. Este país sudamericano es, con 13 etarras, el país preferido por los huidos, según datos de Interior, aunque su extradición se ve como algo imposible por las reticencias del Ejecutivo de Nicolás Maduro. En América también hay fugados en Cuba, México, Uruguay y Brasil. El resto se reparte entre Francia y Suiza, detallan estas fuentes. Uno de ellos era José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, detenido en una pequeña localidad de los Alpes, en mayo de 2019 cuando se hacía pasar por escritor. Llevaba 17 años huido.
Atentados sin resolver. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cifra en 315 los atentados de los que aún se desconoce a los autores. Los resultados en los últimos años de las fuerzas de seguridad ahí están. La policía ha resuelto cuatro atentados que parecían condenados al archivo. Entre ellos, el del asesinato, en mayo de 2001 en Zaragoza, el presidente del PP de Aragón y senador Manuel Giménez Abad, con la detención, en julio de 2020, de la antigua presa de ETA Miren Itxaso Zaldua. La Guardia Civil, que ha aglutinado esta labor en la llamada Operación Damocles, ha elaborado más de 160 informes periciales que han permitido condenar a más de 40 terroristas en estos años. Entre ellos, a Sergio Polo y la dirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, autor material e inductora, respectivamente, del asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en León el 22 de diciembre de 1995.
Presos. En octubre de 2011, estaban encarcelados 703 miembros de ETA (559 en prisiones españolas y el resto en otros países, principalmente Francia). En la actualidad, son 206. De ellos, 184 en España y los 22 restantes en recintos penitenciarios galos. Un descenso que, sin embargo, solo refleja una parte del cambio vivido en este tiempo en este colectivo. Hace diez años, la dispersión penitenciaria era la norma y solo 15 reclusos de ETA estaban en prisiones del País Vasco y Navarra. El resto estaba repartidos por España. En la actualidad, no queda ninguno al sur de Madrid, y 66 están en cárceles de Euskadi y otros 13 de Navarra. Además, solo queda un preso etarra sometido al primer grado penitenciario, el más duro, mientras que el 95% (174) está en segundo grado, lo que les permite, por ejemplo, solicitar permisos; y nueve están en el tercer grado o semilibertad. Hace 10 años casi todos estaban en el régimen más duro.
Fuentes penitenciarias apuntan que, en estos años, los dirigentes del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) han pasado de hablar de amnistía y excarcelaciones masivas, a aceptar la legislación penitenciaria, aspirar a disfrutar de permisos y reclamar lo que denominaban “plan de reintegración para la fase de excarcelación”, para cuando queden en libertad. Incluso, en sus conversaciones se plantean buscar “fórmulas” para que los llamados ongi etorri (recibimientos de homenaje a los presos de ETA cuando salen de prisión) “no sean hirientes para nadie”. Solo un número reducido de los reclusos de la banda —”no más de 10″, según fuentes de la lucha antiterrorista— siguen oponiéndose al fin de la violencia terrorista. Entre ellos, Patxi Ruiz, Aitor Cotano, Oskar Barreras, Iñaki Bilbao Goikoetxea, José Ignacio Cruchaga y Alberto Viedma.
Disidencia. No todo el mundo de ETA aceptó la decisión de la organización de poner punto final a los atentados y disolverse. “Una minoría no ha renunciado ni a los objetivos ni a los métodos de la banda”, señala un alto policial. En ellos han puesto los expertos de la lucha antiterrorista el foco en los últimos años y han detectado una multitud de grupos heterogéneos que surgen, se fusionan, se escinden y desaparecen o sobreviven con escasa repercusión. Ibil, ATA, GKS o Jardun son siglas aún poco conocidas, pero que llevan tiempo apareciendo en los informes policiales. Los presos han sido el principal argumento que han esgrimido para atraer a los disconformes con el paso dado por ETA. “El mayor repunte de violencia callejera se produjo, precisamente, durante la huelga de hambre del preso Patxi Ruiz, pero su intensidad es baja”, admite esta fuente, que señala que han detectado que algunos participantes se quejan, precisamente de eso, que la actividad de estos grupos se limita “a concentrarse y hacer pintadas”.
El País, diferentes artículos tratados.
