Análisis histórico de los nacionalismos periféricos en España. (IX) El uniformismo de los Regímenes autoritarios del s. XX.

Introducción.

Análisis histórico de los nacionalismos periféricos en España. (IX) El uniformismo de los Regímenes autoritarios del s. XX.

Introducción.

Se ha dicho que el pronunciamiento de Primo de Rivera puede explicarse por la conjunción de tres factores fundamentales, de diversa frecuencia temporal, pero íntimamente relacionados: la crisis estructural del Estado de la Restauración, la crónica presencia de las interferencias militaristas y la aparición de un problema coyuntural[i] que corría el riesgo de transformarse en permanente, mientras las responsabilidades por el desastre de Annual habría actuado como precipitante[ii]. El hecho incontrovertible de que Primo de Rivera llegase al poder como resultado de una crisis política[iii] obliga a evaluar la incidencia de estos y otros factores en el proceso de deslegitimación y derrumbe del régimen liberal.

Dice García de Cortázar y Lorenzo Espinosa que casi cuarenta años de historia de cualquier país son más que suficientes para constituir un periodo digno de estudio. Si ese tiempo, además, está monopolizado por un sistema político y una personalidad omnímoda como la de Franco, requiere también la intervención del historiador para dar, no solo una versión aséptica sino sobre todo una explicación satisfactoria a su duración.

Una de las interpretaciones que estamos obligados a abordar respecto al franquismo es , por tanto, la de su inusitada permanencia. Hubiera sido bastante improbable, según estos autores, este mantenimiento sin un consenso generalizado, durante la mayor parte de la larga trayectoria, que la oposición atribuyó siempre a una intensa represión político-social. La creencia en un abrumador anti-franquismo no se compadece con la real tolerancia con que amplias capas de la sociedad española soportaron el rigor de estos cuarenta años (sic). Cabría más bien interpretar los factores de sostenimiento del régimen a través de un amplio apoyo mesocrático, en el que no faltaron numerosos obreros apolíticos, que en el lenguaje de la oposición no pasaban de ser estómagos agradecidos.

La Dictadura del General Miguel Primo de Rivera.[iv]

Un breve repaso a la Historia.

El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera se subleva contra el Gobierno de Madrid presidido por García Prieto[v], en nombre del ejército y para salvar España. El golpe ponía fin al régimen liberal de parlamentarismo de la Restauración. Existen una serie de factores que confluyen creando el clima propicio para el golpe. La cuestión por las responsabilidades de Annual enardeció a la opinión pública, divide a los políticos acerca de las estrategias a seguir para poner fin al problema de Marruecos y unió al ejército deseoso de resarcirse de la humillación en contra de los políticos. La crisis de los años 20 se manifestó en la presión fiscal lo que llevo a una oleada de huelgas y terrorismo.

Con el golpe de Primo de Rivera llego primero un Directorio Militar, que mediante un Real Decreto el 15 de septiembre se le daba la Presidencia del Directorio, como único ministro, a Miguel Primo de Rivera. Aunque la Constitución no fue oficialmente anulada, se suprimieron, por la declaración del estado de guerra, los artículos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se disolvieron el Congreso y la parte lectiva del Senado. A partir de enero de 1924, se emprendió la organización administrativa, de reforma de los gobiernos civiles. Por decreto los consejos fueron sustituidos por nuevas corporaciones donde los vocales asociados (concejales) y los alcaldes-excepto en municipios de más de 100.000 habitantes serian elegidos por el Gobierno- habrían de ser elegidos por los contribuyentes, la eficacia de las nuevas corporaciones fue enseguida puesto en entredicho, pero el dictador no flaqueo ante las dificultades.

El mayor éxito de Primo de Rivera fue la solución del problema de Marruecos, que facilito la creación en1925 del Directorio Civil. Desde la instauración del Directorio Primo de Rivera era partidario de la evacuación pacífica del Protectorado, pero esta medida no satisfacía a los Africanistas. Debido a los avances de Abd el-Krim[vi] en territorio francés, Primo de Rivera logro un acuerdo con los franceses para realizar una ofensiva conjunta, que culminó con la derrota del Abd el-Krim en 15 días. El 13 de diciembre de 1925 se constituía el primer gobierno civil, aunque los puestos de presidente, vicepresidente, Gobernación y Guerra, eran ocupados por militares: Primo de Rivera como Presidente, Martínez como Vicepresidente y Gobernación y Juan O´Donnel, Duque de Tetuán, en Guerra. Durante el Directorio Civil la Constitución siguió suspendida. En 1927 se creaba la Asamblea Nacional Consultiva, su estructura representativa se componía de 400 miembros en una única cámara, elegidos unos por sufragio universal entre las Corporaciones y otros por designación directa. 

Las máximas de nacionalismo económico, intervencionismo y el miedo a la competencia alcanzaron durante la dictadura su máxima expresión. La designación de Aúnas, Calvo Sotelo y Burin (Conde de Guadalhorce) en tres ministerios claves, Trabajo, Hacienda y Fomento, mostraban la voluntad de llevar a cabo una modernización económica. La colaboración de los Socialistas representaba para Primo de Rivera la legitimación del régimen por parte de la clase obrera. La UGT disfrutó de un estado de legalidad, imposible para la CNT, lo que determinó actitud de oposición de los anarquistas y comunistas. Pero la colaboración no tardaría en abrir una brecha dentro del socialismo. Reacios a la colaboración habían sido, entre otros, Fernando de los Ríos[vii] o Indalecio Prieto[viii]; Manuel Llaneza[ix] y Largo Caballero[x] habían visto una oportunidad de crecer y ensanchar la base de la organización socialista, mientras que otros, como Besteiros, solo estaban dispuestos a colaborar en determinados puntos. La ruptura definitiva tuvo lugar cuando se constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, de la que los Socialistas se negaron a formar parte.

La oposición al Régimen de sectores tales como: un sector del ejército, en el cual la cabeza visible era el Cuerpo de Artillería debido a los conflictos con Primo de Rivera a consecuencia de una seria de decretos que acaban con la escuela cerrada y el ascenso por elección, que tendría como final la disolución del arma de Artillería; los comunistas y anarquistas; las organizaciones patronales, que se pasaron a la oposición debido a la intensificación del intervencionismo y a la presión fiscal; así como, las desavenencias  entre Alfonso XIII y Primo de Rivera que llevaron a este último enfermo y agotado, en Diciembre de 1929, a abandonar el poder.

El elegido por el rey para sustituir a Primo de Rivera fue Dámaso Berenguer,[xi] pero Berenguer tenía poca practica y no estaba preparado para llevar a cabo el cambio. La sublevación de Jaca en diciembre de 1930, adelanto de los planes conspirativos de la oposición. Las condenas de los conjurados y el fusilamiento de los capitanes Galán[xii] y García Hernández[xiii], solo sirvieron para republicanizar a la opinión pública. Ante esta situación el Almirante Juan Bautista Aznar[xiv] forma un nuevo gobierno, cuyo programa era las elecciones, la vuelta a la Constitución y la revisión de la autonomía de Cataluña. Las elecciones de abril dieron la victoria en las grandes ciudades a los candidatos republicanos y de Izquierdas. La monarquía cayó como la dictadura y se consiguió la proclamación de la II República sin derramamiento de sangre.

                Dice González Calleja[xv] que, con la perspectiva que proporcionan los tres cuartos de siglo transcurridos desde su liquidación, se podría afirmar que la dictadura de Primo de Rivera ha gozado de una discreta fortuna historiográfica, “emparedada” entre los ensayos parlamentaristas de la Restauración y la Segunda República, cuyas circunstancias de nacimiento, evolución y crisis han centrado gran parte de las discusiones académicas sobre el siglo XX español. Sin embargo, continua este autor, bien como factor precipitante del derrumbamiento del régimen restauracionista, bien como preludio necesario al efímero ensayo democrático republicano o como antecedente más o menos directo del régimen de Franco, la dictadura presidida por el segundo marqués de Estella debiera ocupar un puesto de mayor relevancia en el debate científico sobre ese singular periodo de tres décadas que Carlos Mª Rama definió como “la crisis española del siglo XX”[xvi]. No en vano para Raymond Carr, la rebelión militar de 1923 representa “el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria”[xvii].

El auge del pretorianismo en la Europa de entreguerras.

Especialistas de las relaciones cívico-militares en la España contemporánea como Julio Busquets, Gabriel Cardona, Manuel Ballbé o Carolyn Boyd han destacado la creciente actitud pretoriana del Ejército[xviii], que se puede rastrear desde los aledaños del desastre del 98. Los asaltos a periódicos catalanes en 1905 que condujeron a la Ley de Jurisdicciones, y sobre todo el papel desempeñado por el Ejército en la crisis de 1917, marcaron las etapas de una intromisión creciente en las tareas y atribuciones encomendadas al poder civil. Esa intromisión corporativa en la esfera política, según González Calleja, quedó sancionada con el triunfo episódico de las Juntas de Defensa y con el control autónomo de los resortes del orden público en ciudades como Barcelona.

El ascenso al poder de Primo de Rivera coincidió con una serie de pronunciamientos militares producidos en Europa meridional y oriental durante la década de 1917-1926: Sidonio Pais Gomes da Costa en Portugal (1917 y 1926); pronunciamientos republicanos del Coronel Plastiras[xix] (1923) y el General Pangalos[xx] (1926) hasta la toma del poder por Metaxas[xxi] (1936) en Grecia; el autoritarismo “constitucional” del General Averescu[xxii] en Rumanía con el apoyo del Rey Carol (1920-1922) y el autoritarismo pluralista de Pilsudski[xxiii] y los Coroneles en Polonia (1926-1939), a los que habría que añadir el centralismo autoritario del rey Alejandro en Yugoslavia y la dictadura protofascista del dirigente serbio Milan Stojadinovic (1929-1934), o el golpe militar búlgaro de 1934 y luego la dictadura del rey Boris en 1935. Características comunes a estos regímenes militares o semimilitares según este mismo autor, fueron:

.- La visión negativa de la política como factor de desunión nacional.

.- La creación de movimientos políticos organizados de forma muy laxa en torno a principios y valores muy generales vinculados a un único interés nacional.

.- La toma de decisiones de acuerdo con criterios técnicos y administrativos, basados en la racionalidad y la eficacia impuestas desde arriba de forma autoritaria, y

.- Un constante déficit de legitimidad, que podía reducirse si el régimen era capaz de resolver los problemas que habían justificado el golpe de estado.

Fueron, en definitiva, regímenes transicionales, fuertemente inestables, que a lo largo de su desarrollo tuvieron que aceptar una creciente participación de elementos civiles y cuya diferencia de los regímenes fascistas es muy significativa: en el fascismo, la respuesta a la crisis de la posguerra se dio desde la misma sociedad civil, a través de la construcción de un movimiento con una ideología clara, explicita, integral e innovadora, mientras que los regímenes militares corporativos forjaron una mentalidad política basada en el pensamiento orgánico-estatalista.

La crisis de la posguerra y sus repercusiones económicas y sociales.

La primera guerra mundial transformó muchas economías, realzando el poder de la industria, intensificando la emigración a las ciudades, acrecentando las aspiraciones políticas de las clases medias y el descontento del proletariado urbano, y fomentando la causa del nacionalismo económico[xxiv].

Como era de esperar, España entró en crisis una vez recuperadas las economías del resto de la Europa de la postguerra a partir de 1921.

La crisis también agudizó el conflicto de intereses entre los distintos grupos de presión económicos: el Gobierno Maura-Cambó de agosto de 1921 a marzo de 1922 fue percibido como un defensor de los sectores industriales catalanes y vascos, favorecidos por el arancel ultraproteccionista de 1921, mientras que el Gabinete de Alhucemas-Alba de 1923 fue acusado de hacer el juego a los cerealistas castellanos. Un terreno de conflicto inevitable fue la determinación del arancel de 1922 y las cláusulas establecidas en los tratados de comercio firmados con Francia e Inglaterra, e iniciados con Bélgica y Alemania, con el fin de soslayar la normativa aduanera. Inerme económica y políticamente con la crisis económica y el declive de la Lliga, la patronal catalana apoyó a Primo de Rivera con la esperanza de que su proverbial energía trajera la paz social e intensificara el proteccionismo. Los industriales y comerciantes del Principado habían comenzado a retirar su confianza en el sistema parlamentario porque la política arancelaria de los gobiernos conservadores plasmada en la Ley de autorizaciones de 1922 les parecía insuficiente, el sistema hacendístico era reputado como anacrónico e injusto por gravoso, y el reformismo sociolaboral era considerado una claudicación intolerable ante la presión reivindicativa del obrerismo[xxv].

El problema del orden público y la situación en Barcelona.

Ante el incremento de la agitación laboral y la deriva pistoleril de los intercambios entre patronos y obreros, el empresariado catalán solicitó al Gobierno la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de una firme política de orden público. En los cinco primeros meses de 1923 hubo en Barcelona 34 muertos y 76 heridos por atentados, que de un centenar al año se dispararón a 800 de enero a setiembre de 1923. En estas condiciones, tiene sentido la afirmación de Cambó de que la Dictadura “la creó el ambiente de Barcelona” cuya Capitanía mandaba Primo de Rivera, con quien se alinearon los sectores catalanes de “orden” frente al Gobernador Civil Francisco Barber.

La rebeldía latente de algunos empresarios, como los afiliados a la muy combativa Confederación Patronal Española, se vio estimulada por una circunstancia exterior: la llegada al poder de Mussolini en octubre de 1922. Respetables hombres de negocios como Tomás Benet patrocinaron ensayos protofascistas como el vinculado a la aparición de la revista “Camisa Negra” el 16 de diciembre de 1922 o la candidatura de Ángel Osorio al puesto de “cirujano de hierro” costista[xxvi].

El catalanismo conservador actuó de puente necesario entre esas aspiraciones autoritarias y el candidato más plausible a la Dictadura. La Lliga aparcó sus aspiraciones autonomistas y apostó por una involución política que le permitiera perpetuar su poder de interlocución en Cataluña. Se habla[xxvii] incluso de un pacto verbal suscrito en agosto en Font-Romeu entre Primo de Rivera y los autonomistas Puig i Cadafalch y Junoy sobre la implementación de diversas modalidades de colaboración política a cambio de la potenciación de la Mancomunitat y de una intensificación del proteccionismo arancelario.

La cuestión catalana, ejemplo del uniformismo del régimen.

La Dictadura, en resumen, fue muy bien recibida entre las “fuerzas vivas” catalanas[xxviii] movidas por su fobia anticenetista y antialbista, por su apoyo a la aplicación de la política de orden público de Martínez Anido a toda España y por las simpatías que despertaba el aparentemente sincero regionalismo del dictador, que por un momento pensó en suprimir las provincias y organizar 10 o 12 grandes unidades regionales. Aunque la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento de setiembre, si que lo apoyó desde su fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en los primeros compases de la Dictadura, como el Presidente de la Mancomunitat Joseph Puig i Cadafalch, autor de una nota de aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el 19 de setiembre.[xxix]

                La reactivación regionalista prometida por Primo de Rivera quedó pronto en letra muerta debido  a que en el seno del Directorio se impuso inmediatamente la tendencia centralista que entendía el hecho diferencial catalán opuesto radicalmente al proyecto nacionalista español que se buscaba patrocinar desde el poder. Las presiones de la Junta de Defensa de Infantería, dirigida por Nouvilas, lograron la imposición el 18 de setiembre de un RD[xxx] “contra el separatismo” que amplió la tipología de los delitos contra la Patria perseguidos en los artículos 2º y 4º de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

                Desde la proclamación de la Dictadura, todo el poder político se desplazó del Gobierno civil regentado por Joaquín Milans del Bosch a la Capitanía General, donde el General Emilio Barrera actuaba como “ministro universal” de Primo de Rivera, relegando a los gobernadores civiles al rango de simples figuras decorativas. El nuevo Capitan General alentó la clausura de centros políticos y la persecución y encarcelamiento de la militancia catalanista, hasta la más moderada, incluidos algunos sacerdotes. Los delegados gubernativos fiscalizaron y reprimieron casi todas las manifestaciones de exaltación de la identidad regional. Medidas como los intentos de desmembración territorial en 1923, la prohibición de izar la Senyera, cantar Els Segadors o usar el catalán en las comunicaciones oficiales vinieron a acompañar otras decisiones todavía menos afortunadas como la castellización arbitraría de los nombres de calles y pueblos, la obligación de publicar sólo en castellano los anuncios de obras teatrales, 1924, la limitación del baile de sardanas, 1925, o la persecución de instituciones aparentemente neutras, como el Centre Cátala, los Pomells de Joventut[xxxi], el Ateneu barcelonés, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associcò Protectora de l`Ensenyanca Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, deportivas y musicales, las comisiones organizadoras de los Jocs Florals o los cursillos escolares de lengua catalana. El 22 de setiembre se procedió a la clausura de 28 centros nacionalistas barceloneses entre los que figuraba el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de l`Industria (CADCI), cuya junta directiva fue amenazada el 12 de enero de 1924 con la clausura definitiva si no redactaba en castellano toda la documentación de sus libros de contabilidad.

                Durante los últimos meses de 1923, la Dictadura arrestó a decenas de curas acusados de separatismo y clausuró la Academia Católica de Sabadell. Algunos religiosos fueron trasladados de residencia y alejados de Cataluña como el obispo de Barcelona, doctor Joseph Miralles i Sbert, que fue trasladado temporalmente a la diócesis de Mallorca.

                El acoso cultural generó un amplio movimiento de solidaridad de los intelectuales castellanos, 117 de los cuales firmaron en Marzo de 1924, a iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo[xxxii] y Eduardo Gómez Baquero, un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana redactado por Pedro Sainz Rodríguez[xxxiii].

                Sólo en 1924, Primo de rivera decidió abrir una vía de negociación, pero no con la Lliga, sino con Unió Monárquica Nacional presidida desde 1918 por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. El Capitán General Barrera y, posteriormente, el propio Primo de Rivera, se reunieron con una representación de este Partido y de la Federació Monárquica Autonomista a la que exigieron una firme adhesión al Directorio y la creación de una agrupación política regionalista. Ante la negativa de estos, el 12 de enero disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las de las Provincias Vascas[xxxiv].

                El Estatuto Municipal de abril de 1924 recortó aún más las posibilidades de autogobierno, mientras que el Estatuto Provincial de marzo de 1925 eliminó de hecho la Mancomunitat de Cataluña. Ello supuso la ruptura definitiva entre el Directorio y la Lliga, que acusó a Primo de Rivera de romper las promesas realizadas antes del golpe de setiembre y la oportunidad histórica de reconciliar una tendencia política-cultural no definida como antiespañola con el resto de la Nación española.

                La persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular. Esta acción cultural de resistencia queda ejemplificada en la propaganda difundida en el extranjero, en el desarrollo de instituciones como la fundación editorial Bernat Merge o en el fomento de actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural[xxxv]. Todo ello generó una cultura catalana, donde lo intelectual tuvo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional.[xxxvi]

                Para finalizar este epígrafe podemos afirmar que, como consecuencia de las intransigencias de Primo de Rivera se reafirmó a Estat Catalá en su convicción de que la insurrección era la única vía regeneradora posible para Cataluña. El 7 de octubre de 1923 Francesc Macià[xxxvii], a punto de huir a Perpiñán, exponía como principal objetivo de su formación política la unión de los partidos obreros y republicanos catalanes, junto a la alianza con los separatistas vascos y gallegos con el propósito de derrocar a la Dictadura mediante un movimiento subversivo. Para ello impulsó la creación de los primeros escamots[xxxviii] , y organizó en París un Comité Separatista Catalá, que se identificó con el Comité Revolucionario de París, y que era en realidad una oficina de conspiración con visos de cuartel general en campaña.

                La primera oportunidad de resolver el conflicto nacionalista no solo se pierde sino que arma moralmente a quienes lo plantean y defienden.

El error Berenguer.[xxxix]

Finalizada la Dictadura de Primo de Rivera entra a formar Gobierno Berenguer,de cuya opinión damos cuenta reproduciendo un texto de José Ortega y Gasset, fechado en 1930:

“No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito en la historia de nuestro país.         
          Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico.            
          Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato.        
          Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es. 
Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son… los normales.               
Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo.
Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes. 
La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación porque hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho.            
Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal.                                                          
Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España.
Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse contentar con ofrecer tan insolente ficción.     
El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sea, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.     
He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer.     
Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.      
Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.     
Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!
Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo un general amnistiado.               
Este es el error Berenguer de que la historia hablará.     
Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”.

Consecuencia inmediata: el Pacto de San Sebastián[xl]

La situación política española era crítica a mediados de 1930. La dimisión de Miguel Primo de Rivera y su recambio por Dámaso Berenguer no habían solucionado los problemas políticos y sociales del país, incrementados por la crisis económica de la Gran Depresión. Muchos  comenzaron a pensar que el problema radicaba en la propia monarquía. Ese era el ambiente en que se alcanzó, en agosto de 1930, el Pacto de San Sebastián, la alianza de los grupos republicanos españoles para derrocar a Alfonso XIII.

A las tres y media de la tarde del 17 de agosto de 1930, quince hombres de edades y aspectos muy dispares se reunieron en los locales del Casino Republicano de San Sebastián. Habían viajado desde diversos puntos de España hasta la ciudad cantábrica para negociar un pacto de acción de todos los republicanos contra la monarquía de Alfonso XIII. Hablaron, acercaron posiciones y salieron convencidos de que habían atado un sólido acuerdo, que tenía como premisa necesaria la autonomía política para Cataluña. Nadie creyó necesario ponerlo entonces por escrito. Tardarían muchos meses en darse cuenta de que cada uno de los presentes había entendido lo que había querido entender.[xli]

La II República[xlii]

Los hombres eminentes del bloque dominante deciden dar el gobierno, para volver a la vida constitucional de 1923, al general Dámaso Berenguer, condenado por las responsabilidades de Annual.    
Aquel gobierno formado por conservadores de segundo orden significa que los hombres y partidos que habían constituido el eje político hasta 1923 habían perdido el crédito ante la opinión pública. En 1930 la población activa ya no es mayoritaria. Sin alcanzar la modernidad la sociedad española está ya en sus umbrales.
España cuenta con un 33% de analfabetos, con ciudades cerca del millón de habitantes, ya empieza el transporte por carretera; el automóvil, la luz eléctrica, la radio, el cine han cambiado la España urbana, pero apenas la España rural. La corona que dio su apoyo a la dictadura ahora está seriamente comprometida. Y la crisis del Estado fue pronto total.       
El movimiento obrero crecía vertiginosamente, tanto la UGT, como la CNT. Los partidos republicanos vieron engrosadas sus filas. Todos ellos pactaron en agosto de 1930 en San Sebastián y crearon un comité para conseguir la república.
La situación del gobierno no podía ser más difícil los miembros del Comité revolucionario encarcelados en Madrid gozan de popularidad. El 14 de febrero el rey sustituye el gobierno Berenguer por otro que preside el almirante Aznar. De nada valió, la cosa se agravo tanto que Alcalá Zamora y sus ocho compañeros tuvieron que ser liberados.
Las elecciones municipales convocadas por el gobierno Aznar el 12 de abril de 1931 fueron favorables a la conjunción republicano-socialista.  
El 14 de Abril de 1931 un gobierno provisional republicano, presidido por Alcalá Zamora, se hacía cargo de los centros de poder del Estado mientras Alfonso XIII abandona España. El nuevo gobierno convocara elecciones para elaborar unas cortes constituyentes, las cuales dieron la mayoría a los republicanos de izquierda y del centro, y a socialistas.   
El poder político era perdido en sus centros de dirección por el bloque social. El bloque republicano llegaba tras una crisis prolongada, la Republica despertaba en los más diversos sectores una serie de ilusiones. Sin embargo, el cambio no trajo que el poder político fuese controlado por un bloque alternativo coherente, sino por una coalición momentánea de intelectuales de la pequeña burguesía urbana, otras clases medias y tres representantes de la clase obrera, la Republica tenía ante sí grandes problemas: arcaísmo agrario, enormes desigualdades de propiedad, atraso tecnológico, un ejército sobrecargado de mandos, atraso educativo (33% de analfabetos).           
Durante los primeros meses, el Gobierno promulgo unos decretos de urgencia, convertidos luego en leyes por las cortes; se referían a; la situación en el campo, impulsión de la enseñanza, modernización del ejército. Sin embargo, medidas como la suspensión de ascensos por méritos dados en la dictadura, crearon malestar en muchos medios castrenses, que eran campo de cultivo para la disensión, los propietarios agrarios se alteraron aún más.
Lo que se dio en llamar conflicto Iglesia-Estado, escondía un conflicto político. La tensión se agravo cuando el cardenal, Pedro Segura, adopto medidas para salvar los bienes de la Iglesia, situándolos en el extranjero. A partir del incendio de varios conventos el 10 de mayo de 1931 en Andalucía, Madrid y País Valenciano, la tensión con la Iglesia ya no cedería. 
Otro fenómeno que agravó las tensiones poco después de proclamarse la Republica, fue el que se manifestó en fenómenos como fuga de capital. Debido a que el antiguo bloque de poder político persuadía a muchas gentes modestas, de que la menor reforma social significa “Socialismo”, y ponía en peligro la Iglesia y la Unidad Nacional.
Las cortes constituyentes elaboran una constitución, votada el 9 de diciembre de 1931, que declaraba que todos los poderes emanaban del pueblo. Un día después Niceto Alcalá Zamora era elegido presidente de la Republica. La derecha nunca acepto el texto constitucional, que desde un primer momento actuó en dos frentes; uno la lucha frontal (que tendría su representación en la sublevación de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932, el cual fracasaría y que acabaría en la sublevación de 1936), y otro de penetración pacifica en el sistema republicano (que tendría su máxima expresión en la CEDA). El gobierno formado por los partidos republicanos de la izquierda, socialistas y presidido por Manuel Azaña presento en el parlamento dos proyectos de ley: el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Reforma Agraria. Ambos proyectos fueron votados el 9 de septiembre de 1932 por el parlamento. El 20 de noviembre de 1932 se celebran las primeras elecciones al parlamento catalán.

La reforma agraria era más difícil de poner en marcha, el decreto de intensificación de cultivos que permitía el acceso inmediato a las tierras que estuviesen sin explotar a campesinos que no tuviesen tierras, dio lugar a numerosos conflictos.
Los conflictos sociales no cesaron. Los conflictos derivados de la Ley de Congregaciones, la crisis, el aumento de paro, la actuación violenta de las JONS, fueron entre otros, factores de desgaste. Al fin, Alcalá Zamora decide disolver las cortes y encargar a un nuevo gobierno presidido por el radical Martínez Barrio la convocatoria de elecciones, celebradas a finales de noviembre de 1933, en las cuales la derecha suma 228 diputados, el centro 144 y la izquierda 94.
En diciembre de 1933 se formó un Gobierno presidido por Lerroux, cuya investidura fue votada por el CEDA. Si el Gobierno era de centro, la derecha presionó para que lo legislado entre 1931 y 1933 no fuera aplicado. En el campo lo propietarios fueron otra vez dueños y señores y dejaron sin trabajo a los obreros sindicalizados en la UGT o la CNT, bajaron los jornales y utilizaron la fuerza pública.            
La Falange se crea en octubre de 1933 y, unificada con las JONS, empezó pronto a emplear la violencia. La extrema derecha firma con Italia la ayuda para derrocar el sistema republicano con las armas.    
En España, el Partido Socialista, junto con la UGT (que dejo de ser dirigida por Besteiro para hacerlo Largo Caballero), hicieron una lucha frontal, con la huelga general de campesinos en junio de 1934, esta huelga costo la desarticulación del Partido Socialista en las zonas agrarias.         
Aquel año 34 vio el conflicto entre gobierno central y el de Cataluña.
Al comenzar el año Alcalá Zamora cedió a las exigencias de Gil Robles y entraron tres ministros de la CEDA en un nuevo gobierno con Lerroux, con este cambio el Partido Socialista desata un movimiento revolucionario, junto al PCE y CNT, la insurrección armada, apoyada por la huelga general, solo triunfo en Asturias, hasta ser vencido por tropas del General Franco. Solo la decidida acción de Alcalá Zamora, conjuntada con una inmensa protesta popular, impidió que fuesen fusilados González Peña, tres mineros de Turon, Pérez Farras y Escofet en Barcelona, etc. El gobierno de centro-derecha, al que se incorporara Gil Robles (ministro de guerra) en Mayo de 1935, prohibió la prensa socialista y otras organizaciones obreras, mantuvo la censura…, Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Mientras tanto Sanjurjo se instala en Portugal y Calvo Sotelo regresa a España.      
Todo lo acontecido en el 34, hace que las izquierdas se unan y va a formarse un “frentepopulista”. En otoño del 35, el clima de unidad de la izquierda fue entrando en una fase de exaltación. Azaña reunía a miles de personas en Madrid, Largo Caballero sale de la cárcel. Enfrente Gil Robles exigía todo el poder y Calvo Sotelo amenazaba.
Cuando en diciembre del 35 se forma el gobierno Portela Valladares y Gil Robles deja de ser ministro, está una noche en vela esperando la respuesta de los generales Fanjul, Goded y Varela, que debían informarle de la puesta en marcha del golpe militar.
Alcalá Zamora convoca de nuevo elecciones para el 16 de febrero de 1936 y disuelve las cortes. El 15 de enero se firma un pacto de Frente Popular, con un programa limitado a la amnistía de presos, reintegración de obreros a sus puestos de trabajo y la aplicación de la legislación suspendida.  
Por su parte la derecha presento un bloque compacto. 
El triunfo electoral del Frente popular cambió el estado de ánimo de todo el mundo. Franco, Gil robles, Calvo Sotelo presionaron para conseguir la declaración de Estado de Guerra, pero no lo consiguieron. El presidente de la Republica llamó a los republicanos y unas pocas horas después se formó un gobierno, presidido por Azaña. La amnistía fue concedida 48 horas después, así como la readmisión de los obreros, el gobierno de Cataluña saldría del penal, se abría el parlamento catalán.
Una vez reunidas las cortes, eligieron presidente a Martínez Barrio, se puso en marcha la elaboración del Estatuto de Autonomía del País Vasco. El frente popular al triunfar creaba una nueva situación en el campo, en el que los trabajadores y sus organizaciones, se convertían en la fuerza local dominante.             
Las muchedumbres se adelantaban a liberar a los presos políticos, con la impaciencia de los hombres del campo. En la primera semana de marzo de 1936, numerosos generales como Mola, Valera, Vallegas, Rodrigues del Barrio, Franco se reunieron para acordar el principio del alzamiento.        
Azaña y sus hombres tenían ante si la vasta tarea de modernizar el país. Desde marzo a Julio, todos los lemas de la derecha consistían en salvar el orden social, la contrapartida era denunciar el desorden público existente, el caos que se avecinaba.
En junio de 1935, José Antonio Primo de Rivera, ya había dicho que la única solución era una guerra civil. En el mes de marzo de 1936 los falangistas tiran sobre Jiménez de Asúa y matan al policía Gisbert, unos días después la Falange es declarada ilegal, y detiene a su jefe nacional, el 4 de mayo de 1936, José Antonio escribe una carta desde la cárcel “carta a los militares”, decía: “el que España siga depende de vosotros”. El sector más derechista de la CEDA entraba en el engranaje de la conspiración. El Gobierno Azaña constituye un intento de practicar la normalidad constitucional. Pero según avanzaban los días los estados de conciencia colectivos en cuanto a pensamiento ideológico iban en aumento. Los anarcosindicalistas se desentendían del gobierno y avivaron conflictivas huelgas, como la petición de 36 horas laborales. El ala izquierda del Partido Socialista, considero que no era hora de volver a aliarse con “partidos burgueses”. El otro sector socialista era mucho más cauto que el ala izquierda (en la que destaca Largo Caballero) porque ellos sí temían el golpe de estado.
Cuando las cortes abrieron sus sesiones el 3 de abril de 1936, los yunteros ya habían ocupado las tierras, que todavía no se les habían dado. No era un misterio que se trataban conjuras entre algunos mandos militares. Entre Alcalá Zamora y Azaña existía una tensión, por la cual Azaña y otros temían que disolviese las cortes, por lo que consiguieron destituir a Alcalá Zamora. La destitución de Alcalá Zamora hace que Azaña llegue a la Presidencia de la República, con lo que los acontecimientos hacia una sublevación militar iban cada vez más deprisa. En la segunda quincena de mayo las huelgas acrecentaron la tensión social: la CNT desata un guerrilla de huelgas. En Barcelona son los patronos los que no cumplen la ley de 44 horas para los metalúrgicos. En Asturias, Zaragoza y otras ciudades las huelgas se sucedían. En el campo la situación era más difícil, había muertes de campesinos y guardia civiles, en Carrión colgaron al presidente de la Casa del Pueblo, hubo intentos de quemar iglesias que desesperaron a la derecha. El gobierno recibía constantemente noticias que confirmaban una conspiración.

El Nacionalismo Vasco durante la II República

Como he dejado claro en párrafos precedentes, el nacionalismo catalán fue encarrilado por la II República a través de su Estatuto de Autonomía, pero el caso Vasco no quedó zanjado hasta el estallido de la guerra del 36. Qué sucedió durante la II República con este fenómeno es algo que pretendo aclarar someramente en este apartado de este epígrafe.

                La ausencia del P.N.V  en la conspiración de San Sebastián iba a ser remediada por una organización escindida de este: Acción Nacionalista Vasca (ANV), fundada en noviembre de 1930, que rechaza el confesionalismo católico del P.N.V y su aversión a la colaboración con los partidos españoles.[xliii] La extracción sociológica de la escisión se corresponde, según estos autores, con la pequeña burguesía y clases medias liberales bilbaínas, que confiesan una especie de socialdemocracia vasca, junto a núcleos de trabajadores de las zonas industrializadas más radicalizados en sus propuestas. En su mayoría eran meramente aconfesionales contando entre sus miembros y líderes principales con católicos practicantes. La dedicación a los problemas sociales produciría una baja aceptación popular de este movimiento entre los vascos, pero, al mismo tiempo, lo señalan como indiscutible precursor del posterior nacionalismo de izquierda desarrollado durante el Régimen de Franco.

Tras la dimisión del General Berenguer en febrero de 1931, la burguesía conservadora, el integrimo religioso, los monárquicos y las clases medias antirrevolucionarias, contemplan con inquietud la escalada republicana, alentada por las izquierdas, el anarquismo y la reivindicación autonómica. Al mismo tiempo se produce la crisis económica que penetra con fuerza en la estructura del País: el desempleo, la mendicidad y la delincuencia consiguientes protagonizaron la vida social de occidente durante toda esta década, respetando, en España, al sector agrícola, pero cebándose en las industrias navieras, siderúrgicas o transformadoras vascas. El peor componente de la crisis fue la caída de los mercados europeos que repercutió sobre las exportaciones y contrajo la capacidad adquisitiva de todos los españoles. El brutal descenso de los intercambios comerciales, según estos mismos autores, produjo la crisis de la flota mercante, que restringió sus planes de reparación y construcción de buques, bloqueando el trabajo en los astilleros, al mismo tiempo que las siderúrgicas acusaban en sus carteras de pedidos la inactividad general.

En este ambiente se produjeron las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, presididas por una agitación social sin precedentes. La jerarquía eclesiástica puso el énfasis, por mediación del Obispo de Vitoria, Mateo Múgica[xliv], en la defensa a ultranza de la monarquía frente al avance del ateísmo republicano, lo que serviría para alentar la división entre los partidos de derecha católicos y los políticos laicos.

Los resultados dieron el triunfo a la derecha en Álava, mientras en Vitoria la victoria inicial de tradicionalistas y católicos tuvo que dejar paso a una mayoría republicano-socialista, que eligió como alcalde a González de Zárate. En Bilbao, el republicano moderado Ernesto de Ercoreca, monopolizó el primer puesto electoral entre 1931 y 1936. En Guipúzcoa el PNV conseguía seis concejales en la capital. Éibar fue la primera localidad en que se proclamó la República.

Es necesario resaltar que los votos obtenidos por las fuerzas nacionalistas y carlistas que se sumaron a la reclamación de autonomía llaman poderosamente la atención: en Vizcaya resultan elegidos 419 nacionalistas y carlistas, en Guipúzcoa 369, en Álava 170 y en Navarra 370. A pesar de este punto en común entre nacionalistas y carlistas, aquellos señalaron las distancias con el tradicionalismo más reticente, al aceptar la proclamación republicana con la única objeción de su actitud respecto a la Iglesia.

La situación sociolaboral de las provincias vascas estuvo presidida por los mismos elementos que en el resto de España, y giraba sobre la recesión en el sector siderúrgico vizcaíno, que proporcionaba el contingente de mayor empleo de Vascongadas: las cifras de parados, en los primeros años del decenio, oscilan entre 500.000 del verano de 1931 y los 600.000 de finales de 1933, incrementándose hasta el comienzo de la guerra civil.[xlv]

El sindicato de Trabajadores Vascos, STV, llevó a cabo una potente actividad sindical, aunque siempre con la mediatización obsesiva de oponerse al peligro socialista. Ante la crisis laboral, Solidaridad, inculpaba en un informe de 1931, a la política del gobierno. Se situaba en primer lugar, la perjudicial actitud de los republicanos-socialistas contra la propiedad, la familia y la religión, para luego señalar el abandono de la construcción de ferrocarriles o de los encargos de CAMPSA a astilleros vizcaínos, protestaba por el acceso de obreros extraños sin preparación que aumentaban el número de parados. STV, ofrecía el ejemplo de la trayectoria empresarial del presidente Aguirre[xlvi], que había seguido el ideal cristiano como medio de provocar el acercamiento entre patronos y obreros, de impedir la lucha de clases y de prestigiar al capital.

                En el tema estatutario, ya mencionado en otro capítulo, el Estatuto de Estella quería proyectar una república vasca federada en una república española. El peso de la defensa de la religión, en medio de una acentuación de la crisis entre el Gobierno y el obispado de Vitoria, que finaliza con la expulsión del integrista Múgica, condicionaba buena parte del texto y el espíritu de este. Esta circunstancia, según Cortázar, produjo un doble efecto: el acercamiento y la aceptación del carlismo, cuyos alcaldes se sumaron en mayoría a la campaña y el recelo del Partido Socialista y los republicanos expresados por la definición que hizo Prieto[xlvii] de Vascongadas como un Gibraltar Vaticanista.

                La confrontación entre los dos bloques tiene lugar en las elecciones a Cortes de 1931, con los siguientes resultados: La coalición vasco-navarra, entre nacionalistas y carlistas, supera a su contrincante, la conjunción republicana-socialista. El tradicionalismo juega fuerte la carta autonómica, que luego combatirá con las armas, e incorpora a Oriol o Rodezno a los actos de afirmación nacionalista organizados por el PNV.

                De este modo, cuando se aprueba la Constitución republicana, el 9 de diciembre de 1931, sus disposiciones sobre estatutos de autonomía invalidaban todo lo actuado hasta el momento en Vascongadas. Se iniciará un nuevo proceso autonómico con un procedimiento que difería sustancialmente del adelantado por los Ayuntamientos. Por medio de un decreto se facultó a las Diputaciones provinciales, gobernadas por gestoras provisionales, para la redacción de un nuevo anteproyecto, el Estatuto de las Gestoras, elaborado en medio de una situación confusa y agitada y que tendría menos consenso que el de Estella: los navarros, arrastrados por la mayoría de los alcaldes tradicionalistas lo rechazaron en la asamblea de Municipios de Pamplona de junio de 1932. En Vizcaya y Guipúzcoa la mayoría fue favorable de forma inequívoca mientras que en Álava se decantaba por la debilidad.

                Bajo la agitación pro-estatuto, en las elecciones generales de 1933, los nacionalistas alcanzan un éxito histórico: 6 de los 9 escaños en Vizcaya, 5 de 6 en Guipúzcoa y 1 de 2 en Álava. ¿Pudiera haberse producido en este momento el vuelco del voto carlista hacia el nacionalismo en Vascongadas? La ausencia en Navarra inicia, en cambio, el precedente histórico del relativo apartamiento de esta Provincia y abre la secuencia de posteriores resultados exiguos.

Animado por el triunfo electoral, el PNV, intentará acelerar los trámites para la aprobación del Estatuto, pero la composición de las nuevas Cortes, de tendencia centralista y contraria a las escisiones autonómicas, lo retrasan. Cualquier oportunidad podía desencadenar el enfrentamiento que se produjo con el “Estatuto del vino” o Ley de cultivos que fue visto como una injerencia en el Concierto económico vigente.

El incidente del vino fue uno de los acontecimientos de 1934 que radicalizaron las posturas. El Gobierno central, en vez de dialogar, trató de cortar las protestas mediante la prohibición de reuniones, encarcelamiento de concejales y desalojos. Prieto y los nacionalistas se concentran junto con 11 parlamentarios vascos y 15 catalanes en Zumárraga.

El oportunismo de la izquierda, según Cortázar, y la radicalización del conflicto separó a personalidades como Azaña, a los católicos y a los tradicionalistas navarros y alaveses, que solo veían en la maniobra hostigamiento político contra el Gobierno. Cambó, incluso, no desaprovecharía los incidentes para ironizar sobre la presencia de Prieto, junto a los nacionalistas, en la presidencia de sus asambleas.

De aquella experiencia compartida entre nacionalistas y socialistas surgirían frutos de notable colaboración entre ambas formaciones. El acercamiento del prietismo a las posiciones autonomistas y su relación personal con líderes del PNV, influirían decisivamente en actitudes políticas generales durante la guerra civil o en la concesión del estatuto al País Vasco.

El movimiento obrero, con la huelga general de octubre de 1934, se recupera, dando muestras de una asombrosa vitalidad. Los comunistas asumían la reivindicación nacional a través del principio marxista de autodeterminación y creaban el PC de Euskadi. Los miembros de ELA-STV prosiguen en su actividad propagandística y en la puesta en marcha de cooperativas, escuelas o cajas de solidaridad con el paro. Al mismo tiempo, los líderes nacionalistas eran perseguidos por su implicación en la huelga.

El deterioro institucional era patente y se convocan elecciones anticipadas en febrero de 1936. Para los nacionalistas estas elecciones son el reverso de las anteriores: una campaña electoral basada en la afirmación patriótica y en el reconocimiento social apartó al PNV de sus compromisos más a la derecha que le hacen perder el voto conservador.

El triunfo del Frente Popular llevó a Azaña a la presidencia de la República con el apoyo, entre otros, del PNV. Las promesas de la izquierda serán respetadas y en abril de 1936 los diputados vascos, frentepopulistas y nacionalistas, vuelven a presentar el Estatuto en las Cortes que sería aprobado posteriormente, ya iniciada la guerra civil.

El régimen autoritario del General Francisco Franco Bahamonde.[xlviii]

Introducción

En este proceso hacía la guerra, la Eskerracontribuyó destacadamente a la radicalización revolucionaria, el PNV colaboró a ella desde la derecha, y la Lliga, cada vez menos nacionalista, participó de los esfuerzos y la impotencia de la derecha para frenar la revolución.[xlix]

La guerra, a punto de estallar, o, más bien de recomenzar, tras el asesinato de Calvo Sotelo, iba a tener rasgos muy complejos. Sería, en primer lugar, una lucha entre revolución y contrarrevolución, entre una izquierda mayoritariamente totalitaria y una derecha que había llegado a ser autoritaria. Sería, asi mismo una guerra religiosa por la presión exterminadora contra la Iglesia Católica y porque muchos izquierdistas entendían su ideología en términos pararreligiosos. También incluiría una guerra entre las propias izquierdas, mal sofocada por la lucha contra un enemigo común. Y sería, en fin, y según Pio Moa, una pugna entre varias concepciones de España, en la que los nacionalismos vasco y Catalán iban a desempeñar un papel secundario, pero de ningún modo irrelevante.

Por lo que se refiere a los nacionalismos, han solido presentar la guerra como un conflicto entre el nacionalismo español y los nacionalismos vasco y catalán, como una guerra contra “Catalunya y Euskadi”. Ello concuerda con las doctrinas nacionalistas, pero no con las pruebas históricas. Ni Cataluña ni Vasconia lucharon como tales contra el resto de España, sino como parte de uno u otro bando enfrentados. Y ni aun así los vascos o catalanes defendieron una política, pues se hallaban tan divididos como el resto de los españoles.

Tras unos cuarenta años de empeñada labor, ambos nacionalismos habían creado un ambiente popular propicio, aunque bastante superficial y alejado de sus aspiraciones, según siempre este autor. La mayoría de los votantes del PNV y de Ezkerra no asumían ni conocían siquiera las doctrinas partidistas. Más bien expresaban un sentimiento de orgullo por pertenecer a una Región concreta muy abonado por dichos partidos con el combinado típico de narcisismo y victimismo, al modo como el obrerismo comunista o socialista arrastraba a muchos obreros desconocedores o desinteresados de las doctrinas marxistas, pero persuadidos de que tales partidos defendían sus intereses inmediatos y su dignidad personal. Como habían demostrado los hechos de octubre, el grupo de Companys y la vasta mayoría de los catalanes tenían ideas muy dispares sobre Cataluña. Y los motivos de los votantes del PNV iban desde la religión hasta el separatismo racista, pasando por el simple recelo ante posibles abusos centralistas.

Llama la atención, en otro sentido y según Pio Moa, el casi nulo esfuerzo de sabinianos y pratistas por desarrollar, no digamos criticar, las doctrinas de sus fundadores. Sus adeptos las consideraban cuerpos doctrinales cerrados limitándose a acentuar tal o cual punto de ellos según la oportunidad. Así, también, los marxistas y anarquistas hispanos, que no aportaron nada a sus teorías; si bien no precisa comentario la distancia intelectual entre un Marx y hasta un Bakunin, y un Arana o un Prat de la Riba.

Tampoco dichos creyentes habían tenido que trabajar mucho rebatiendo a un nacionalismo español de líneas poco definidas. Les bastaba con la permanente desvalorización y el desprecio a España o a Castilla, porque el nacionalismo español tuvo manifestaciones variadas y hasta opuestas, bastante alejadas del cuerpo doctrinal como el sabiniano o el pratense. Se ha señalado a menudo, la escasez de estudios sobre el nacionalismo español, cosa explicable en parte por esa razón.

Hay otra obviedad no tenida en cuenta: los nacionalismos de Arana y Prat debieron inventar o reinventar el pasado, desde las “glorias patrias” o el “crimen” del compromiso de Caspe[l] hasta la supuesta servidumbre bajo el yugo español o el castellano; pero el nacionalismo hispano del siglo XIX, tanto en su versión tradicional carlista como en la moderna liberal, apenas tenía esa necesidad, más allá de españolizar a Viriato y a Trajano, o de proyectar hacía la eternidad las esencias Patrias. Nadie cuestionaba las dos grandes etapas formadoras de España, la Reconquista contra Al Ándalus, y el Siglo de Oro.

Al revés que “las glorias patrias” de Arana y de Prat, no se trataba de hechos dudosos, y los esfuerzos por reactivarlos o negarlos parecían abocados a fracasar por sí solos.

Tampoco ofrecía duda la realidad de la expansión cultural e imperial de España en los siglos XVI y XVII.

En el siglo XIX no hubo una elaboración canónica del nacionalismo español, ni siquiera por parte liberal, pero en el siglo XX las presiones y retos de otras teorizaciones y políticas obligaron a formular algo parecido a una doctrina al efecto.

Para no alargar esta parte del epígrafe, cabe concluir con que el patriotismo de los nacionales se alzaba en primer lugar contra el internacionalismo revolucionario, pero también, evidentemente, contra los secesionismos regionales. No era incompatible con los regionalismos e incluso con las autonomías, precisamente por sus raíces y nostalgias del Antiguo Régimen, pero la experiencia habida al respecto le inclinaba hacia el centralismo liberal.

En el bando contrario existía un nacionalismo regeneracionista parecido al catalán o al vasco, y en rivalidad con ellos. Su visión negativa del pasado español lo debilitaba ante los secesionismos e internacionalismos, pero no hay que dudar del denso sentimiento español de personajes como Azaña, muchas veces expuesto en sus escritos; y seguramente él, en su jacobinismo, veía los movimientos obreristas o la Eskerra, no digamos al PNV, como males a sobrellevar, confiando en integrarlos con promesas de arreglo futuro y de grandeza común.

Una dura posguerra

Tanto la Generalitat como el Gobierno del PNV, se habían ocupado de situar el dinero en el exterior. De ello sigue sin saberse mucho, pero se encuentran indicios dispersos, como en las memorias del anarquista García Oliver[li]. Durante el período del Comité de Milicias, los ácratas habían expoliado ingentes sumas, por lo que los militantes en el exilio protestaban de la escasísima ayuda recibida. Pero la mayor parte de esos bienes habían pasado a la Generalitat cuando la CNT tuvo la flaqueza de renunciar a sus principios. Perdida la guerra, explica García, “nos convenía explorar las intenciones del que había sido el Gobierno de la Generalitat (…) pues nos enteramos de que Tarradellas disponía de fondos destinados, se decía, a la ayuda económica de las personalidades catalanas. A mi me pareció que la explicación dada por Tarradellas sobre los tesoros confiados en depósito a la Generalitat de Cataluña era un subterfugio alejado de la verdad(…).”

De todas formas, los recursos pasados a Francia por ácratas y nacionalistas se mostraron insuficientes, entre la apropiación de parte de ellos por diversos responsables y las necesidades de miles de refugiados. Uno que rechazó el dinero fue el expresidente de la República Alcalá-Zamora, pese a sufrir grandes apuros económicos.

El caso del PNV se conoce algo mejor. Ante el derrumbe del Frente Popular creyó ya inútil colaborar con él, y se ausentó de las “instituciones republicanas”, pero su anhelo de independencia, tras fracasar su intento de apropiarse del Vita , chocaba con el problema de “los garbanzos”, y el bien probado realismo de sus líderes combinaba mal con los gestos heroicos. Antes, los sabinianos, habían manejado en su interés exclusivo la tesorería del Gobierno Vasco, suscitando las protestas de los socialistas, pero ya en el exilio el dinero se agotaba con rapidez, mientras los republicanos lo seguían teniendo en abundancia. A Aguirre le daba “repugnancia todo esto español (…). Pero cuando me pongo a hablar de dinero no sé qué hacer”. Hubo disputas internas.

Al principio hubo fuertes tensiones entre Negrín y los peneuvistas. El primero pensaba repartir por igual entre vascos y no vascos. Negrín rompió las relaciones, después de pedir cuentas de su gestión económica al Gobierno Vasco.

Para finalizar, según Pio Moa, la gran masa de la población Vasca y Catalana acogió el franquismo entre la simpatía y la indiferencia, suministrando una parte importante de los dirigentes políticos y económicos de un régimen acaudillado por un gallego.

Muy pocos vascos y catalanes rechazaron el nuevo estado de cosas, o prestaron respaldo a los izquierdistas y nacionalistas en sus escasos conatos de lucha.

No solo en aquellos años, sino durante todo el franquismo, la oposición de los nacionalismos tendría escaso relieve, con la muy tardía excepción de ETA.

Revolución en la Iglesia.

Quizá la actuación más significativa de los nacionalismos, ya en los años 60, fue un documento firmado por 339 sacerdotes vascos y presentado en el vaticano. Con el estilo clásico de Sabino Arana, los curas denunciaban “la persecución de las carácterísticas étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos”, así como el nombramiento de obispos no vascos y otras manifestaciones de lo que llamaban genocidio, para emparentarlo emocionalmente con los exterminios nazis. Un grupo del clero vasco se había radicalizado en un sentido sabiniano.

El clero nacional-progresista vasco montó en los años 60 una red  de “escuelas sociales”, donde, mediante conferencias, charlas, seminarios etc., difundía ideas “avanzadas” y de un nacionalismo radical. Su carácter legal o no ilegal y el prestigio del clero, atrajeron a numerosos jóvenes a aquellos centros, llamados por algunos “universidades populares” las cuales tomaron enseguida carácter de adoctrinamiento político. Para la ETA supusieron un salto en su capacidad organizativa e influencia, pues fue ella, como veremos posteriormente, quien más ampliamente y mejor supo explotar tales escuelas para formar grupos de simpatizantes y militantes por buena parte de la región.[lii]

El clero nacionalista catalán prefería un estilo de oposición más disimulado, pero más efectivo, como indican unas declaraciones del arzobispo de Tarragona, Arriba y Castro, ya en 1957: “Voy a Roma a manifestar al Papa que la situación en Cataluña por causa de la actuación del clero catalán que procede y actúa en separatista, es para mí inestable y de muy difícil aguante. Si S.S., no corrige, o no puede, la actuación política de esta fracción del clero catalán le voy a pedir que me releve de mi diócesis”.

El terrorismo de ETA

Como paso importante en la vida de esta organización, es necesario señalar que fue en 1965 cuando la ETA celebró su IV asamblea, comenzada en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Azpeitia, los cuales sabían a quiénes cobijaban. La reunión consagró los objetivos simultáneos de secesión y socialismo en un sentido cada vez más abiertamente marxista e incluso marxista-leninista, y la táctica de las acción-represión-acción como forma de desatar una espiral de lucha.

El viejo nacionalismo sabiniano no se acomodaba al revolucionarismo marxista, ni el terrorismo con la acción de masas del proletariado. Un sector privilegiaba al nacionalismo y otro el socialismo. El primero optaba por el terrorismo, y el segundo por la acción sindical y “popular”.

La pugna entre las dos líneas se saldó con la victoria del ala nacionalista-socialista en la V Asamblea[liii]. El sector sindical-popular sería expulsado pasaría a llamarse ETA-berri (nueva) y el vencedor ETA-zarra (vieja), hasta que la primera cambió su nombre por el de Movimiento Comunista de España (MCE), recuperando los otros el de ETA sin adiciones y organizándose en cuatro frentes: militar, político, económico (sindical) y cultural, imitando un esquema del comunismo vietnamita.

La V Asamblea comenzó en la casa parroquial de Gaztelu, en Guipúzcoa, y terminó en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Guetaria, pasando la organización a realizar pequeños atentados  contra lápidas y símbolos fascistas.

El 7 de junio de 1968, con la muerte de un Guardia Civil cerca de Tolosa, se inicia la escalada de terror de la organización que llega hasta nuestros dias. El autor de los disparos, Javier Echevarrieta, Txabi,  y su acompañante se refugiaron en casa de un cura. El Guardia Civil, Jose Antonio Pardines, gallego, fue el ejemplo de los futuros atentados de esta organización.[liv]

La ETA, el PNV, el clero nacionalista y la oposición antifranquista transformaron este episodio de muerte en un relato, entre heroico y martirial, de lucha por la libertad y venganza represiva.[lv]

Últimos años del Franquismo

Existe la idea equivocada de que los últimos años del regimen las crecientes movilizaciones lo ponían en serio peligro, pero no había tal. Las manifestaciones por el juicio de Burgos no llegaron a concentrar más allá de 2000 personas en Barcelona y, el resto, no supero algunos cientos de manifestantes.

1970 fue el año del Acuerdo Comercial Preferencial con la Comunidad Económica Europea, muy favorable a España y de los Acuerdos de Amistad y Cooperación con USA. Una Ley General de Educación buscaba mejorar algunos aspectos de la misma y la economía marchaba óptimamente.

El propio Caudillo había tomado las necesarias previsiones sucesorias en 1969, nombrando al príncipe Juan Carlos su sucesor, lo que significaba un corte con la monarquía liberal fracasada en 1931, a juicio de la derecha, o en 1923, a juicio de la izquierda.

Todas las fracturas del régimen fueron de carácter menor si tenemos en cuenta la que supondría la de la Iglesia. También hombres del Opus Dei sostenían periódicos tan críticos como el diario “Madrid”, que terminaría siendo cerrado en 1971, después de atacar directamente a Franco.

A pesar de todo ello, muy pocos en la oposición creían en el posible derrumbe del régimen, o siquiera cambiarlo de alguna manera, antes de la muerte del General.

Ninguno de los partidos tradicionales a excepción del PCE, tenía presencia real en la vida del País.

Ruptura contra reforma.

A la muerte de Franco, la situación recordaba en muchos aspectos a la de 1930, tras la dimisión de Primo de Rivera. Había sido imposible institucionalizar un régimen duradero, por lo que se planteaba un problema político de primer orden: ¿cómo pasar de la excepcionalidad del régimen personalista del Generalísimo Franco a la normalidad constitucional.

A diferencia de 1930, la república no era prioritaria para casi nadie, aceptándose por lo general una monarquía, siempre que estuviera liberada de todo idealismo franquista y como régimen de transición hacia una nueva república.

La oposición de 1975 descartaba imponerse mediante un golpe de fuerza como el intentado por los republicanos de 1930. En aquellos años el Ejército estaba dividido, mientras en 1975 permanecía unido y disciplinado, y los ligeros síntomas de corrosión ofrecían pocas esperanzas a los opositores. Era imposible una revolución de los claveles en España, lo que se tradujo en una amargura de la oposición y a un recelo hacia sus Fuerzas Armadas que, como poder fáctico, les obligaba a una prudencia mayor de la que habrían exhibido por propio impulso.

Juan Carlos ya estaba convencido de la necesidad de realizar una reforma, que se realizó ejemplarmente con el apoyo de un elemento esencial para poderla llevar a cabo: el propio Ejército.

La aparición de nuevos grupos terroristas como los GRAPO, no contó con la simpatía y comprensión hacia el terrorismo por parte de la oposición que sintió muy poco placer ante la irrupción del GRAPO., que ponía en peligro lo conseguido hasta ese momento.

Suárez y Fernández Miranda aceleraron el proceso y, la maniobra clave fue la autodisolución de las Cortes y el referéndum que permitiera al pueblo decidir sobre el nuevo régimen, asegurando así la transición “de la ley a la ley”. Con esta empresa audaz el franquismo, su sector más fuerte, tomaba decidida y decisivamente la iniciativa política, intensificando los contactos con la oposición y haciendo posible la reforma.

Conclusiones.

.- Hemos visto a lo largo de todo este capítulo algunas de las orientaciones y factores que se pueden aplicar al estudio de los nacionalismos en España aun sabiendo que se pueden encontrar muchas otras. La elección del método Histórico nos permite y nos obliga a percibir la sociedad española, ante todo como un fenómeno histórico que hemos completado en los otros dos libros anteriores con la aplicación de otras disciplinas para encontrar las causas del conflicto objeto de estudio. El paciente lector habrá observado, quizás, alguna reiteración, solo fruto de la repetición de los mismos sucesos causales del conflicto a lo largo del tiempo. Por ello hemos querido mostrar la variedad de formas y procesos, estructuras y comportamientos, tanto en el espacio como en el tiempo.

 El examen específico de las tres regiones comparadas nos ha llevado a buscar los nexos y las diferencias históricas de cada una de ellas pretendiendo encontrar y mostrar las causas que han originado la erosión de nuestra identidad nacional en el presente.

Sin prescindir de mi condición de militar voy a enumerar las conclusiones que, en mi opinión, emanan de este humilde análisis histórico, siguiendo el guion que hemos trazado:

.- Es claro, por tanto, y después de analizar las tasas y saldos de migración desde los años 1960 a 2000, que se analizan en los cuadros que se han mostrado a lo largo de este trabajo, y de los mapas histórico geográficos posteriores, que existe una conciencia psicológica nacional de pertenencia a una cultura nacional a través de una identidad nacional española en todo el territorio, fomentado por el intercambio de información y formas de las distintas Comunidades y Provincias donde se han producido estas migraciones; no considerándose individualmente que exista una emigración a otro País o Nación que no fuera España en el interior del territorio de la misma.

.- Los mapas histórico-geográficos de divisiones administrativas a lo largo de la Historia y desde la prehistoria no indican que existiera nunca una división administrativa que pueda dar origen a nacionalidades distintas de la española basándose en una presunta Historia diferente a la misma.

.- “El mayor localismo de España no depende de una realidad multiforme, étnico-geográfica, sino al contrario, de una condición psicológica uniforme; depende de la conformidad del carácter apartadizo ibérico, ya notado por los autores de la antigüedad mucho antes que afluyesen a la Península la mitad de las razas enumeradas por Hume como causantes de las tendencias dispersivas. Que las realidades étnico-geográficas de la Península no comportan ninguna fuerza especial fragmentadora, se muestra en la diversidad dialectal de España, mucho menor que la de Francia o la de Italia.”

.- Al revés de lo que inventan hoy los nacionalistas, la guerra de Sucesión no supuso el enfrentamiento entre Cataluña- Austria y España (o Castilla)-Francia. Ciudades y comarcas pertenecientes al antiguo reino de Aragón como Castellón, Alicante, el valle de Arán, el interior de las provincias de Barcelona y Valencia, Calatayud o Tarazona, fueron partidarias de Felipe V, el rey Borbón. Y lugares como Madrid, Alcalá o Toledo se declararon fieles al aspirante austriaco, el archiduque Carlos. El enfrentamiento interterritorial de 1714 es otra patraña más inventada por el nacionalismo para negar el carácter de guerra civil que tuvo aquella sucesión al trono.

.- El carlismo, un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y antirrevolucionario nacido a finales del Antiguo Régimen y que, pese a su marginalidad, sobrevive todavía en nuestros días, constituye uno de los principales protagonistas de la historia contemporánea de España.

                Tres fases distinguen su desarrollo:

a.-En las seis décadas centrales del s. XIX, el carlismo consiguió movilizar a millares de hombres e implicar a otras tantas familias, provocando, en su permanente enfrentamiento con el liberalismo, varias guerras en las que la palabra “carlista” resulta a veces un eufemismo que parece ocultar el sello fratricida. Pasó asimismo a formar parte del imaginario de los españoles, generando temores y miedos, creando mitos y memorias. El ochocientos constituyó una prolongada guerra civil declarada, que permitía, para expresarlo como lo hiciera Miguel de Unamuno en un artículo publicado en 1933, “sentir la paz como fundamento de la guerra y la guerra como fundamento de la paz”.

b.- Los años de protagonismo esencial dejaron paso, desde finales de la década de los setenta, tras el desenlace de la última carlistada, a otros en los que el carlismo ocuparía una posición secundaria en el escenario español, aunque más importante de lo que su desconocimiento ha hecho pensar durante años. La Guerra civil de 1936-1939  fue el momento álgido, a parte de la conclusión de esta segunda fase.

c.- Desde entonces a la actualidad, el carlismo ha vivido un proceso de marginalización, oscilante en más de un momento, que, de todas formas, no ha desembocado en una desaparición cien veces anunciada.

Las insurrecciones de la Vendeé y de los chouans contra la Revolución francesa, el legitimismo de la duquesa de Berry[lvi] y del conde de Chambord[lvii], ya en el s. XIX, en Francia; el miguelismo en Portugal, y las insurrecciones de Viva María en Toscana y de los sanfedistas en la Italia meridional de fines de setecientos, además del legitimismo napolitano de Francisco II, presentan evidentes lazos de parentesco con el carlismo del s. XIX.

Las conexiones entre unos movimientos contrarrevolucionarios y otros fueron permanentes, poniendo las bases para la existencia informal, en las décadas centrales del ochocientos, de una especie de “Internacional blanca”.[lviii]

.- El carlismo es un movimiento peculiar a causa de su larga pervivencia, lo cual lo distingue de otros movimientos españoles y europeos.[lix] Pervivencia no significa, de ningún modo, inmutabilidad. Aún perviviendo defensores del carlismo más tradicional, se puede afirmar que una gran parte de las masas carlistas han nutrido los círculos nacionalistas a partir, sobre todo, del desastre del 98.

.- La dictadura de Primo de Rivera apareció en un primer momento como una solución “a la romana, es decir, como un remedio drástico, pero pasajero, a una situación de crisis. Y de hecho resolvió con bastante rapidez los problemas principales que habían llevado el régimen liberal a la ruina: eliminó el terrorismo anarquista, consiguió la colaboración de los socialistas, cuya demagogia y golpismo tanto habían perturbado el régimen anterior, redujo a la inoperancia los separatismos, que poco antes se habían unido para promover la lucha armada, y resolvió la sangría de Marruecos.

.- La tranquilidad resultante tuvo efectos casi milagrosos: sus seis años de duración fueron también los de mayor crecimiento económico que hubiera experimentado España desde principios del siglo XIX. Por primera vez empezó a cerrarse la brecha con los países europeos ricos. Recordemos que durante el primer ciclo histórico, concluido en la I República, la inestabilidad política había hecho perder al país la Revolución Industrial, y la renta per cápita española se había estancado, mientras en la Europa industrializada subía con rapidez. Al comenzar el segundo ciclo, el de la Restauración, la renta española salió del marasmo para crecer con cierta rapidez, inferior sin embargo a la media europea (a la media de los países ricos, insistamos, una minoría dentro de Europa: Gran Bretaña, Francia, Alemania y algunos países de su entorno). Es con la dictadura de Primo cuando el desarrollo económico español comienza a aproximarse a dicha media.

Podrían citarse muchos datos significativos, como que el número de universitarios aumentó en casi un 30% y el de alumnos de enseñanza primaria pasó de 1.700.000 a 2.150.000, y por primera vez se prestó atención continuada a la enseñanza profesional y de especialización obrera; el analfabetismo femenino bajó de un 50% a un 39% (a 32% el general), y se duplicó la presencia femenina en la universidad.[lx]

.- Con Primo de Rivera se perdió la primera oportunidad de conciliar las corrientes nacionalistas con el resto de las corrientes político-sociales de la Nación Española.

 .- Respaldar a Primo de Rivera suponía para el rey una apuesta muy arriesgada, pero lo hizo. Tenía difícil elección. Se ha dicho que este respaldo supuso el fin de la monarquía, pero más suicida y desacertado habría sido sostener un régimen desprestigiado, corroído por casi todas las fuerzas políticas y falto de defensores de valía. El rey intentó pues salvar lo salvable, ante el inminente derrumbe de un sistema parlamentario socavado en todos sus cimientos. 
         Los dos partidos dinásticos estaban en bancarrota, divididos en facciones sin prestigio ni líderes populares, incluido un Maura timorato ya con 70 años. Los nacionalistas moderados de la Lliga sufrían una profunda crisis, y su táctica de golpear y apuntalar alternativamente al régimen había causado estragos en su electorado. Las demás fuerzas eran casi todas antisistema, empeñadas en una obra de demolición cada día más eficaz. Mantener una situación a la que nadie veía salida suponía avanzar hacia un derrumbe revolucionario, una repetición agravada de la crisis de 1917, y sin ningún Dato del que echar mano. El régimen respondía a la definición de Joaquín Costa: una necrocracia.          
Ante el pronunciamiento el gobierno hizo ademán de resistencia, sin convicción alguna. El propio García Prieto agradecería a Primo de Rivera que le hubiera relevado de la pesadilla de gobernar. Alfonso XIII tuvo la tentación de asumir personalmente el poder, pero Primo de Rivera le advirtió que no lo aceptaría. Por lo que el rey respaldó la dictadura.

.- Sorprendente resulta la ausencia de oposición en los revolucionarios y separatistas: en las semanas y meses siguientes asistieron con desconcertada mansedumbre a la clausura de sus centros y parte de su prensa, y a la detención de algunos de sus líderes. Se comportaron como si ellos creyesen también en la putrefacción imparable del régimen.

.- Dado que la dictadura y la República fracasaron sucesivamente en su intento de consolidarse como nuevas formas de convivencia política, y por tanto de abrir un nuevo ciclo histórico tras el hundimiento de la Restauración, debemos considerarlas como sucesivos derrumbamientos a partir de otro principal, el de la propia Restauración. Y, por tanto, como partes del mismo ciclo, comenzado en 1874 con una exitosa reorganización política liberal, progresivamente socavada por fuerzas de carácter mesiánico o totalitario, hasta provocar su caída.[lxi]

.- Hay otra obviedad no tenida en cuenta: los nacionalismos de Arana y Prat debieron inventar o reinventar el pasado, desde las “glorias patrias” o el “crimen” del compromiso de Caspe hasta la supuesta servidumbre bajo el yugo español o el castellano.

.- En 1931 Macia proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española traicionando el Pacto de San Sebastián. Tras una serie de negociaciones, aceptó transformar el Gobierno de Cataluña en Gobierno de la Generalidad de Cataluña y elaborar un estatuto de autonomía. Elegido presidente de la Generalidad en 1932 se esforzó en reflejar el ideario autonómico de su partido desde su acción de gobierno, que concluiría con la derrota electoral del mismo, noviembre de 1933. Durante este corto espacio de tiempo aprovechó la oportunidad de dirigir el Gobierno Catalán para infiltrar dentro de la estructura de las Instituciones a personajes adictos a sus tesis en conformidad con la teoría de sistemas que condicionaría el funcionamiento de estas durante los años posteriores y cuya estrategia pudiera ser copiada por los partidos nacionalistas a partir de las reformas emprendidas en la organización regional adoptada por España a partir de la aprobación de la Constitución que dió lugar a la reforma del Régimen personalista del General Franco en los Años 70 y a partir de su muerte.

.- El patriotismo de los nacionales, 1936, se alzaba en primer lugar contra el internacionalismo revolucionario, pero también, evidentemente, contra los secesionismos regionales.

.- En el bando contrario existía un nacionalismo regeneracionista parecido al catalán o al vasco, y en rivalidad con ellos. Su visión negativa del pasado español lo debilitaba ante los secesionismos e internacionalismos, pero no hay que dudar del denso sentimiento español de algunos de sus personajes más importantes.

.- Un sector de la Iglesia tuvo un lugar destacado en todas las guerras civiles carlistas del siglo XIX y XX y en los movimientos nacionalistas Catalán y Vasco a partir de 1960.

.- En los años 60 del siglo XX, surge en España un nuevo movimiento de izquierda y nacionalista con rasgos históricamente inéditos, principalmente la hegemonía comunista, mientras casi se esfumaban fuerzas tan definitorias como los republicanos, anarquistas, socialistas o los viejos partidos nacionalistas. Al lado de este fenómeno, aparece un terrorismo nacionalista también nuevo, en Vascongadas.

.- El rasgo clave de esta época del siglo XX fue sin duda el cambio en la Iglesia, su parcial pero muy nutrida incorporación al antifranquismo creando un ambiente social propicio a las libertades y a un cambio social moderado, pero al mismo tiempo favoreció de modo no menos importante el despertar de movimientos totalitarios, secesionistas y hasta terroristas. Institución que aún continuaba y continúa, desde Roma, santificando victimas que perecieron a manos de los que en estos años defendía esa parte del clero español.

.- El uso y abuso de los símbolos y herencia de la historia de los RRCC y de la época Imperial de los Austrias, junto con el catolicismo integrista propio del tradicionalismo más excluyente induce a parte de la población a alejarse de una idea de pertenencia a una Nación que olvidaba parte de su historia y, por tanto, rechazaba a todo aquel que no se identificara con los “valores patrios”.

.- Al igual que Primo de Rivera, el General Franco, perdió la oportunidad de conciliar a todos los españoles, que si bien podía ser una postura natural derivada de los horrores de la guerra en los primeros años del régimen, no lo es a lo largo de todo su extenso gobierno.

.- La utilización partidista de las Fuerzas Armadas como medio de adoctrinamiento de la población, produce la identificación de estas con el régimen, lo que se manifiesta en los años siguientes a su muerte en un rechazo a las mismas y a los valores que representan. Todo ello a pesar de haber sufrido entre sus filas una de las mayores sangrías soportadas por cualquier Ejército en el mundo occidental a manos del terrorismo revolucionario.

.- Franco fue el personaje político español más destacado del siglo XX: libró a España de una revolución y, por tanto, de una dictadura más totalitaria, la libró de un proceso de disgregación, evitó su entrada en la II Guerra Mundial y presidió la época más prolongada de paz y prosperidad que haya vivido el País desde principios del siglo XIX. A su muerte España estaba más cerca del grupo de países opulentos de Europa que nunca en estos dos siglos, y sólo muy recientemente han vuelto a recuperarse los niveles de convergencia de 1975.

.- Parece oportuno hacer referencia a algunas citas de Sánchez Albornoz en El drama de la formación de España y los españoles (1973) como elementos que nos den la pauta de lo que puede ser admisible para no alterar el signo de la historia, y como homenaje a quienes han sufrido persecución o muerte por defender la libertad o la verdad de nuestro pasado colectivo:            
«Si no olvidamos la furia enemiga con la que los españoles combatieron entre sí de 1936 a 1939 y la furia homicida con la que se mataron durante muchos meses en las dos retaguardias, podremos añadir una nueva prueba de la renovada resurrección de nuestro primitivo estilo de vida cada vez que se rompían los diques del encantamiento de la fecunda convivencia.     
Al forjar la España futura no deben olvidarse otras realidades. Vasconia y Cataluña han ordeñado y siguen ordeñando a su placer la vaca española. Galicia no ha sido oprimida por Castilla sino por sus caciques locales. Y ellos y políticos de todo el cuadrante geográfico hispano: gallegos, asturianos, vascos, catalanes, mallorquines, levantinos, andaluces, extremeños… han gobernado a España y, en primer lugar, a Castilla. En un siglo, sólo tres o cuatro castellanos han ejercido muy pasajera acción sobre la vida política nacional española.  
Podrán idearse fórmulas de convivencia muy distintas para articular la España del futuro. Pero, que no se sueñe en volver a hacer a Castilla la cenicienta de la Península. Hermandad política sí, pero, con igualdad fiscal para todos los que quieran seguir siendo españoles. Y punto final al ordeñamiento de la vaca española».


[i] El deterioro del orden público en Barcelona que lo vivió de primera mano el General.

[ii] González Calleja, E., “La España de Primo de Rivera”, Alianza, Madrid, 2005, p. 17.

[iii] González Calbet, T y Portuondo, E., “Aproximación al estudio de las élites políticas en la Dictadura de Primo de Rivera”, Cuadernos económicos de I.C.E, 1979, nº 10; “La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar”, Madrid, Eds., El Arquero; “La Asamblea Nacional Consultiva: poder económico y poder político en la Dictadura de Primo de Rivera”, Estudios de Historia Social, nº 14, Julio-septiembre, 1980.

[iv] Procedía de una familia de militares ilustres, en la que había destacado su tío Fernando Primo de Rivera, Marqués de Estella (1831-1921), héroe de la última guerra carlista, gobernador de Filipinas y varias veces ministro de la Guerra. Miguel ingresó en el ejército a los 14 años y desarrolló la mayor parte de su carrera en destinos ultramarinos: Marruecos, Cuba y Filipinas (adonde acompañó a su tío) fueron los escenarios que le permitieron ascender rápidamente por méritos de guerra, de manera que en 1912 ya era General.

Vinculado por su formación al grupo de militares africanistas, sin embargo, defendió el abandono de las colonias norteafricanas, por lo que hubo de sufrir represalias políticas.

Desde 1919 pasó a destinos en la Península, que le pusieron en contacto con los agudos problemas sociales y políticos de la época: fue Capitán general de Valencia, de Madrid y de Barcelona. Desde este último puesto, que ocupó en 1922, se vio enfrentado a los problemas de orden público de la ciudad en la época del terrorismo anarquista, del pistolerismo patronal, del auge del catalanismo, de la inestabilidad ministerial y de la descomposición del sistema de partidos.

Como reacción, Primo de Rivera enarboló sus ideales militaristas, nacionalistas y autoritarios para dar un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, que puso en suspenso la Constitución, disolvió el Parlamento e implantó una dictadura. (http://es.wikipedia.org)

[v] (1859-1938) Jurisconsulto y político español, n. en Astorga y m. en San Sebastián. Miembro del Partido Liberal, llegó a diputado en 1888. En 1905 fue ministro de la Gobernación con su suegro, Montero Ríos, y de Gracia y Justicia con Moret, y en 1906 ocupó la cartera de Fomento con López Domínguez. Como ministro de Estado con Canalejas negoció un tratado hispano-marroquí con el Mokri y otro con Francia, que le valieron el marquesado de Alhucemas, un título de grandeza y el cargo de senador vitalicio. Al fallecer Canalejas y escindirse el Partido Liberal, se puso al frente de la facción demócrata. Como presidente del Consejo formó gobierno en 1917, 1918 y 1922; pero fue obligado a dimitir (1923) por el golpe de estado de Primo de Rivera. Aún formó parte del ministerio Aznar, último de la monarquía.

[vi] (o Abd-al-Krim) Dirigente de la resistencia contra la dominación colonial española en el norte de Marruecos (Tafersit, 1882 – El Cairo, 1963). Perteneciente a la tribu rifeña de Beni Urriaguel, era hijo de un cadí; tras recibir una educación en Túnez y Fez, sirvió a la administración colonial española en diversos puestos.

Sus primeras actividades contra la penetración colonial le llevaron a la cárcel en 1915. Pero fue en 1921, convertido ya en el máximo dirigente anticolonial de Marruecos, cuando organizó la sublevación general del Rif; las tropas españolas, derrotadas en Annual, hubieron de replegarse, mientras Abd-el-Krim se erigía en emir de un territorio independiente. Al extender sus ambiciones a la parte de Marruecos bajo dominio francés, provocó el entendimiento contra él entre las dos metrópolis europeas. La contraofensiva hispano-francesa, a partir del desembarco de Alhucemas (1925), llevó a la derrota de los rifeños en 1926. Viéndose próximo a caer en manos de los españoles, se entregó a los franceses tras ejecutar a todos los prisioneros de aquella nacionalidad; este último acto de guerra no hizo sino acrecentar la imagen de Abd-el-Krim como hombre cruel y sanguinario, imagen basada en las formas de lucha propias de las tribus rifeñas, pero exagerada en España por el odio al enemigo y por el secular desprecio hacia las poblaciones norteafricanas.

[vii] (Fernando de los Ríos Urruti, 1879-1949) Político y escritor español, n. en Ronda (Mál.) y m. en Nueva York. Doctorado en derecho por la Central, practicó con su tío Francisco Giner de los Ríos y amplió estudios en la Sorbona. Ocupó la cátedra de derecho político en la Universidad de Madrid (1911), pero renunció a ella por sus discrepancias con la Dictadura. Afiliado al socialismo (1919), en su obra Mi viaje a la Rusia Soviética (1921) se opuso a la unión del socialismo español con el comunismo. Como miembro del Comité Revolucionario y redactor del estatuto jurídico republicano, estuvo encarcelado (1930-31). Con la República fue ministro de Gracia y Justicia y de Instrucción Pública, y embajador en Estados Unidos (1936). Escribió La filosofía política de Platón (1910), La filosofía del Derecho en Don Francisco Giner de los Ríos (1916), El sentimiento humanista del socialismo (1926), su obra capital, etc. ¿A dónde va el estado? se publicó póstumamente.

[viii] Político socialista español (Oviedo, 1883 – México, 1962). Vivió desde su infancia en Bilbao, donde trabajó como periodista en el diario El Liberal, entrando en contacto con los círculos republicanos (en 1932 llegaría a convertirse en propietario del periódico). Sus preferencias políticas le orientaron hacia el socialismo, integrándose desde joven en las filas del PSOE. Se erigió en líder de la corriente reformista del partido que defendía la alianza con los republicanos y la vía socialdemócrata que representaba la permanencia en la Segunda Internacional (frente a la escisión comunista). En 1918 fue elegido diputado por Bilbao, y en 1921, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE.

Rechazó la dictadura Primo de Rivera (1923-30), en contra de la opinión colaboracionista de Besteiro y Largo Caballero, que fue la que se impuso en el partido y en el sindicato socialista UGT. En consecuencia, permaneció retirado hasta que cayó la dictadura, y participó a título personal en el Pacto de San Sebastián (1930), encaminado a derrocar a la Monarquía.

Exiliado en Francia, regresó al proclamarse la Segunda República (1931) y participó en representación del PSOE en el primer gobierno provisional republicano como ministro de Hacienda. Más tarde desempeñó el recién creado Ministerio de Obras Públicas en el gobierno presidido por Azaña (1931-33); pero no consiguió el apoyo de su partido para ocuparse de presidir él mismo un gobierno, como le había encargado el presidente de la República, Alcalá Zamora, en 1933.

Bajo el posterior gobierno de la derecha, Prieto colaboró en la preparación de la fallida Revolución de 1934, a pesar de su oposición a la corriente revolucionaria mayoritaria en el socialismo español, que encarnaba Largo Caballero. Hubo de exiliarse de nuevo en Francia, desde donde impulsó la formación de una nueva coalición con los republicanos para desbancar a la derecha en las elecciones; así se formó el Frente Popular, que consiguió la victoria en 1936.

[ix] (Lada, Langreo, 1879-Mieres, 1930) Dirigente socialista español. Militante del PSOE y de la UGT, fundó y dirigió el sindicato minero. Participó en la organización de la huelga general de agosto de 1917 en Asturias y fue alcalde de Mieres y diputado por Oviedo (1923). Tras el golpe de estado de Primo de Rivera, colaboró con la Dictadura en defensa de los intereses de los mineros.

[x] (Madrid, 1869-París, 1946) Político y dirigente socialista español. En 1890 se afilió a la UGT y 1894 al PSOE. En 1905 fue elegido concejal en Madrid. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT, fue detenido en 1909 acusado de preparar la huelga contra la guerra de Marruecos. En 1914 fue elegido vicepresidente de la UGT y en 1915 entró en el Comité Nacional del PSOE. Durante la huelga revolucionaria de 1917, estuvo en el comité de huelga, por lo que fue condenado a 30 años de prisión, pero quedó libre al ser elegido diputado (1918). Ese mismo año se convirtió en secretario general de la UGT. En 1920 se opuso a la adhesión del partido a la III Internacional. Vicepresidente del PSOE en 1928, tras proclamarse la República fue ministro de Trabajo, cargo que volvió a ocupar en el Gobierno de Azaña (1931-1933). Con la victoria de la derecha en las elecciones, dejó las posturas moderadas y propugnó un frente unido de los trabajadores. Detenido a raíz del movimiento de octubre de 1934, en 1936 fue elegido diputado por el Frente Popular. Durante la guerra civil fue presidente del Consejo de Ministros (1936-1937). Detenido en Francia por los nazis, murió al poco tiempo de su liberación.

[xi] Militar y político español (San Juan de los Remedios, Cuba, 1873 – Madrid, 1953). General desde su participación en la Guerra de Marruecos en 1909, fue ministro de la Guerra en el gobierno García Prieto de 1918. Luego fue nombrado alto comisario español en Marruecos; desde ese puesto planeó la recuperación del territorio en manos de Abd el-Krim, que empezó con la toma de Xauén (1920); pero tropezó con el Desastre de Annual (1921).

Procesado y separado del servicio por sus responsabilidades, el golpe de Estado de Primo de Rivera le salvó del castigo, pues el Directorio Militar subsiguiente le amnistió y le nombró jefe de la Casa Militar del rey Alfonso XIII (1924). Tras la caída del dictador, el rey encargó a Berenguer formar gobierno (1930), con la difícil misión de dirigir la vuelta a la normalidad. Pero su «dictablanda» se enfrentó a una situación enormemente complicada: los partidos tradicionales, desarticulados por siete años de dictadura, no deseaban que se convocaran elecciones a Cortes ordinarias inmediatamente como quería Berenguer; el regreso sin cambios a la situación constitucional anterior al golpe no resultaba admisible para la opinión pública que se inclinaba progresivamente hacia opciones republicanas.

[xii] (1899-1930) Capitán de Infantería español, de tendencias republicanas, n. en San Fernando y m. en Huesca. Ingresó en la Academia en 1915, sirvió en Marruecos y participó en la conspiración de la Noche de San Juan contra la dictadura de Primo de Rivera (1926), por lo que sufrió prisión durante tres años en Montjuïc. Amnistiado en 1930, dirigió, con el también capitán García Hernández, la fracasada sublevación antimonárquica de Jaca (12 diciembre 1930). Ambos fueron fusilados dos días después. Expuso su ideario político y social en su libro Nueva creación (1930).

[xiii] (?, 1900-Huesca, 1930) Militar español. Participó en la sublevación de Jaca de 1930 al lado del Capitán Galán. Fue condenado a muerte y fusilado.

[xiv] (1860-1933) Marino y político español, n. en Cádiz y m. en Madrid. Ingresó en la marina de guerra y mandó en 1921 la escuadra que actuó en la costa rifeña durante la toma de Axdir. A principios de 1923 entró a formar parte del gobierno presidido por García Prieto, como ministro de Marina. Ascendió a almirante en 1925. A principios del año 1931 fue llamado para reemplazar al general Berenguer al frente de un gobierno que fue el último de la Monarquía.

[xv] González Calleja, E., “La España de Primo de Rivera”, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

[xvi] Rama, C.Mª., “La crisis española del siglo XX”, 3ª edición., Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.

[xvii] Raymond Carr, “Militares y política en la España contemporánea”, Historia 16, nº 2, junio de 1976, p. 43.

[xviii] Busquets, J., “Pronunciamientos y golpes de estado en España”, Barcelona, Planeta, 1982; Cardona, G., “El problema militar en la España contemporánea”, Madrid, Siglo XXI,1983; Ballbé, M., “Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983.

[xix] (Karditsa, 1883-Atenas, 1953) Militar y político griego. Partidario de Venizelos, combatió en la guerra con Turquía (1920-1922) y fue uno de los dirigentes de la revuelta que causó a la abdicación de Constantino I (1922). Se opuso a Metaxás. Primer ministro (1945), tuvo que dimitir ante las denuncias sobre su pasividad durante la guerra. Fundador de la Unión Nacional Progresista, a cuyo frente volvió a presidir el Gobierno en 1950 y 1951-1952.

[xx] (1878-1952) General y político griego, n. en Salamís y m. en Atenas. Oficial de alta graduación en la campaña de Macedonia (1914-18) y jefe de Estado Mayor (1918-20), tomó parte en el destronamiento del rey Constantino (1922) y desempeñó los ministerios de Orden Público y de la Guerra (1924). Erigido en dictador por un golpe de estado incruento (1925), fue derrocado por el general Condylis (1926) y estuvo detenido hasta 1928. Por dos veces se hizo sospechoso de participar en intentos insurreccionales (1930, 1932) y estuvo sometido a arresto domiciliario (1936-41). Acusado en 1944 de colaboracionismo con los ocupantes, nazis, vivió alejado de la política hasta su muerte.

[xxi] Militar y político griego (Ítaca, 1871 – Atenas, 1941). Nacido en una de las familias más acomodadas de las islas Jónicas, estudió en la Academia Militar de Berlín. Participó en la Guerra Greco-Turca de 1897 y llegó a ser jefe del Alto Estado Mayor griego durante las Guerras de los Balcanes de 1913.

De esa época data su enfrentamiento con el primer ministro Venizelos, recrudecido al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-18): Metaxas apoyaba la línea de neutralidad del rey Constantino I, debido a la tendencia germanófila de ambos; pero Venizelos deseaba entrar en la guerra de parte de los aliados, para obtener ampliaciones territoriales a costa de Bulgaria y del Imperio Otomano.

Venizelos impuso su línea invitando a los aliados a desembarcar en Salónica, comprometiendo a Grecia en la contienda, haciendo abdicar a Constantino y confinando a Metaxas en Córcega (1917). Regresó a Grecia tras el fin de la guerra y la reposición de Constantino (1920). Bajo el reinado de Jorge II llegó a ser primer ministro en 1936.

Cuatro meses después dio un golpe de Estado e implantó una dictadura que mantuvo hasta su muerte: liquidó los partidos y el Parlamento y reprimió los movimientos sociales, aludiendo a la necesidad de frenar la amenaza comunista. A pesar de su simpatía ideológica hacia el fascismo de Mussolini, buscó en la alianza con Gran Bretaña la garantía frente a posibles agresiones (sobre todo después de la invasión de la vecina Albania por Italia en 1939); intentó mantener a Grecia neutral en la Segunda Guerra Mundial (1939-45), pero la invasión italiana (1940) no le dejó más alternativa que luchar en defensa de la independencia griega.

Sorprendentemente, su ejército resistió a los italianos en la frontera, lo cual obligó a Alemania a posponer la invasión de la Unión Soviética para acudir en apoyo de los italianos y ocupar Grecia (1941), cuando el dictador ya había fallecido.

[xxii] (1859-1938) Militar y político rumano, n. en Ismail y m. en Bucarest. Voluntario de la Guerra Ruso-Turca (1877-78), ascendió a general, fue ministro de la Guerra (1906-07), jefe de Estado Mayor en la II Guerra Balcánica (1913) y comandante en jefe del ejército rumano en la I Guerra Mundial. Derrotada Rumania, fue designado primer ministro para llevar a cabo las negociaciones de paz con las Potencias Centrales, pero dimitió antes de aceptar las condiciones impuestas por los alemanes vencedores. Volvió a asumir la jefatura del Gobierno en 1920-21 y en 1926-27.

[xxiii] (1867-1935) Mariscal y político polaco, nacido en Zulow, cerca de Vilna (Lituania), y fallecido en Varsovia. Fue expulsado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jarkov por sus actividades revolucionarias y desterrado (1887-92) a Siberia por una supuesta conspiración contra la vida del zar. A su vuelta a Polonia, fundó el Partido Socialista Polaco y editó un periódico clandestino, Robotnik (El Trabajador).

Acaudilló la campaña terrorista polaca durante la primera Revolución Rusa (1904-05) y en 1905 dirigió un movimiento socialista encaminado a conseguir la libertad por la guerra. Organizó e instruyó un ejército de voluntarios en Galitzia y en 1914 se puso al lado de Alemania y Austria en contra de Rusia en la I Guerra Mundial, esperando conseguir de este modo la independencia de su país. En 1916 resignó el mando del ejército polaco como protesta por la intervención de Austria y Alemania en Polonia. En 1917, al reconocer el Gobierno provisional soviético la independencia de Polonia, dimitió su cargo en el Consejo de Estado, intervino por Alemania y Austria.

Apresado y recluido en Magdeburgo, fue liberado en noviembre de 1918 al derrumbarse las Potencias Centrales. Volvió a Varsovia, donde fue nombrado jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército de la República Polaca. En 1922, aprobada la Constitución, se retiró a la vida privada. Cuatro años más tarde preparó un golpe de estado en Varsovia, colocó a Bartel en la jefatura del Gobierno y se reservó el ministerio de la Guerra. Oficialmente primer ministro y ministro de la Guerra (1926-28, 1930-35), se erigió en árbitro de la política interior y exterior de Polonia hasta su muerte.

[xxiv] Ben-Ami, S., “Las dictaduras de los años veinte”, en Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín Aceña (comps), “Europa en crisis (1919-1939)”, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1991, p. 49.

[xxv] González Calleja, E., Idem, p. 23.

[xxvi] Otras iniciativas similares fueron la Legión Nacional impulsada desde finales de 1922 y la primavera de 1923 por el diario maurista “La Acción”, la aparición de “La Palabra” en Barcelona y la organización del grupo semifascista “La Traza” .

[xxvii] Perucho, A., “Catalunya sota la Dictadura (Dades per a la Història), Barcelona, Proa, 1930.

[xxviii] González Calleja, E., Idem, p. 100.

[xxix] Puig i Cadafalch declaró que “entre un hecho extralegal y la corrupción del sistema” la Lliga optaba por lo primero

[xxx] El polémico Decreto de “Defensa de la Unidad Nacional” derogado el 28 de Junio de 1930.

[xxxi] Instituciones religiosas cerradas por orden del Gobernador Civil Carlos Losada el 21 de setiembre de 1923.

[xxxii] (1873-1946) Político, jurisconsulto y escritor español, hijo del literato Manuel Ossorio y Bernard, nacido en Madrid y fallecido en Buenos Aires. Titulado en la Universidad Central, presidente de la Academia de Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid y decano del Colegio de Abogados, fue uno de los más celebrados abogados de la época. Su carrera política dentro del Partido Conservador -gobernador de Barcelona (1909), ministro de Fomento (1917)- quedó truncada por la Dictadura de Primo de Rivera (1923-30), de la que fue enemigo declarado, y acabó mostrándose partidario de la abdicación de Alfonso XIII (1931) y apoyando con decisión a la naciente II República.

Durante ésta ingresó en las Cortes Constituyentes (1931), presidió la comisión jurídica encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Constitución y representó a su país en Bélgica, Francia y Argentina. Acabada la Guerra Civil (1936-39), afincó en Buenos Aires, donde formó parte como ministro sin cartera del Gobierno en el exilio de Giral (1945).

Fecundo escritor, particularmente en los últimos años de su vida, publicó El alma de la toga, El divorcio en el matrimonio civil, Cartas a una señora sobre temas de derecho político y, en el exilio, Orígenes próximos de la España actual, Anteproyecto del Código Civil boliviano (1943), La reforma del Código Civil argentino, Los fundamentos de la Democracia Cristiana (1944), La gracia (1945), La España de mi vida, Mis memorias (1946) y, póstumamente, Los derechos del hombre, del ciudadano y del estado (1946) y Diálogos femeninos (1947).

[xxxiii] (Madrid, 1897- id., 1986) Político y escritor español. Catedrático de las universidades de Oviedo y Madrid, fue diputado monárquico en las Cortes constituyentes (1931) e impulsó la creación del Bloque Nacional (1934). Intervino en los momentos iniciales de la guerra civil como enlace de Sanjurjo y en las relaciones con Italia. Ocupó el cargo de ministro de Educación Nacional (1938-1939) en el primer Gobierno de Franco, del que dimitió al acabar la guerra por discrepancias con el régimen. Marchó a Portugal como consejero de Juan de Borbón y no regresó a España hasta 1969. De su intensa labor de investigación destacan: Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo (1921), La mística española (1956) y Espiritualidad española (1961). En 1978 publicó Testimonio y recuerdos, y en 1986, Visión de España.

[xxxiv] González Calleja, E., Idem, p. 105.La reunión de 8/9 de enero de 1924 de miembros de la UMN y otras “fuerzas vivas” con Barrera y Primo de Rivera, Cit. Perucho, 1930

[xxxv] González Calleja, E., Idem, p. 110.

[xxxvi] Roig i Rosich,J. P, “L´impacte en el mon cultural”, L´Avenc, nº 72, Jun, pp 70-74. Cit. González Calleja, E., Idem, p. 110.

[xxxvii] (Vilanova i la Geltrú, 1859-Barcelona, 1933) Político catalán. Se integró en el movimiento Solidaritat Catalana y en 1907 fue elegido diputado nacional, por lo que hubo de renunciar a su carrera militar. En 1922 creó el partido Estat Català, destinado a agrupar el catalanismo radical y de izquierdas. Exiliado durante el período en el que dirigió el Gobierno el general Primo de Rivera, en 1926 intentó entrar en Cataluña al frente de una partida para promover un levantamiento general, pero fue detenido por la gendarmería francesa. Regresó a Cataluña en 1931 e integró su partido en Esquerra Republicana. En 1931 proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Tras una serie de negociaciones, aceptó transformar el Gobierno de Cataluña en Gobierno de la Generalidad de Cataluña y elaborar un estatuto de autonomía. Elegido presidente de la Generalidad en 1932, se esforzó en reflejar el ideario autonómico de su partido desde su acción de gobierno, que concluiría con la derrota electoral de su partido (noviembre de 1933).

[xxxviii] Escuadrones, grupos o pelotones.

[xxxix] José Ortega y Gasset – El Sol, 15 de noviembre de 1930

[xl] Si no fuera porque la víctima es España, podríamos alegrarnos, con estricta justicia, del atolladero en que los parlamentarios se encuentran atascados con el pleito catalán.

Han caído en sus propias redes, se ahogan en los conflictos que ellos han creado; tengamos piedad para España, pero odiemos al régimen que provoca tamaños problemas, y preparemos a la juventud para arrojar violentamente de sus puestos y perseguir hasta el ostracismo , perpetuo a estos hombres de la farsa democrática.

La demagogia ha sacado el problema de Cataluña de sus justos términos. Necesitaba envenenar este asunto para que las multitudes, enardecidas por el mito libertario, aupasen a los vividores de la industria sufragista, y he ahí transformado en odiosa espina de nacionalismo un razonable problema autonomista.

El pacto clandestino de San Sebastián no es, como falsamente se predica, la alianza de dos zonas populares de opinión, la transacción de un antiguo pleito.

Fue, simplemente, el trazado de un plan de agitación, con el designio de repartirse los frutos demagógicos. Los demagogos saben que las multitudes, propensas siempre a otorgar su aplauso a las desmesuradas promesas, encumbran a los que más sombríamente pintan el presente, situando la clave de la felicidad en un imaginado horizonte de libertad, que supone, por de pronto, la elevación política de los charlatanes.

De este modo cada fracción política confió en San Sebastián en todas las que estaban dispuestas a servir sin escrúpulos un monstruoso plan de agitación, y se dio alegre acogida a los separatistas catalanes.

Estos han fomentado con la propaganda en su región la suicida opinión antiespañola que ve la felicidad de Cataluña en una infantil ilusión de independencia.

El problema, pues, en su espinosa situación actual, no es anterior, sino posterior al pacto de San Sebastián. Consiste en la pugna que los políticos no pueden menos de sentir entre su compromiso, su necesidad de satisfacer a la opinión libertaria que ha producido más de 30 diputados en Cataluña y su miedo a despedazar España.

Uno u otro hecho producirá el desprestigio fulminante de los partidos dominantes. Este es el atolladero, típicamente parlamentario, en que se encuentran encerrados por su gusto de ayer y su dolor de hoy nuestros constituyentes.

España espera vigilante: cuando el fracaso se haya consumado, intervendrá con mano viril, puesto el pensamiento en la Historia y el porvenir patrios para anular la mentirosa y pasajera ilusión libertaria de Cataluña y purificar la nación para siempre de demagogos y marxistas antinacionales.

(Anónimo. Libertad, núm. 16, 28 de septiembre de 1931.)

[xli] http://www.el-mundo.es. Julio Gil Pecharromán, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, analiza en el número 90 de “La Aventura de la Historia” cómo aquel “pacto de caballeros”, en el que cada uno entendió algo diferente, terminaría por lograr su propósito y proclamar la II República, ocho meses después, la preparación del encuentro, sus dificultades y la vaguedad programática de su resultado.

[xlii] A los efectos de este estudio es necesario destacar la reforma regional: se concedió a Cataluña en 1932 el Estatuto de Autonomía: un Gobierno autónomo, la Generalitat, tenía competencias en cultura, obras públicas y orden público. Fue elegido presidente Françesc Macià. En el País Vasco el proyecto de Estatuto elaborado por el Partido Nacionalista Vasco y los carlistas, fue rechazado por tradicionalista y poco democrático. No habrá Estatuto de Autonomía hasta 1936, iniciada la guerra civil.

[xliii] García de Cortazar, F., Lorenzo Espinosa, J. M., “Historia del País Vasco”, TXERTOA, tercera Edición, 1996, pp 206 y ss.

[xliv] (Idiazábal, 1870-Zaragoza, 1968) Prelado español. Obispo de Vitoria en 1928, fue acusado de conspirar contra el régimen republicano y fue expulsado de España, aunque se le permitió regresar poco después. En julio de 1936 apoyó la rebelión militar, pero más tarde las autoridades nacionalistas (octubre de 1936) le expulsaron del país bajo la acusación de simpatizar con el nacionalismo vasco. Junto con el cardenal Vidal y Barraquer, se negó a firmar la carta pastoral con la que los obispos españoles apoyaron a Franco (1 de julio de 1937). Exiliado durante muchos años, a su regreso a España no pudo reintegrarse a su obispado de Vitoria. Escribió Imperativos de mi conciencia (1945), obra en la que justifica su actuación.

[xlv] Tuñón de Lara, “El movimiento obrero en la Historia de España”, Cit. García de Cortazar, F., Lorenzo Espinosa, J. M., “Historia del País Vasco”, TXERTOA, tercera Edición, 1996, p 210.

[xlvi] (José Antonio Aguirre Lecube; Bilbao, 1904 – París, 1960) Primer presidente del gobierno autónomo vasco. Era abogado -formado por los jesuitas de la Universidad de Deusto- y procedía de una familia de industriales vizcaínos. Su vida política se desarrolló al calor de las libertades de la Segunda República: en 1931 fue elegido alcalde de Guecho y diputado en las Cortes constituyentes.

Pronto se impuso como líder del Partido Nacionalista Vasco, resultando elegido diputado nuevamente en 1933 y en 1936. Ya iniciada la Guerra Civil, las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía del País Vasco, y Aguirre fue elegido lehendakari (presidente del Gobierno) por una asamblea de alcaldes reunida en Guernica en 1936.

Su política estuvo orientada por sus convicciones conservadoras, católicas y nacionalistas (restablecimiento del orden público, protección del culto y fundación de una universidad vasca); pero también fuertemente condicionada por la situación de guerra (organización de unas fuerzas armadas).

Tras la caída de Bilbao en 1937, se trasladó a Barcelona; y luego, ante la derrota del bando republicano, se exilió en París (1939). El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi le obligaron a ocultarse y a huir a Estados Unidos. En 1945 regresó a París, donde siguió ostentando simbólicamente el cargo de presidente del Gobierno Vasco hasta su muerte.

[xlvii] Político socialista español (Oviedo, 1883 – México, 1962). Vivió desde su infancia en Bilbao, donde trabajó como periodista en el diario El Liberal, entrando en contacto con los círculos republicanos (en 1932 llegaría a convertirse en propietario del periódico). Sus preferencias políticas le orientaron hacia el socialismo, integrándose desde joven en las filas del PSOE. Se erigió en líder de la corriente reformista del partido que defendía la alianza con los republicanos y la vía socialdemócrata que representaba la permanencia en la Segunda Internacional (frente a la escisión comunista). En 1918 fue elegido diputado por Bilbao, y en 1921, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE.

Rechazó la dictadura Primo de Rivera (1923-30), en contra de la opinión colaboracionista de Besteiro y Largo Caballero, que fue la que se impuso en el partido y en el sindicato socialista UGT. En consecuencia, permaneció retirado hasta que cayó la dictadura, y participó a título personal en el Pacto de San Sebastián (1930), encaminado a derrocar a la Monarquía.

Exiliado en Francia, regresó al proclamarse la Segunda República (1931) y participó en representación del PSOE en el primer gobierno provisional republicano como ministro de Hacienda. Más tarde desempeñó el recién creado Ministerio de Obras Públicas en el gobierno presidido por Azaña (1931-33); pero no consiguió el apoyo de su partido para ocuparse de presidir él mismo un gobierno, como le había encargado el presidente de la República, Alcalá Zamora, en 1933.

Bajo el posterior gobierno de la derecha, Prieto colaboró en la preparación de la fallida Revolución de 1934, a pesar de su oposición a la corriente revolucionaria mayoritaria en el socialismo español, que encarnaba Largo Caballero. Hubo de exiliarse de nuevo en Francia, desde donde impulsó la formación de una nueva coalición con los republicanos para desbancar a la derecha en las elecciones; así se formó el Frente Popular, que consiguió la victoria en 1936.

[xlviii] Nacido como Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo en Ferrol (La Coruña), se graduó en la academia militar de la ciudad de Toledo. A la edad de 23 años, por méritos de guerra, se convirtió en el comandante más joven en el ejército español. Tras continuar su vertiginosa carrera militar, plagada de éxitos en las campañas de Marruecos, se convirtió en general de brigada en el año 1925, por nombramiento del Rey Alfonso XIII, siendo el más joven en toda Europa con esa graduación.

Durante la Segunda República Española, en febrero de 1933 es destinado, por el gobierno Azaña, a Baleares como Comandante General. Tras el triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 es ascendido a general de división en marzo de 1934, permaneciendo en la Comandancia de Baleares. Hallándose circunstancialmente en Madrid cuando se produce la insurrección obrera en Asturias, es encargado por el Ministerio de la Guerra de dirigir, asesorando al ministro Diego Hidalgo, las operaciones de represión de la revuelta, aunque el Jefe del Estado Mayor era el general Masquelet. En 1935 cuando Gil-Robles asume la cartera de Guerra, Franco es designado jefe del Estado Mayor Central. Tras las elecciones de febrero de 1936, vuelve al poder Manuel Azaña, al frente del recién creado Frente Popular. Ese mismo año destituye a Franco de su cargo como jefe del Estado Mayor y se le envía a Santa Cruz de Tenerife como Comandante General de las islas Canarias. Tras el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la oposición, Franco se suma a los preparativos para la sublevación militar que se estaba gestando por parte de los generales Sanjurjo y Mola, iniciada el 17 de julio. El 18 de julio de 1936 se traslada desde Las Palmas de Gran Canaria a Tetuán (Marruecos), donde llega a las siete de la mañana del día 19, tras una larga escala en Casablanca, para ponerse al frente de las tropas sublevadas del Protectorado español de Marruecos. Este viaje lo realiza a bordo de una aeronave De Havilland modelo Dragón Rapide, alquilada en el aeropuerto de Croydon en Londres por el corresponsal del diario ABC en aquella ciudad Luís Bolín.( http://es.wikipedia.org)

[xlix] Moa, P., “Una Historia Chocante”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, pp. 339 y ss.

[l] Al morir el rey Martín «el humano» en 1412 sin descendencia, se inicia el período denominado «Interregno». El llamado Compromiso de Caspe, resolvió pacíficamente la situación de vacío monárquico.

La importancia de la Corona de Aragón, que comprendía los territorios de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia, hizo aparecer muchos pretendientes al trono.

En la primavera de aquel año, se reúnen en la localidad de Caspe representantes de los tres reinos principales de la Corona: tres compromisarios por Aragón, tres por Cataluña y tres por Valencia y por votación eligen como sucesor real al infante don Fernando de Antequera, que pertenecía a la dinastía castellana de los Trastámara.. Otros grandes personajes históricos intercedieron en este acontecimiento, Berenguer de Bardaxi, el Papa Luna o San Vicente Ferrer.

Fernando I reinaría en los territorios de la Corona de Aragón entre 1412 y 1416. Este Compromiso de Caspe evitó la guerra, fue una solución pacífica al problema del derecho de sucesión pactada con ecuanimidad, y en la memoria de los aragoneses quedó como ejemplo histórico de concordia y acierto político.

[li] (Reus, 1901-Guadalajara, México, 1980) Dirigente obrero español. Militó en la CNT y fue miembro del grupo Los Solidarios. En la República lideró la FAI y en 1932 preparó la insurrección del Alto Llobregat. Durante la guerra civil (1936-1939) fue ministro de Gracia y Justicia de el Gobierno de Largo Caballero y adoptó una postura conciliadora ante los enfrentamientos de mayo de 1937 en Barcelona.

[lii] Garmendia, J. M., “Historia” p107., Cit. Moa. P., “Una Historia chocante”, Ed. Encuentro, Madrid, 2004, p. 504.

[liii] Realizada entre diciembre de 1966 y marzo de 1967. Moa, P., “Una historia chocante”, Encuentro, Madrid, 2004, p. 505.

[liv] “El relato de Sarasqueta, acompañante de Txabi, no hace concesiones a la hagiografía. Echevarrieta disparó por la espalda a un hombre agachado y lo remató cuando yacía en el suelo, boca arriba. No fue un enfrentamiento (…), sino un asesinato, como el del nazi que dispara sobre la nuca del judío arrodillado(…): tiro por la espalda y, si es posible, con la víctima maniatada.” Juaristi, J., “Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos”, Madrid, Espasa, pp. 114 y ss. Cit. Moa, P., “Una historia chocante”, Encuentro, Madrid, 2004, p. 507.

[lv] Txabi fue abatido por la Guardia Civil poco después al salir de la casa del cura. Sarasqueta cayó detenido algo más tarde y, condenado a muerte, la sentencia le fue conmutada.

[lvi] (María Carolina de Borbón-Sicilia, duquesa de Berry; Caserta, Italia, 1798-Brünssee, Austria, 1870) Princesa francesa. Primogénita de Francisco I, rey de las Dos Sicilias, casó con el duque Carlos Fernando de Berry (1816), del que tuvo dos hijos, uno de ellos póstumo. Exiliada de Francia en 1830, volvió al país en 1832, pero fracasó en su intento de organizar una sublevación contra Luis Felipe.

[lvii] (Enrique de Borbón, duque de Burdeos, conde de Chambord; París, 1820-Frohsdorf, Austria, 1883) Príncipe francés, hijo póstumo del duque de Berry, segundo hijo de Carlos X. A la muerte de éste (1836), se proclamó pretendiente legitimista al trono de Francia con el nombre de Enrique V. La Restauración y su ascenso al trono estuvo a punto de producirse cuando Francia fue gobernada por una Asamblea Nacional de mayoría monárquica (1871), e incluso se llevó a cabo la fusión entre los legitimistas y los orleanistas (1873). La actitud intransigente del conde de Chambord, negándose a admitir cualquier tipo de condiciones, frustró esta posibilidad. Con él se extinguió la rama primogénita de los Borbones.

[lviii] Fueron cuantiosas las ayudas económicas recibidas y varios los legitimistas extranjeros que lucharon en el bando carlista durante la guerra de los Siete Años, como muchos fueron los carlistas – sobresalen los nombres de Rafael Tristany, José Borges o Francisco Savalls- que combatieron en Italia entre 1840 y 1872. El conde francés Henri de Chathelineau, en particular, constituye un excelente ejemplo de la movilidad blanca.

[lix] El miguelismo fue marginado en el mapa político portugués a mediados del s.XIX; la unificación rompió la resistencia al ascenso del liberalismo integrador italiano y, asimismo, el legitimismo francés recibió un duro golpe como consecuencia del grand refus de 1873 y, más adelante, con la muerte del conde de Chambord, el pretendiente Enrique V, adhiriéndose al conde de París o a los “blancos de España” o, simplemente, sucumbiendo a la desmovilización.

[lx] Moa, P.,  http://libros.libertaddigital.com

[lxi] Moa, P., http://libros.libertaddigital.com

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